Sin acritud

Sin entrar en la guerra de cifras  entre los sindicatos convocantes de las movilizaciones de los profesores y el Gobierno de Aguirre, el seguimiento ha sido más que considerable. Probablemente los docentes tienen mucha, o parte de razón, en sus reivindicaciones, pero están siendo instrumentalizados por los sindicatos. No confundamos el debate, porque los profesores no están defendiendo la enseñanza pública, que no está en cuestión por más que algunos se empeñen. Están en pie de guerra en un conflicto laboral en protesta por dos medidas concretas que afectan a su desempeño profesional, el aumento de dos horas lectivas y la no renovación de  interinos, y podría solucionarse con un poco más de flexibilidad de las partes, especialmente la Consejería de Educación, que aún no se ha sentado a negociar. El lema "escuela pública de todos y para todos" escogido por los sindicatos para sus algaradas no tiene nada que ver con el aumento de las dos horas lectivas que supuestamente ha motivado las movilizaciones. Tal parece que lo que se persigue es provocar agitación social y alargar el conflicto hasta las elecciones del 20-N como expresión del rechazo social a un gobierno del PP que previsiblemente tomará medidas impopulares, pero no por ello menos necesarias, que el gobierno del PSOE no se atrevió a tomar. Estamos ante el ensayo general de la que nos espera en la calle después de las elecciones en lo que promete ser una legislatura de cacerolada. Pero el problema de la educación no es de recortes, sino de resultados, como indican machaconamente los informes de la OCDE y PISA, que nos sitúan a la cola de los países desarrollados a pesar de que la inversión en educación es mayor. La calidad de la enseñanza no está amenazada por el incremento de horas lectivas, sino por las erróneas políticas educativas de las últimas dos décadas. En 25 años se han promulgado seis leyes orgánicas de educación, de las cuales cinco fueron aprobadas por un gobierno socialista. Los efectos de este batiburrillo legislativo están a la vista: estamos en el pelotón de cola del rendimiento escolar, y en la cabeza del abandono. Se ha perdido el respeto al profesor y se ha primado la cultura del no esfuerzo. No he escuchado a este ministro, ni a los anteriores, ni tampoco a los sindicatos y mucho menos a los profesores, levantar la voz por esta cuestión. Afirmar, por el contrario, que cinco o diez niños más por clase afecta a la calidad de la enseñanza, es de chiste. Las horas de huelga perdidas por los alumnos sí que repercuten en la calidad de la educación.

Publicado el 22 de septiembre de 2011 a las 17:15.

Comienza el curso político coincidiendo con el inicio del curso escolar, calentitos ambos, especialmente el segundo con las movilizaciones anunciadas por los sindicatos de profesores, que han convocado una huelga para el 14 de septiembre ante lo que consideran recortes injustificados e injustificables.  En el centro de la polémica está el aumento de 18 a 20 de las horas lectivas del profesorado de educación secundaria. Los profesores creen que les están metiendo dos horas más de jornada laboral, mientras que para la Consejería de Educación no es más que una reestructuración de la jornada lectiva dentro de sus competencias, que no supone más horas de trabajo semanales. La realidad es que se trata de dos horas más de clases que van a tener que impartir a cambio de restárselas a otras tareas como tutorías, preparación de las clases, grupos de refuerzo, etcétera. Es mucho afirmar que esas dos horas lectivas adicionales van a tener un impacto negativo en la calidad de la educación. Parece más una oportunidad de agitación social que los sindicatos están aprovechando para salir de su letargo y recuperar el terreno que les ha comido el movimiento del 15-M. Estamos en época de recortes y no hay partida que no se vea sometida al tijeretazo. Es lo que toca, y no hay sector que se libre. Dos horas adicionales que además serán debidamente retribuidas, y que van a permitir suplir el trabajo que hasta ahora estaban realizando los profesores interinos, que son los verdaderamente afectados porque no les van a contratar.  A cambio, las arcas regionales ahorrarán cerca de 80 millones de euros que a su vez no tendrán que ser detraídos de otras partidas esenciales para mantener la calidad de la enseñanza. Es cierto que cualquier recorte en educación es un obstáculo para la mejora de la enseñanza, pero hay que analizar a qué se deben los malos resultados educativos. El abandono escolar en España dobla la media de la Unión Europea y estamos muy por debajo del nivel de otros países de la OCDE, según el informe PISA. Tenemos un modelo educativo que no prima el esfuerzo y la responsabilidad del alumno y que se traduce en altos niveles de fracaso escolar. Hay que mirar dónde está el origen de esta situación. El preocupante deterioro de la educación en España es fruto de leyes que han demostrado con datos su ineficacia, no de los recortes, y ni los sindicatos ni el colectivo de profesores han alzado la voz. Se limitan a echar un pulso político que a quienes más perjudica es a los alumnos a los que supuestamente pretenden defender.

