Sin acritud

A poco menos de un mes para las elecciones del 20-N, los que esperaban que el anuncio de ETA de abandonar la actividad armada iba a suponer un balón de oxigeno para las complicadas expectativas socialistas de voto, se van a tener que conformar con enjugar las lágrimas del candidato Rubalcaba. Las encuestas elaboradas inmediatamente después del anuncio de ETA muestran que el PP mantiene intacta la diferencia con el PSOE, al que sigue aventajando con una distancia de entre 11 y 15 puntos. El PP se mueve en una horquilla de 186 a  189 diputados, frente a los 1016-118 que obtendría el PSOE. Es decir, entre 32 y 35 diputados más para los populares, y entre 52 y 55 menos para los socialistas. ¿Quién se beneficia del anuncio de la banda? Pues la coalición Amaitur, formada por Bildu y Aralar, o lo que es lo mismo, Batasuna en estado puro, que incrementa sus expectativas a costa del descenso del PNV hasta tener la posibilidad de formar grupo parlamentario propio, lo que no deja de ser un drama para los demócratas. Tampoco el comunicado parece haber hecho mella en el ánimo de los ciudadanos en lo que respecta a su credibilidad. Al margen de la satisfacción que ha producido, los  españoles no se terminan de creer que las intenciones de los etarras sean definitivas. Un sondeo de Sigma Dos indica que el 69% de los españoles no cree que ETA haya renunciado para siempre al terrorismo. Tanto Zapatero en el mes que le queda de presidencia, como los candidatos del PSOE y del PP, Rubalcaba y Rajoy, tienen que lidiar el toro de la desconfianza que el anuncio de ETA ha provocado en buena parte de los españoles. Lo mejor para despejar dudas sería  alejar el terrorismo y el final de ETA de la campaña electoral. Las peticiones del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, a Zapatero para que tenga un gesto con los presos de ETA sin fijarse en el calendario electoral, o al lendakari Patxi López para que adelante las elecciones autonómicas, no van precisamente en esta dirección. Tampoco la precipitada ronda de contactos iniciada por el lendakari con los partidos vascos, incluido Bildu, para escenificar los pasos a seguir tras el comunicado. No conviene apresurarse en la adopción de medidas que pudieran traslucir la idea de que se sigue una hoja de ruta trazada de antemano. Cualquier paso que se de le corresponde al gobierno que salga de las urnas, pero sin olvidar, como ha denunciado Esperanza Aguirre, que la banda ni ha anunciado su disolución, ni la entrega de las armas, ni ha pedido perdón a las víctimas. Credibilidad cero

Publicado el 31 de octubre de 2011 a las 12:00.

Los intentos de alcanzar la paz por la vía del diálogo han sido ya explorados con las consecuencias de todos conocidas. Allí donde se atisbara el más mínimo resquicio de esperanza había que intentarlo, y así lo hicieron todos los gobiernos de uno y otro signo político. Las suficientes veces como para cerciorar la nula voluntad de ETA de dejar de asesinar y corroborar que las treguas de la banda no han sido más que una pantomima para rearmarse en tiempos en que la presión policial les ha asestado los golpes más duros. En la estrategia de ETA no se concibe la rendición, ni la entrega de las armas, ni el reconocimiento del daño cometido. En su escenario sólo se contempla la justificación política de sus crímenes. Por eso la Conferencia Internacional de Paz ha sido una mascarada para dar oxígeno a ETA que sólo ha servido para internacionalizar sus objetivos y para insultar la memoria de las víctimas del terrorismo. Un  retroceso de los demócratas que ha contado con la inestimable ayuda del PSE y la connivencia del Gobierno, que ha amparado por acción u omisión la celebración de una conferencia organizada para respaldar la hoja de ruta de ETA. Alguien tendría que explicar quién ha pagado el viaje y la estancia en España de los mediadores, porque el colmo sería que encima lo hubiéramos pagado los españoles de nuestros impuestos. La lucha contra ETA no puede tener como estrategia nada más que la derrota incondicional de los asesinos, pues lo contrario legitima el camino de terror recorrido por la banda, que en el más desafortunado símil ha sido calificado por los mediadores como "la última confrontación armada de Europa". Es insultante que la conferencia haya asumido con tanta naturalidad el lenguaje de los terroristas haciendo creer al mundo que en España hay una guerra entre dos bandos que se matan entre sí. Consentir que se equipare a los asesinos de ETA con las víctimas a las que los mediadores ni siquiera se han dignado a escuchar es una de las últimas villanías que tendremos que soportar a este Gobierno, que busca a la desesperada una baza electoral a costa del supuesto fin de ETA. Con la declaración de los mediadores ya sólo cabe esperar la declaración pública de la banda instando al Gobierno a que dé el siguiente paso. Se lo han servido en bandeja: la resolución de la conferencia de paz recomienda a España y Francia que negocien con los etarras como si se tratara de dos bandos enfrentados, y que paralelamente se abra una mesa de partidos. Ni la propia ETA lo podría haber escenificado mejor.

