Sin acritud

Lo bueno que tienen las elecciones es que cada cuatro años los políticos se acuerdan de los ciudadanos y exprimen su imaginación para sacar de la chistera las propuestas más imaginativas en una especie de subasta para a ver quién da más con tal de  captar el disputado voto. Está bien que esperen hasta el último momento, así nos mantienen en vilo. A tres semanas de las urnas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que reclamará al Gobierno una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que se ha venido a denominar el IBI Social. Es una propuesta que no es nueva, ya la había lanzado hace días el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, en la que también coincide el candidato del PSOE, Jaime Lissavetzky, y se recogía en el programa electoral popular de 2007.  Dado su carácter "social" su implantación favorecería a los colectivos con menos posibilidades económicas. Hasta aquí, muy razonable, aunque cuando la izquierda y la derecha coinciden en una misma propuesta, es normal que el ciudadano tienda a pensar que hay gato encerrado. Así que los madrileños nos podemos ir preparando para soportar el catastrazo que se avecina, puesto que el año que viene toca revisar el valor catastral de los inmuebles en la capital, y el alcalde ya ha solicitado dicha revisión, lo que significa una subida del IBI. El Ayuntamiento está tieso como la mojama y necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Hay pocas fórmulas para hacerlo: una es reduciendo el gasto, una práctica poco utilizada por el alcalde en los últimos ocho años; otra, subiendo los impuestos. Pueden hacer sus apuestas, pues la jugada está clara, y hay que esperarse la más previsible, la apuesta por la vía impositiva. La propuesta de IBI Social de Gallardón es ni más ni menos que la antesala de una nueva subida de impuestos que va a recaer fundamentalmente en las clases medias. Para los menos pudientes no se incrementaría el IBI, mientras que las rentas medias, que son las que siempre acaban pagando el pato, van a compensar en sus recibos las bonificaciones sociales. Al final, lo de siempre, a pagar y a callar. Se pueden estudiar otras alternativas, como bajar el tipo que aplica al IBl, donde el Ayuntamiento aún tiene margen,  o aplicar las bonificaciones voluntarias de que dispone y no utiliza, tal como le recuerda Lissavetzky. Y una tercera, que le reclaman desde la izquierda como desde la derecha, que elimine la tasa de recogida de basuras.

Publicado el 29 de abril de 2011 a las 13:00.

El Pleno del Congreso ha avalado la participación española en la intervención militar internacional contra Libia. Una autorización que llega cuatro días después de iniciados los bombardeos. Había prisa por iniciar la ofensiva aérea para recuperar el tiempo que la comunidad internacional ha perdido mirando para otro lado mientras el dictador libio masacraba a su pueblo. Pero así son las cosas, primero se bombardea y luego se pide permiso. El refrendo ha sido casi total, con el único rechazo del BNG e Izquierda Unida, y la abstención de un despistado que se equivocó al votar. Un comportamiento ejemplarmente responsable de apoyo al Gobierno por parte de la oposición, que recuerda el muy diferente que tuvo el PSOE durante la guerra de Irak. Pero parece ser que Libia no es Irak, y Gadafi tampoco es Sadam Husein. Tampoco los del "no a la guerra" son los mismos. Se echa de menos a los Bardem y compañía, a los artistas de la ceja y a "los abajo firmantes". No se les oye. Probablemente anden descolocados con las metamorfosis de Rodríguez Zapatero. El presidente del Gobierno ha apelado al "principio humanitario" de protección de la población de Libia para pedir la autorización del Parlamento. La resolución 1.973 del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se sustenta la intervención no pretende la expulsión de Gadafi, ni contempla tampoco la invasión del territorio libio, sólo proteger a la población civil de los ataques del dictador. Son estas dos circunstancias las que generan las mayores dudas acerca del verdadero objetivo de la misión, y lo que puede provocar que el conflicto libio derive en una guerra civil prolongada en el tiempo con devastadores efectos para la población. La primera medida que adoptó José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó al Gobierno en 2003 fue retirar las tropas españolas de Irak. Tropas enviadas cuando Naciones Unidas ya había emitido una resolución, aunque cierto es que la operación militar había comenzado con anterioridad. Ahora, en el tramo final de su mandato, nos mete en una guerra, por mas que se esté evitando utilizar esta palabra. Una guerra marcada por la confusión en los objetivos y la descoordinación en el mando. Estados Unidos quiere cederlo cuanto antes, Francia quiere liderar la ofensiva e Italia pretende que sea la OTAN la que dirija las operaciones. Demasiados intereses económicos y geoestratégicos. Lo que no queda claro es cuáles son los españoles. Como ha dicho Gaspar Llamazares al presidente del Gobierno: "quién te ha visto y quién te ve". Será que hay guerras buenas y malas.