Publicado el 8 de septiembre de 2011 a las 18:00.

Por muy legítimas que sean sus reivindicaciones, la convocatoria de huelga de los sindicatos UGT, CCOO y USO contra la privatización de AENA  en plena Semana Santa y en los días claves del puente de mayo y de las vacaciones de verano sólo se justifica si lo que se pretende es provocar el mayor daño posible. Cuando para reivindicar o defender los derechos propios se pisotean los derechos de los demás se pierde cualquier legitimidad en la protesta. La mejor manera que tienen los once mil trabajadores de los 47 aeropuertos de la red de Aena para expresar su preocupación por la hipotética pérdida de derechos una vez que se produzca la privatización del 49% del gestor aeroportuario no es poniendo patas arriba a un país. De nuevo los ciudadanos son rehenes de las reivindicaciones laborales de unos colectivos que se aprovechan de su situación estratégica para provocar el mayor perjuicio posible al mayor número de personas. Es muy fácil, pero muy insolidario, limitar los derechos de los demás en defensa de los propios. ¿Es necesario hacer la huelga en las fechas en que más tráfico tienen  los aeropuertos y más usuarios se desplazan por este medio de transporte? Y no son sólo las molestias provocadas a los que no podrán disfrutar de sus vacaciones, sino el daño irreparable a la imagen de España. Otro golpe al sector turístico, del que tanto depende la economía española es lo que le faltaba a este país. Destinos turísticos emergentes se están frotando las manos preparados para recibir a los clientes que dejarán de viajar a España ante la amenaza de quedarse colgados otra vez en un aeropuerto. No aprendemos de los errores. Es un momento para apelar al sentido común y a la responsabilidad de los sindicatos, que deberían reflexionar y valorar el daño que pueden provocar a los trabajadores a los que dicen defender. Con su actitud están allanando el camino y los  argumentos en favor de la privatización. No está en discusión el ejercicio de su derecho constitucional a la huelga, pero sí el momento elegido para ejecutarlo, a sabiendas de los graves trastornos que provocarán a la ciudadanía en las fechas elegidas. Afirman los convocantes que hay tiempo suficiente para evitar la huelga, y las partes ya están convocadas a una reunión para tratar de evitar la huelga. Confiemos en que así sea, aunque hay un cierto tufo a maniobra de distracción. Veremos al ministro de Fomento sacando de la chistera sus dotes de negociador para convencer a los sindicatos de que vuelvan al redil.  No le veo militarizándoles como hizo con los controladores.

Publicado el 11 de marzo de 2011 a las 13:00.