Publicado el 20 de octubre de 2011 a las 20:00.

La campaña electoral ha introducido el debate sobre el número de políticos que verdaderamente necesitamos. El Vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha propuesto reducir drásticamente el número de políticos en la administración y adelgazar la composición del Congreso de los diputados, eliminando 50 escaños de los 350 actuales. Tampoco es que 50 diputados menos nos vaya a sacar de pobres. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha entrado al trapo y se ha mostrado dispuesto a discutir sobre la manera de aligerar la estructura política de la administración, lo que supone meterle mano a los ayuntamientos y a los parlamentos autonómicos, "y eventualmente diputados y senadores", pero ha replicado que lo primero debería ser la reforma de las diputaciones provinciales, que a su juicio son las estructuras más prescindibles. Razón tienen los dos, pero habría que empezar primero por hacer un estudio riguroso de los cargos públicos que existen en las diferentes administraciones, tanto nacional como autonómica y local. Dicho estudio debería incluir no sólo las funciones y salarios percibidos, sino todo el conjunto de gastos asociados al cargo, tales como coche oficial, gastos de representación, tarjeta Visa, teléfono móvil, dietas por desplazamiento, secretarias, asesores, y el largo etcétera de prebendas que suelen acompañar al sillón oficial. Calculado el coste total de todos los cargos públicos se tendrá una magnifica radiografía de lo que nos cuesta mantener esta mastodóntica estructura, de los puestos que son verdaderamente necesarios o prescindibles, de los que están duplicados en las diferentes administraciones, y de la diferencia de salarios entre cargos similares, lo que permitiría fijar por ley los sueldos de alcaldes y concejales en función del número de habitantes del municipio. Pero habría que avanzar más, por ejemplo, eliminando la pensión vitalicia de determinados cargos públicos, pensión, que como la del resto de españoles, debería estar en función de los años cotizados, y no de la relevancia del puesto ocupado. Y habría que eliminar las tarjetas Visa. Si un cargo público incurre en un gasto necesario, llámese comida o desplazamiento, que lo abone y presente la factura correspondiente. La libre disposición de tarjetas es una invitación a tirar alegremente de los recursos ajenos. Hay muchas maneras de ahorrar en las estructuras políticas sin menoscabar la eficiencia. Será posible cuando todos los servidores públicos entienden su cargo como una manera de servir y no de servirse de él

Publicado el 14 de octubre de 2011 a las 13:30.

