Sin acritud

Como era de esperar, la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ha entrado en vigor como un vendaval. Era previsible tras una tortuosa tramitación parlamentaria saldada positivamente con no pocos sustos gracias al apoyo, entre otros, de un partido de tradición católica como el PNV. Dos comunidades, Murcia y Navarra, han asegurado que no aplicarán la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre los recursos interpuestos por el PP y el Gobierno navarro, y un tercer recurso presentado por asociaciones antiabortistas. El Tribunal Constitucional debe decidir si suspende la aplicación de la norma hasta que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Visto la que se ha armado con el Estatut, que se ha venido aplicando en Cataluña antes de que se pronunciara el TC, lo prudente sería esperar al dictamen de sus señorías, lo que evitaría la provocación que supone un gobierno desafiando al Tribunal Constitucional, aunque la abogacía del Estado alega que el TC no puede suspender la vigencia de una ley que ha sido aprobada en el Parlamento. De momento, el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha manifestado que "no hay razones" para acatar la  ley porque "todavía no está en su punto final", negativa a la que también se suma Navarra, que seguirá con su política de no practicar abortos en su territorio y derivando a las mujeres a abortar en otras comunidades. La Comunidad de Madrid no se opondrá a la ley, aunque la rechaza, pero protegerá en todo momento el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia. Sea como fuere, la decisión de interrumpir un embarazo es siempre difícil de asumir y en cada caso hay circunstancias que considerar. No es fácil separar las convicciones personales para hacer juicios de valor sin apasionamiento. Para unos, nada ni nadie puede justificar que se consagre un crimen como un derecho de la mujer. Para otros, la ciencia no puede determinar cuándo un embrión se convierte en una persona. Hay quienes esgrimen que sólo se trata de proteger los derechos de las mujeres que abortan y su salud física y psíquica,  y los que anteponen a estos derechos el derecho a la vida del no nacido. En definitiva, la interrupción del embarazo es una decisión personal sujeta a los propios códigos morales. Pero donde hay que ser inflexible es en el acatamiento de ley y ningún gobierno puede estar por encima o saltársela a la torera.

Publicado el 8 de julio de 2010 a las 13:30.