La reciente sentencia que ha declarado ilegal la huelga salvaje que protagonizaron los sindicatos del metro de Madrid, los mismos que amenazaron con reventar -y reventaron- la ciudad el pasado mes de junio, y que consiguieron cerrar el metro durante 48 horas, va a marcar un antes y un después en el ejercicio del derecho de huelga, pues por primera vez en la historia un juez declara ilegal una huelga. La sentencia del juzgado de lo social de Madrid es de tal contundencia que no deja lugar a dudas: considera que el servicio que presta el metro es esencial para los ciudadanos y por tanto, no puede quedar lesionado o puesto en peligro por cualquier situación de huelga. La magistrada, además, califica de extralimitada y desproporcionada la actuación de los sindicatos responsables del paro. La sentencia detalla cómo durante el 29 y el 30 de junio "miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, lo que produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro". Como consecuencia de este pulso de los sindicatos, 3,5 millones de viajeros se quedaron bloqueados durante esos dos días; la compañía perdió 5,7 millones de euros por ingresos directos y, además, se generaron unas pérdidas totales de 4,7 millones. Verdaderamente pusieron la ciudad de Madrid patas arriba. Viendo el daño causado, la lectura de esta ejemplar sentencia, que pone a cada uno en su sitio, ayuda a devolver la confianza en la justicia. Los sindicatos deberían leerla con detenimiento y extraer sus conclusiones, la primera y más importante, asumir que un derecho que se ejerce de forma abusiva o antisocial no está amparado por la Ley. El fallo no pone en cuestión el derecho a la huelga, pero no deja resquicios en el ordenamiento jurídico para una huelga ilegal. Quienes la convoquen deben saber que el enorme daño provocado no les saldrá gratis. Aunque en este caso la huelga del metro era más política que de reivindicación laboral, pues lo que verdaderamente perseguía era poner contra las cuerdas a Esperanza Aguirre, pero los dirigentes sindicales se lo pensarán dos veces antes de volver a convocar una huelga salvaje. Ahora tendrán que hacer frente a la reclamación económica por los daños provocados. Se ha acabado el tiempo de sufrir sin pestañear los pulsos de ciertos colectivos cuya fuerza reside en el control que ejercen sobre servicios esenciales. Una sentencia ejemplar.

Publicado el 28 de enero de 2011 a las 11:00.

La liturgia posterior a una huelga general siempre es la misma. El Gobierno habla de un "seguimiento desigual y moderado" y los sindicatos califican la huelga como un "éxito" con un 70% de seguimiento. Un despropósito que ahonda en el descrédito de los sindicatos. Por mucho que intenten calificar de masiva la respuesta de los trabajadores a la huelga, fue un clamoroso fracaso reducida a paros sectoriales en la industria, y escasa o nula incidencia en  las administraciones públicas, los servicios, el comercio o la hostelería, si acaso algunos cierres provocados por la coacción de los piquetes. Uno de los datos más objetivos para acercarse a la realidad es el relativo al consumo eléctrico de todo el sistema nacional que facilitó Red Eléctrica, alrededor de un 16% menos de lo previsto en las horas punta. El dato incluye desde las grandes industrias a las pequeñas, y a todas las empresas y particulares. En la huelga general del 20-J contra el gobierno de Aznar, la caída del consumo fue mucho mayor, más del doble que en la jornada del 29-S. Pero independientemente de las cifras, lo cierto es que el resultado no ha sorprendido a nadie porque desde su convocatoria nadie se creyó esta huelga de opereta, con la que los sindicatos no pretendían otra cosa que medir su desgastado nivel de influencia y recuperar su mermada credibilidad. Demasiado evidente. Una huelga descafeinada, porque no querían hacer mucho ruido ni desgastar excesivamente al Gobierno que les ha mantenido dócilmente alfombrados. Tampoco el Gobierno deseaba un fracaso tan estrepitoso como para dejar en evidencia a los sindicatos con los que en breve se volverá a sentar para negociar nada, pues nada hay que negociar. La reforma laboral ha venido impuesta por Europa y ha sido aprobada por el parlamento, por lo que Zapatero carece de margen para rectificar su política económica. Los ciudadanos  han dado la espalda a los sindicatos a los que han negado legitimidad para protestar contra el Gobierno, mostrándoles su indiferencia ante la pantomima. Tendrán que extraer sus propias conclusiones. La primera de ellas, el deterioro de su imagen y su distanciamiento cada vez mayor de los intereses reales de los trabajadores. La segunda, su dependencia de las subvenciones públicas, que sólo alimentan una maquinaria con la que gestionan sus propios intereses. Y la tercera, la superación de un discurso trasnochado que exige una revisión a fondo de sus planteamientos sindicales. Para las miles de familias que carecen de trabajo y expectativas, el 29-S fue un fracaso general.

