Archivado en: Editorial, Estatut, Tribunal Constitucional, José Montilla
El Tribunal Constitucional se ha tomado su tiempo para emitir la sentencia sobre el Estatut. Cuatro años han tardado los magistrados en emitir un fallo que anula 14 artículos del texto por inconstitucionales y fija la interpretación de otros 23 preceptos, al tiempo que niega validez jurídica al término nación. A pesar de su tardanza, el dictamen del Tribunal viene a aclarar algunos aspectos relevantes que habían generado gran controversia y no pocas dudas acerca de su legalidad constitucional. Sobre uno de los aspectos mas polémicos, el concepto de nación, asegura el fallo que "carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña". Con respecto a la lengua, los magistrados eliminan del texto original que el catalán sea de "uso preferente" en las administraciones públicas, aunque respaldan que sea "la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". En la practica, la interpretación que han hecho los magistrados consagra la inmersión lingüística y la exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña. Otros de los preceptos que se expulsan del ordenamiento jurídico afectan al Consejo de Justicia de Cataluña o al Defensor del Pueblo catalán. Por el contrario, la sentencia permite a Cataluña mantener una relación bilateral con España, la participación de Cataluña en el ejercicio de competencias exclusivas de la Administración central o la declaración de que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo catalán. Es decir, una de cal y otra de arena, y un fallo para contentar a todos, o a ninguno, según se mire. El President de la Generalitat, José Montilla, se ha apresurado a llamar a todos los catalanes a la movilización ciudadana contra la sentencia. Habrá que preguntarse qué entiende el Honorable por "movilización ciudadana" y apelar al seny del pueblo catalán para que no secunde esta llamada a las barricadas tan peligrosa como irresponsable. Lo cierto es que la sentencia ha abierto una espita muy peligrosa, y ha dejado escapar la oportunidad de impedir la destrucción de la España de las autonomías que consagró la Constitución, ya que a partir de esta sentencia, cualquier presidente autonómico puede reclamar derechos similares para su territorio como los que ahora ha avalado el Constitucional. De momento, los presidentes valenciano y gallego, Camps y Núñez Feijóo, ya se han pronunciado en esta línea.
Publicado el 2 de julio de 2010 a las 09:30.