Publicado el 24 de marzo de 2011 a las 12:00.

Con la llegada del verano numerosos ayuntamientos programan actividades para los jóvenes dentro de sus fiestas patronales. Una de las prácticas más reiteradas y con mayor aceptación es la celebración de megabotellones, concentraciones en las que grupos de jóvenes se reúnen para beber alcohol en la calle. Como si hiciera falta dar ideas. Es habitual asistir cada viernes y sábado noche a ingentes aquelarres etílicos en parques y aparcamientos donde los jóvenes beben sin ningún tipo de control, con frecuencia hasta acabar cayendo inconscientes. La resaca no afecta sólo a estos botelloneros, sino a la convivencia de quienes al día siguiente se encuentran una alfombra de cristales rotos, botellas de plástico, vasos y todo tipo de restos de la fiesta nocturna. Todo un espectáculo. No es necesario que los ayuntamientos programen botellones, la juventud ya se les ha adelantado, así que pueden ahorrarse el esfuerzo, no así el dinero que cuesta la limpieza del campo de batalla. En la Comunidad de Madrid rige desde 2003 la Ley de Drogodependencia, más conocida como ley antibotellón, que prohíbe y penaliza el consumo de alcohol en la calle, pero permite que los municipios lo autoricen expresamente en sus fiestas patronales. Y las fiestas están al caer. Debe ser que la cercanía del periodo electoral en Madrid mueve a los alcaldes a buscar el voto joven al precio que sea, y quieren pasar por los más enrollados, pero se avecinan jornadas de botellón a lo largo y ancho. A ver quién da más facilidades para emborracharse. Tanto que la Delegación del Gobierno ha tenido que escribir a todos los alcaldes pidiéndoles que delimiten 'botellódromos' para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar desórdenes. Debe tener en mente la batalla campal con asalto a comisaría incluido en la que derivó el botellón del año pasado en las fiestas de Pozuelo, con veinte jóvenes detenidos y diez agentes heridos. Las imágenes de los enfrentamientos dieron la vuelta a España y ahora parece que no hemos aprendido la lección. ¿No sería más productivo, en lugar de inducir al consumo de alcohol bajo el pretexto de las fiestas, programar propuestas de ocio alternativas en las que la diversión no se sustente sólo en el consumo de alcohol? Es oportuna la anticipación que reclama la Delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, solicitando planes de seguridad en previsión de incidentes, pero a mí que  me expliquen por qué se prohíbe fumar y no se prohíbe beber.

Publicado el 25 de junio de 2010 a las 14:00.

Barcelona ha enarbolado la bandera de la lucha contra el burka y se ha convertido en la primera gran ciudad española que prohíbe el acceso a las dependencias e instalaciones municipales a las mujeres que vayan cubiertas con el velo integral. De esta manera sigue la estela de otras ciudades de Cataluña como Tarragona, Lleida o El Vendrell, y más recientemente Coín, en Málaga, que han regulado las normas relacionadas con la utilización del niqab y el Burka en lo espacios públicos. De continuar por esta senda, la existencia de numerosos ayuntamientos en cuyos territorios conviven diferentes confesiones religiosas puede propiciar una peligrosa deriva en la que las corporaciones locales entren en una espiral reguladora de las normas de convivencia intercultural con el fin de garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres. Se puede justificar la prohibición de estas prendas en lugares públicos con el argumento de que su uso no garantiza la seguridad jurídica al dificultar la identificación de las mujeres que porten estos símbolos religiosos, o que dificulta igualmente su integración en la sociedad. Cierto es también que la presencia de mujeres con el velo islámico no necesariamente implica incidentes o problemas de convivencia, salvo cuando su uso entra en contradicción con normas de régimen interno como ha sido el caso de colegios e institutos cuyos consejos escolares han determinado la pauta a seguir. Ante la falta de un criterio común que aplicar en cada caso, no es menos cierto que el uso del burka o del velo islámico implica un trato desigual entre el hombre y la mujer, mas concretamente de la mujer frente al hombre, y un claro obstáculo que interfiere en su desarrollo personal. Por estas mismas razones hay que evitar que la regulación de estas prendas sea decidida de manera unilateral en cada municipio como está ocurriendo en estos momentos y que sean las Cortes las que decidan sobre la cuestión. Se requiere un análisis sosegado y una mayor reflexión que de cómo fruto una regulación general que fije las pautas comunes de actuación para evitar contradicciones y el incesante goteo de decisiones municipales aisladas. El ministro de Justicia ha adelantado en esta línea que la futura ley de libertad religiosa limitará el uso del burka en los espacios públicos. Gobiernos como el de Francia ya han zanjado definitivamente este debate estableciendo una norma común de aplicación para todo el territorio.

Publicado el 17 de junio de 2010 a las 10:15.