Sin acritud

Lo bueno que tienen las elecciones es que cada cuatro años los políticos se acuerdan de los ciudadanos y exprimen su imaginación para sacar de la chistera las propuestas más imaginativas en una especie de subasta para a ver quién da más con tal de  captar el disputado voto. Está bien que esperen hasta el último momento, así nos mantienen en vilo. A tres semanas de las urnas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que reclamará al Gobierno una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que se ha venido a denominar el IBI Social. Es una propuesta que no es nueva, ya la había lanzado hace días el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, en la que también coincide el candidato del PSOE, Jaime Lissavetzky, y se recogía en el programa electoral popular de 2007.  Dado su carácter "social" su implantación favorecería a los colectivos con menos posibilidades económicas. Hasta aquí, muy razonable, aunque cuando la izquierda y la derecha coinciden en una misma propuesta, es normal que el ciudadano tienda a pensar que hay gato encerrado. Así que los madrileños nos podemos ir preparando para soportar el catastrazo que se avecina, puesto que el año que viene toca revisar el valor catastral de los inmuebles en la capital, y el alcalde ya ha solicitado dicha revisión, lo que significa una subida del IBI. El Ayuntamiento está tieso como la mojama y necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Hay pocas fórmulas para hacerlo: una es reduciendo el gasto, una práctica poco utilizada por el alcalde en los últimos ocho años; otra, subiendo los impuestos. Pueden hacer sus apuestas, pues la jugada está clara, y hay que esperarse la más previsible, la apuesta por la vía impositiva. La propuesta de IBI Social de Gallardón es ni más ni menos que la antesala de una nueva subida de impuestos que va a recaer fundamentalmente en las clases medias. Para los menos pudientes no se incrementaría el IBI, mientras que las rentas medias, que son las que siempre acaban pagando el pato, van a compensar en sus recibos las bonificaciones sociales. Al final, lo de siempre, a pagar y a callar. Se pueden estudiar otras alternativas, como bajar el tipo que aplica al IBl, donde el Ayuntamiento aún tiene margen,  o aplicar las bonificaciones voluntarias de que dispone y no utiliza, tal como le recuerda Lissavetzky. Y una tercera, que le reclaman desde la izquierda como desde la derecha, que elimine la tasa de recogida de basuras.

Publicado el 29 de abril de 2011 a las 13:00.

               

Un estudio sobre "Política fiscal" realizado por el CIS revela que ocho de cada diez españoles consideran injustos los impuestos que pagan. El resultado de la encuesta era bastante previsible, porque nadie está satisfecho cuando se trata es de pagar impuestos. De hecho, más de la mitad de los españoles, el 54,2%, considera que la presión fiscal es excesiva. Lo significativo es el dato que señala que el 78,3% crea que los impuestos no se cobran justamente, o lo que es lo mismo, que la vieja máxima de que paguen más los que más tienen no se aplica o los ciudadanos no tienen esa percepción. Aunque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta, el 56,4%, entiende que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, sin embargo el 54,7% considera que teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales que se reciben, la sociedad se beneficia poco o nada de esa recaudación. Aquí también la percepción es equivocada; si reclamamos mejores carreteras, inversión en grandes infraestructuras, en sanidad, en mejorar el transporte público... de dónde sale todo eso? Pagar menos no revierte en mayores facilidades para la ciudadanía. Cualquier país tercermundista que carece de un sistema fiscal moderno y desarrollado podría servirnos de ejemplo. Baste necesitar una simple atención de urgencia en un centro hospitalario para dar por bueno el dinero recaudado por el Estado. Así, el 42,5% de los encuestados es partidario de gastar más en prestaciones sociales aunque eso signifique pagar más impuestos frente a un 38% que considera preferible bajar impuestos aún a costa de los servicios públicos. El problema de fondo es que el ciudadano, que está pagando con no poco esfuerzo sus impuestos, reclama al menos que se dé un destino adecuado a su dinero. Y se encuentra a cambio con una mastodóntica estructura que alimenta a tres administraciones, central, autonómica y municipal, en la que conviven 18 parlamentos, más de 8.000 ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, los correspondientes parques de vehículos oficiales, la sangría de las televisiones autonómicas, cargos de confianza, asesores de todo tipo y condición, y un largo etcétera de gastos añadidos, dietas, representación... que hacen dudar al ciudadano sobre la utilización de su dinero. No se trata de hacer apología de la insumisión fiscal, pero sí reclamar austeridad en el gasto público y que de verdad el Estado cumpla su función, que no es la de dilapidar los recursos que le aportan los ciudadanos.

Publicado el 25 de noviembre de 2010 a las 14:30.