Sin acritud

La que ha organizado Esperanza Aguirre con su anuncio de meter mano a los liberados sindicales, esa modalidad tan española de trabajador que no trabaja, pero que cobra tan ricamente. Ha dicho la presidenta que ajustará el número de  liberados sindicales de acuerdo a lo que corresponde a la ley, "lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica". Se puede decir más alto, pero no más claro. Quiere Esperanza Aguirre acabar con aquellos que se han tomado la defensa de los trabajadores como excusa para no arrimar el hombro. Aguirre ha puesto el dedo en la llaga, porque no hay nadie, salvo los propios liberados sindicales, que no vea la gran patraña en la que se refugian buen número de zánganos con escasas o nulas ganas de trabajar y de cumplir rigurosamente un horario como el resto de trabajadores, pero que cobran religiosamente su peonada por rascarse la barriga. No es razonable que para defender los derechos de los trabajadores haya que dejar de trabajar. Si los sindicatos quieren liberar a trabajadores en las empresas y organismos oficiales que lo paguen con las cuotas de sus afiliados y con las jugosas subvenciones que reciben con los impuestos de todos los españoles. Pero el problema es que esas subvenciones sólo sirven para alimentar y mantener unos mastodónticos sindicatos apesebrados que han mirado para otro lado ante la destrucción masiva de empleo. La duda que suscita la decisión de la presidenta es por qué adopta ahora esta medida, pues caraduras ha habido siempre. ¿No estaban antes por encima de lo que corresponde por ley? Deberá aclararlo, porque en caso contrario podemos pensar que es un golpe de efecto ante la próxima huelga general. Pero puestos a sugerir medidas de recorte de gasto, le propongo a la presidenta, con acuse de recibo a otros presidentes, ministros, alcaldes y similares, que le den una vuelta a otro de los gastos que asfixia las administraciones públicas, ya sean del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, o de las administraciones locales, y es el de los puestos de confianza, también conocidos como asesores, un grupo laboral tan numeroso y gravoso como innecesario, pues se supone que nuestros gobernantes están sobradamente capacitados para tomar por sí mismos las decisiones más justas y necesarias para el bien de los ciudadanos. ¿O no lo están?

Publicado el 17 de septiembre de 2010 a las 09:45.

               

Nadie puede poner en duda que los sindicatos juegan un papel relevante en España, y que su papel de interlocución es necesaria, y más aún si cabe en un tiempo de crisis tan aguda como la que estamos viviendo. Por eso la huelga general del próximo 29 de septiembre y su consiguiente éxito o fracaso es tan importante para los sindicatos, pues se trata de un termómetro con el que van a medir ante la opinión pública su fuerza y capacidad de movilizar a los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se mide el éxito o el fracaso de una convocatoria como ésta? ¿Es un éxito para los sindicatos que la huelga tenga un seguimiento masivo? UGT y CCOO aspiran a que el gobierno con el que dócilmente han comulgado mientras nos adentrábamos en la crisis se vea obligado a modificar el rumbo de su política económica ante la protesta multitudinaria de los trabajadores. Pero parece ser que la apatía se ha adueñado de los ciudadanos, que no confían en que las cosas puedan cambiar en el corto plazo y que su movilización vaya a servir para algo más que para medir la capacidad de convocatoria de las centrales sindicales. Ha habido un precedente con la reciente huelga de los funcionarios, que demostró lo alejados que están los sindicatos de  aquellos a los que dicen representar. A estas alturas de la película, a UGT y CCOO parece importarles más demostrar que aún tienen capacidad para movilizar a los trabajadores y paralizar el país con una huelga en la que no creen ni ellos, que plantar cara ante un gobierno al que no han sabido decirle basta ante la destrucción masiva de empleo. Por eso, ocurra lo que ocurra el 29 de septiembre, sea un éxito o un fracaso, los sindicatos tendrán que valorar para qué ha servido la huelga, la repercusión que ha tenido y sobre todo, reflexionar y mirarse al ombligo sin complejos para analizar qué papel quieren jugar en lo que queda de crisis y asimilar que necesitan un cambio radical de estrategia, arrimando el hombro con responsabilidad. El camino emprendido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha  anunciado un ajuste del número de liberados sindicales, lo que en la práctica supone acabar con la impunidad de sindicalistas que se dedican a cobrar por no hacer nada, es sintomático del profundo cambio que deben acometer los sindicatos en sus estructuras. Lo contrario será seguir agrandando la brecha que cada vez les separa más de los trabajadores que no se sienten identificados con sus sindicatos.

Publicado el 16 de septiembre de 2010 a las 10:30.