Sin acritud

Se mire como se mire, la huelga de los empleados públicos ha sido un fracaso que le deja al presidente del Gobierno las manos libres para afrontar una reforma laboral sin temor a una convocatoria general. Aunque como siempre que se convoca una huelga, las cifras de seguimiento que facilitan Gobierno y sindicatos no coinciden ni de lejos; de los dos millones y medio de empleados públicos que estaban llamados a protestar por el recorte del 5% en sus salarios, sólo secundaron la huelga el 11,8% de funcionarios, según los datos aportados por el Gobierno. Una jornada cualquiera el absentismo laboral es significativamente mayor, aunque se comprende que los funcionarios no hayan querido perder un día de sueldo y hayan optado por no hacer de palmeros de los sindicatos. UGT y CCOO han estado más preocupados en garantizar las subvenciones con las que mantienen su mastodóntica maquinaria que en defender los derechos de los casi cinco millones de parados y en reclamar a tiempo medidas para recortar el déficit. Los funcionarios tienen motivos de sobra para protestar contra la política económica del Gobierno, pero se han comportado con responsabilidad a pesar de sentirse el chivo expiatorio de la crisis. España no está para huelgas en este momento y los sindicatos deberían tomar nota de su escasa capacidad de movilización. La administración pública ha funcionado con total normalidad. Ni los colegios, ni el transporte público, ni los centros de salud, ni los juzgados se han visto afectados. Si fuera cierto que han secundado la huelga todos los que dicen las centrales sindicales, un 75% de los trabajadores del sector público, aquí sobraría un montón de gente. El paro en la Administración se consideraba como un ensayo de la huelga general que los sindicatos preparan por si el Gobierno decide finalmente aprobar una reforma laboral unilateralmente. El primer envite ha sido un fracaso. Pero además el Gobierno no tiene otra alternativa que sacar adelante una reforma laboral profunda como le reclaman en Europa, que duda de la capacidad de Zapatero para poder cuadrar las cuentas públicas y reclama nuevas medidas de ajuste para 2011. El ejemplo alemán, que anuncia un recorte de 80.000 millones de euros, con eliminación de 10.000 puestos de funcionarios y reducción del 2,5% de los sueldos públicos ha puesto contra las cuerdas y ha dejado en evidencia la tibieza del Gobierno en sus medidas de control del gasto. 

Publicado el 10 de junio de 2010 a las 13:00.