Publicado el 30 de septiembre de 2010 a las 14:00.

Los cursos de formación que imparten los sindicatos deberían enseñar que la huelga es un derecho que ejerce el que voluntariamente quiere, no el que es obligado a la fuerza. Porque una cosa es una huelga general y otra muy distinta el intento de secuestro de un país. Cuando un dirigente sindical aseguró días antes del 29-s que paralizarían Madrid por las buenas o por las malas, estaba mostrando la peor cara del sindicalismo más radical. Aquel que no entiende que tan legítimo y constitucional es el derecho de huelga como la libertad de acudir voluntariamente al puesto de trabajo. ¿Por qué si un trabajador no quiere secundar la huelga tiene que hacerlo por narices? Se llenan la boca clamando contra el recorte a los derechos de los trabajadores, pero pasan por encima de los derechos de quienes no quieren ser cómplices de este brindis al sol, a destiempo y sin convicción,  y que deciden acudir a sus puestos de trabajo. Algunos sindicalistas se tomaron tan en serio el envite que madrugaron más que en toda su vida laboral. Desde primeras horas de la madrugada y armados de toda la parafernalia de pitos, gorras, brazaletes, silicona para las cerraduras, banderas, pancartas, y muchos con pasamontañas y palos para tratar de impedir el acceso a los medios de producción, distribución y transporte. Esto último es una fijación, la bestia negra de los piquetes, sabedores de que si paralizan el transporte colapsan las ciudades. La consigna era ir de oscuro, que amedrenta más. Hay piquetes "informativos" que actúan como si fueran comandos que han mamado la estrategia de la kale borroka. Muchos de los pequeños negocios, comercios, bares, tiendas prefirieron cerrar y no arriesgarse. No secundaron la huelga, pero ante la amenaza de rotura de escaparates o cristales, coches y furgones, optaron por no abrir. La huelga del miedo. ¿Qué democracia es ésta que permite que se pisoteen las libertades de unos ciudadanos por otros que dicen defender los derechos de la clase trabajadora?  Ha habido muchas oportunidades para plantar cara a la destrucción de empleo, motivos sobrados para levantarse contra el Gobierno. Los que primero padecieron los efectos de la crisis, y los que se han ido sumando a las listas del INEM han esperado ese desmarque sindical de la errática política económica de Zapatero que tanto ha tardado en llegar. Hay también muchas maneras de expresar el descontento social y el rechazo al recorte de sueldos y pensiones, muchas formas de protestar. De todas, la coacción mediante la violencia, es la peor posible.

Publicado el 29 de septiembre de 2010 a las 11:30.

La que ha organizado Esperanza Aguirre con su anuncio de meter mano a los liberados sindicales, esa modalidad tan española de trabajador que no trabaja, pero que cobra tan ricamente. Ha dicho la presidenta que ajustará el número de  liberados sindicales de acuerdo a lo que corresponde a la ley, "lo que además de ser respetuoso con los derechos de los trabajadores y con la ley permitirá un mejor aprovechamiento de los efectivos con los que cuenta la Administración autonómica". Se puede decir más alto, pero no más claro. Quiere Esperanza Aguirre acabar con aquellos que se han tomado la defensa de los trabajadores como excusa para no arrimar el hombro. Aguirre ha puesto el dedo en la llaga, porque no hay nadie, salvo los propios liberados sindicales, que no vea la gran patraña en la que se refugian buen número de zánganos con escasas o nulas ganas de trabajar y de cumplir rigurosamente un horario como el resto de trabajadores, pero que cobran religiosamente su peonada por rascarse la barriga. No es razonable que para defender los derechos de los trabajadores haya que dejar de trabajar. Si los sindicatos quieren liberar a trabajadores en las empresas y organismos oficiales que lo paguen con las cuotas de sus afiliados y con las jugosas subvenciones que reciben con los impuestos de todos los españoles. Pero el problema es que esas subvenciones sólo sirven para alimentar y mantener unos mastodónticos sindicatos apesebrados que han mirado para otro lado ante la destrucción masiva de empleo. La duda que suscita la decisión de la presidenta es por qué adopta ahora esta medida, pues caraduras ha habido siempre. ¿No estaban antes por encima de lo que corresponde por ley? Deberá aclararlo, porque en caso contrario podemos pensar que es un golpe de efecto ante la próxima huelga general. Pero puestos a sugerir medidas de recorte de gasto, le propongo a la presidenta, con acuse de recibo a otros presidentes, ministros, alcaldes y similares, que le den una vuelta a otro de los gastos que asfixia las administraciones públicas, ya sean del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, o de las administraciones locales, y es el de los puestos de confianza, también conocidos como asesores, un grupo laboral tan numeroso y gravoso como innecesario, pues se supone que nuestros gobernantes están sobradamente capacitados para tomar por sí mismos las decisiones más justas y necesarias para el bien de los ciudadanos. ¿O no lo están?