La apabullante derrota del partido socialista en las autonómicas y municipales, el peor resultado obtenido por los socialistas en la democracia, y que ha supuesto la pérdida casi absoluta del poder municipal y regional, ha sido un voto de castigo sin precedentes que tiene que dar lugar a un ejercicio de autocrítica mayor que el de atribuir el masivo rechazo de las urnas a la crisis internacional. No hay que buscar más explicaciones que la lectura directa de los datos: los españoles están hartos de Zapatero, de su gestión, y de su incapacidad para hacer frente a la crisis. Han dejado claro que no quieren ser gobernados por el zapaterismo en sus ayuntamientos y comunidades, y han reclamado a gritos un cambio de rumbo que se traduce en 10 puntos y más de dos millones de votos de diferencia del PP sobre el PSOE. Por el contrario, las reacciones de los responsables de la debacle socialista, en primer lugar la del propio Rodríguez Zapatero, apuntan a que no habrá adelanto electoral y la maquinaria del aparato se apresta para preparar el proceso de primarias siguiendo la hoja de ruta prevista como si tal cosa. Aunque va a ser difícil frenar la marea interna que exige una profunda revisión del proyecto socialista en lugar de un simple debate de nombres. El lendakari Patxi López ha sido el primero que ha alzado la voz reclamando un congreso extraordinario para relevar a toda la dirección del PSOE. La propuesta de López, a la que se han sumado otros barones socialistas, pretende forzar la salida de Zapatero de la secretaría general y nombrar en su lugar cuanto antes a Rubalcaba. Pero no se trata de decidir entre Rubalcaba y Carme Chacón, ni de evitar el trance de enfrentar a las posibles alternativas que puedan reavivar las cenizas del PSOE. La solución no consiste en pasar página cuanto antes, ni en pactar un simulacro de primarias para elegir al nuevo candidato. No hay convivencia posible entre el candidato y el secretario general si no son la misma persona. Y eso pasa por retirar a Zapatero. La situación de España no permite seguir dilatando las medidas necesarias para salir de la crisis mientras se deshoja la margarita del liderazgo. Para afrontar con éxito la crisis económica hacen falta profundas reformas y capacidad para llevarlas a cabo y está por ver que Rodríguez Zapatero pueda hacerlo. Lo más sensato ante la extrema debilidad del presidente, vapuleado en las urnas y cuestionado por su propio partido, es convocar un congreso extraordinario y elegir en el mismo al nuevo secretario general y candidato, y convocar de inmediato elecciones.

Publicado el 26 de mayo de 2011 a las 09:15.

Me  inspira confianza José Bono cuando habla del terrorismo y de la defensa de la unidad de España, bastante más que cuando lo hacen muchos otros miembros del partido socialista. Bono tiene la costumbre, aunque no siempre le favorece, de decir alto y claro aquello que piensa. Al menos cuando lo dice, sabemos que lo piensa de verdad. Aunque Bono, como el resto de políticos, no siempre dice todo lo que piensa. Lo que en esta ocasión el presidente del Congreso ha dicho, que no le gusta la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a la coalición Bildu presentarse a la elecciones, es algo que coincide en gran medida con lo que pensamos  muchos españoles a los que nos indigna que los proetarras vuelvan a los ayuntamientos. No le gusta que ETA se vuelva a colar en las instituciones y ruega a Dios que "sea una decisión buena para acabar con el terrorismo". Pero también ha dicho Bono que "lo único cierto es que están en las elecciones porque quien podía autorizarles les ha autorizado". Podía José Bono continuar y decir lo que realmente pensaba, y seguramente coincidiría con el sentir de la mayoría de los españoles, que Bildu estará sentada en las instituciones porque así lo han querido los magistrados nombrados a propuesta del PSOE. O lo que es lo mismo, si el Gobierno lo hubiera querido realmente, hoy estaríamos celebrando la sentencia como un triunfo del Estado de Derecho frente a los terroristas y quienes les apoyan. Sobran las interpretaciones. Desde fuera, los ciudadanos percibimos que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia más política que jurídica y que se ha perdido una gran oportunidad de seguir aislando a ETA. Estamos acostumbrados a no sorprendernos por decisiones judiciales, pero en esta ocasión, la opinión que han expresado en su voto particular los magistrados disconformes con la sentencia va mucho más allá. Abiertamente denuncian que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones actuando como tribunal de segunda instancia y sometiendo al Supremo a un juicio de apelación. Razones jurídicas al margen, lo peor de la legalización de Bildu es que se veía venir. Cuesta creer que el Gobierno no esperaba una sentencia favorable al entorno de ETA, y que no estamos ante la escenificación de un proceso que el tiempo terminará de confirmar. Sea o no como aparenta, la única realidad se parece mucho a la que Jaime Mayor Oreja ha venido denunciando hasta la saciedad: según la hoja de ruta diseñada por ETA, veríamos a los terroristas volver a las instituciones.