Publicado el 17 de septiembre de 2010 a las 09:45.

Nadie puede poner en duda que los sindicatos juegan un papel relevante en España, y que su papel de interlocución es necesaria, y más aún si cabe en un tiempo de crisis tan aguda como la que estamos viviendo. Por eso la huelga general del próximo 29 de septiembre y su consiguiente éxito o fracaso es tan importante para los sindicatos, pues se trata de un termómetro con el que van a medir ante la opinión pública su fuerza y capacidad de movilizar a los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo se mide el éxito o el fracaso de una convocatoria como ésta? ¿Es un éxito para los sindicatos que la huelga tenga un seguimiento masivo? UGT y CCOO aspiran a que el gobierno con el que dócilmente han comulgado mientras nos adentrábamos en la crisis se vea obligado a modificar el rumbo de su política económica ante la protesta multitudinaria de los trabajadores. Pero parece ser que la apatía se ha adueñado de los ciudadanos, que no confían en que las cosas puedan cambiar en el corto plazo y que su movilización vaya a servir para algo más que para medir la capacidad de convocatoria de las centrales sindicales. Ha habido un precedente con la reciente huelga de los funcionarios, que demostró lo alejados que están los sindicatos de  aquellos a los que dicen representar. A estas alturas de la película, a UGT y CCOO parece importarles más demostrar que aún tienen capacidad para movilizar a los trabajadores y paralizar el país con una huelga en la que no creen ni ellos, que plantar cara ante un gobierno al que no han sabido decirle basta ante la destrucción masiva de empleo. Por eso, ocurra lo que ocurra el 29 de septiembre, sea un éxito o un fracaso, los sindicatos tendrán que valorar para qué ha servido la huelga, la repercusión que ha tenido y sobre todo, reflexionar y mirarse al ombligo sin complejos para analizar qué papel quieren jugar en lo que queda de crisis y asimilar que necesitan un cambio radical de estrategia, arrimando el hombro con responsabilidad. El camino emprendido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha  anunciado un ajuste del número de liberados sindicales, lo que en la práctica supone acabar con la impunidad de sindicalistas que se dedican a cobrar por no hacer nada, es sintomático del profundo cambio que deben acometer los sindicatos en sus estructuras. Lo contrario será seguir agrandando la brecha que cada vez les separa más de los trabajadores que no se sienten identificados con sus sindicatos.

Publicado el 16 de septiembre de 2010 a las 10:30.

En España comienza a ser habitual que unos pocos se dediquen a fastidiar al resto de ciudadanos. Lo hemos visto recientemente en la huelga de metro de Madrid, en la que una minoría decidió pisotear los derechos de los usuarios con una huelga sin respetar los servicios mínimos. Tras el caos inicial, el acuerdo con la empresa y la sensación de indefensión para los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de una huelga salvaje. Ahora, otro grupo de presión, en este caso los controladores aéreos, está poniendo patas arriba el tráfico aéreo por el pulso que mantienen con el ministerio de Fomento, que les está provocando una misteriosa y contagiosa epidemia de estrés. Los controladores llevan meses buscando las cosquillas al ministro desde que José Blanco decidió mediante Decreto Ley coger el toro por los cuernos y acabar de un plumazo con el chiringuito en el que manejaban a su antojo el reparto de las horas extras. El ministro les redujo de 600 a 80 las horas extraordinarias máximas permitidas y les incrementó de 1.200 a 1.750 las horas ordinarias anuales, con lo que pasaron de ganar 375.000 euros anuales de media, a ganar 250.000, que tampoco esta mal, eso sí, haciendo el mismo número de horas que antes. En plena negociación del convenio colectivo han decidido presionar por la vía del absentismo y se han lanzado en manada a pedir bajas por enfermedad. Para justificar esta huelga encubierta ha dicho un portavoz que las duras condiciones laborales les provocan "depresión, arritmias, ansiedad, y subidas de adrenalina". Y con muy buen tino, el ministro les ha contestado que si el trabajo que desempeñan les provoca estos efectos, lo mismo hay que realizarles nuevas pruebas psicofísicas porque "igual no son personas capacitadas para desempeñar ese trabajo". Ojo al parche. Lo malo es que Pepiño Blaco apaga los fuegos con gasolina y ya veremos si, como ha amenazado, habilita a controladores militares para desempeñar el trabajo de los civiles y no provoca un caos aún mayor. Pero es loable la firmeza con que está decidido a impedir que los derechos de los usuarios del transporte aéreo sean pisoteados. Es muy fácil caer en la demagogia con los salarios, pero como ciudadano me resulta bochornosamente insultante la actitud de los controladores. Por muy justificados que estén sus salarios, lo cual está por ver. No sé por qué me vienen a la cabeza los casi cinco millones de parados. Esos sí que sufren depresión y ansiedad.

Publicado el 21 de julio de 2010 a las 12:30.

La irresponsable acción de los sindicatos que han colapsado Madrid dejando a dos millones de usuarios del metro sin posibilidad de desplazamiento por el incumplimiento de los servicios mínimos exige una contundente y ejemplar respuesta de la administración regional, y así lo esperan los ciudadanos. Que no ocurra lo de siempre, que nunca pasa nada. Por más que los responsables políticos hablen de medidas drásticas y de llegar hasta el final, la realidad es que el ciudadano asiste impotente al pisoteo de sus derechos y reclama actuaciones en defensa del bien común, pero lamentablemente, como ha ocurrido en otras ocasiones, las partes se sentarán a negociar, los sindicatos pedirán que se retiren los expedientes sancionadores para llegar a un acuerdo y todo quedara igual. No es de recibo que los ciudadanos, muchos de los cuales también están sufriendo en sus carnes los recortes de sueldos y los efectos de la crisis, se vean afectados por este sabotaje y paguen el pato de la manipulación sindical. Como tampoco es de recibo la escena, repetida una y otra vez en cada huelga, de los piquetes agrediendo a los trabajadores que quieren acudir a su puesto de trabajo. ¿Por qué se llaman piquetes informativos cuando actúan como  matones de barrio? La finalidad de un piquete informativo es informar de los motivos de la huelga, y de los derechos que asisten a los huelguistas, no coaccionar a los trabajadores. También los piquetes, en muchos casos liberados  sindicales que cobran un sueldo por no hacer nada, deberían informar con honestidad a los trabajadores a los que impiden ejercer su libertad de secundar o no la huelga, de las consecuencias que conlleva el incumplimiento de los servicios mínimos. La huelga es un derecho individual que defiende la consecución de logros colectivos. Cuando los piquetes coaccionan el ejercicio de la libre decisión pervierten su propia razón de ser como garantes de los derechos de los trabajadores. Por eso urge aprobar de una vez por todas una Ley que regule el derecho de huelga y que contemple sus eventuales límites en caso de colisión con los derechos de los ciudadanos en servicios considerados esenciales. En esta huelga ha quedado patente la diferencia de rasero que los sindicatos han aplicado al Gobierno de Madrid, al que le han montado una huelga salvaje casi sin avisar, mientras que al Gobierno central se la han anunciado con tres meses de antelación. Sólo se entiende en el intento de desestabilizar políticamente.

Publicado el 2 de julio de 2010 a las 14:30.