Publicado el 12 de mayo de 2011 a las 17:30.

El paro es con diferencia, según los sondeos de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, junto con la situación económica, la principal preocupación de los españoles. El terrorismo hace tiempo que pasó a un segundo plano en la lista de asuntos que le quitaban el sueño a la ciudadanía. Los éxitos policiales en la lucha contra ETA, la debilidad de la banda cada vez más mermada en su capacidad operativa y sobre todo, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PP y el PSOE en diciembre del 2000 para reforzar la unidad contra ETA y asegurar que las políticas contra el terrorismo no fueran utilizadas para ganar votos, han dado sus frutos en esta última década. Pero sigue habiendo cuestiones de muy difícil digestión para los ciudadanos, por más que su foco de atención esté puesto en cómo llegar a fin de mes. Provoca grave alarma social y verdadera indignación que el sanguinario pistolero Antonio Troitiño, con un historial de 22 asesinatos a sus espaldas, haya sido excarcelado tras pasar sólo 24 años en prisión. Como también levanta náuseas la mera posibilidad de ver en un gobierno municipal a los proetarras. Hay que intentar evitar con todos los medios del Estado de Derecho que ETA se cuele en las instituciones. La Abogacía General del Estado y la Fiscalía han impugnado ante el Tribunal Supremo todas las candidaturas presentadas por Bildu tras analizar los informes policiales que concluyen que la coalición es fruto de la estrategia establecida entre ETA  y la izquierda abertzale, y que algunos de sus integrantes mantienen vinculaciones con Batasuna. Esto debería ser suficiente para que el Partido Popular y el Gobierno aparcaran  sus diferencias y cerraran filas para que el Supremo proceda a la anulación de todas las listas. Así lo ha solicitado el PP, que ha pedido al Gobierno, más allá de las discrepancias acerca de la viabilidad jurídica de este recurso, que promueva no sólo la impugnación de las listas de Bildu, sino toda la candidatura, es decir, de la coalición como tal. En caso contrario, se corre el riesgo de que repetir el mismo error que se cometió hace cuatro años con ANV, cuando el Supremo dió por buenas algunas listas en determinados municipios, impugnando sólo aquellas en las que había pruebas fehacientes de que estaban integradas por miembros de batasuna. Esto permitió a ANV, o lo que es lo mismo, a ETA, hacerse con el poder en más de cuarenta municipios vascos. Entonces se estaba en el escenario de los gestos tras el fracasado proceso de paz. Ahora conviene despejar cualquier atisbo de duda.

Publicado el 28 de abril de 2011 a las 13:30.

El comunicado de ETA ha decepcionado a todos. Desde el Gobierno de la nación al Ejecutivo vasco, los partidos nacionales y los nacionalistas, la propia izquierda abertzale, todos han acogido con escepticismo y algunos con indisimulada frustración el videocomunicado de ETA. Pura propaganda. Con la habitual verborrea revolucionaria, plagada de eufemismos y frases huecas, el comunicado asume la realidad de la banda, que no es otra que su debilidad interna después de meses de duro hostigamiento en territorio español y francés, y lo enmascara afirmando que hace meses tomaron la decisión de no realizar "acciones armadas ofensivas". De las otras, de las denominadas de avituallamiento, sí. Es decir, ETA seguirá extorsionando a los empresarios, alimentando la kale borroka, reclutando nuevos militantes para suplir las bajas por detenciones y robando armas y explosivos siempre que tenga ocasión. La realidad es que ETA no quiere dejar las armas, pero tenía que hacer frente a la presión ejercida por el entorno abertzale y por los palmeros internacionales que se ofrecieron a intermediar la paz. Desde el entorno batasuno se le reclamaba un alto el fuego permanente y que pudiera ser verificado por organismos internacionales. Pero nada de esto deja entrever el último comunicado. Tan sólo la debilidad que le ha impedido atentar desde hace meses, en los que por razones de seguridad ha tenido que recogerse en sus cuarteles, pues cada vez que asomaba la cabeza sentía la zarpa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre ella. El anuncio de ETA tendrá difícil rentabilidad para la izquierda abertzale y en especial para la ilegalizada batasuna, o sus diferentes filiales, que aspiraba a hacerse un hueco en las elecciones municipales de 2011. Pero que nadie se lleve a engaño. ETA habrá conseguido su objetivo si consigue sembrar la división entre las fuerzas políticas democráticas, si reabre las fracturas que han dividido a gobierno y oposición, a nacionalistas y no nacionalistas en relación con la solución al mal llamado conflicto vasco. Y en especial si consigue hacer mella en el pacto de socialistas y populares para gobernar Euskadi que tanto daño le ha hecho a la banda. Por tanto, prudencia y unidad por encima de todo, pues es la unidad en el objetivo irrenunciable de acabar con ETA desde la firmeza democrática y combatiendo al terrorismo en todos sus frentes lo que ha puesto a los pistoleros en el momento más débil de su historia.

Publicado el 9 de septiembre de 2010 a las 12:15.

Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres... Este Gobierno con sus decisiones nos tiene desconcertados por su política del paso atrás. El pasado fin de semana, el presidente se dirigió a los alcaldes socialistas en Elche para justificar el tijeretazo a las políticas sociales. "No ha habido cambio ni bandazo, respondemos a las circunstancias", decía Zapatero para explicar a sus parroquianos el mayor recorte social de la democracia. Al día siguiente del mitin, lunes, el BOE publicaba el Real Decreto-Ley de medidas de recorte del déficit con una sorpresa para los ayuntamientos. Desde el momento de su publicación en el BOE y hasta 2012 los ayuntamientos no podrían solicitar créditos a largo plazo. El cabreo de los municipios fue monumental y pusieron el grito en el cielo ante el cerrojazo al grifo de la financiación que les ponía en una situación de extrema dificultad, en algunos casos al borde de la quiebra técnica y en la práctica abocados al bloqueo total. Al menos se lo podían haber anticipado. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro, encabezó la protesta de los alcaldes y tal fue la movilización que la ministra Salgado se vio obligada el martes a rectificar y suavizar la medida, retrasando hasta final de año la prohibición de endeudarse. La explicación de la marcha atrás fue de lo más peregrina, achacada a "un error del BOE". Pues bien, un día después, Zapatero volvía a descolocar a propios y extraños con otra desautorización a un miembro de su Gobierno asumiendo en persona una rectificación política y justificando un cambio de fecha "perfectamente comprensible" por su "amplia complejidad". Si la medida de cortar sin previo aviso el crédito era un disparate, el retraso de su entrada en vigor equivale a invalidarlo, pues va a provocar una avalancha de solicitudes que dejará tiritando a bancos y cajas. Un paso adelante y dos atrás. Preparémonos para la próxima rectificación. ¿Vendrá de la mano del copago sanitario? Hay suficientes indicios como para no descartar tal posibilidad. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dicho que es una opción posible que está encima de la mesa, aunque la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ve "dudas lo suficientemente amplias" como para no aplicarlo. Habrá que creer a Zapatero, aquí no hay cambios ni bandazos. Aquí lo que hay es una continua improvisación, como la última ocurrencia del impuesto para ricos. Veremos en qué queda.

Publicado el 27 de mayo de 2010 a las 15:00.