Sin acritud

Nos quejábamos de la libreta azul en la época de José María Aznar, pero parece que ha creado escuela. El secreto sobre el futuro del presidente del Gobierno está mejor guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Solo una persona del PSOE, además de su sufrida mujer, conoce los planes del presidente, según confesó el propio Zapatero a los periodistas durante la tradicional copa navideña en el Palacio de la Moncloa. Eso sí, se cuido mucho de desvelar quién era el afortunado guardián de su confidencia, pero al menos, es la primera vez que tengamos constancia de que ya ha tomado una decisión sobre si volverá a presentarse como candidato del PSOE en las próximas generales. Con la que le ha caído encima en las últimas semanas, es como para pensarlo dos veces. Tiene en ciernes una nueva huelga general contra la reforma de las pensiones, le ha caído la del pulpo por no dar la cara en la crisis de los controladores, los mercados le han puesto contra la cuerdas, las encuestas le auguran un descalabro electoral -la última encuesta oficial de la Junta de Andalucía anuncia la mayoría absoluta del PP- y sus barones se desmarcan en un sálvese quien pueda. Desconocemos si alguno o todos estos elementos han condicionado su determinación, pues no quiso desvelar cuándo fue el momento en que tomó tal decisión aunque insistió en que todavía no es el momento de comunicarlo a la opinión pública. ¿Y  cuándo será ese momento? Como nunca llueve a gusto de todos, el PP ha aprovechado para criticar que el presidente ya ha tomado una decisión sobre si se presentará a las próximas elecciones que sigue sin hacer pública, pues esta incertidumbre perjudica a "la credibilidad y la tranquilidad" que debe transmitir España para lograr la estabilidad económica. Este juego del gato y el ratón alienta aún más las especulaciones. No nos engañemos. A la vista de las encuestas, lo que está en juego es quién gestiona la derrota, y quién va a poner la cara para recibir la bofetada, pues a estas alturas ni los socialistas creen en las posibilidades de remontar electoralmente los efectos de la crisis y de los diferentes frentes abiertos. Este anuncio de amago sin dar es una de las muchas intrigas a que nos tiene acostumbrados el gobierno para desviar la atención de los problemas que tenemos encima. Mientras nos entretenemos con la sucesión no nos fijamos en otros temas de mayor calado. Muchas familias, si la lotería no les da una alegría, pasaran las fiestas navideñas preguntándose qué les importa si Zapatero se presenta o no.

Publicado el 23 de diciembre de 2010 a las 14:15.

No la conozco. Jamás la había visto antes, pero quiero escribir sobre ella, sorteando la tentación de comentar otros asuntos de la actualidad que me dejan más indiferente que los controladores ante la impotencia de los usuarios a los que dejaron tirados en tierra. Porque a mí, el verdadero estado de alarma, me lo produce la angustia de no conocer el paradero de Maria García Revuelta, la joven de Boadilla del Monte desaparecida cuando regresaba a su casa tras celebrar la cena de navidad la noche del pasado sábado con sus compañeros de trabajo de Mercadona. Desde entonces no se tiene noticia de ella. Su ex pareja, y padre de su segundo hijo, se ofreció a llevarla casa después de la cena a la que también asistió, pues trabajaban en el mismo centro. Ahí se perdió la pista de ambos hasta que el cuerpo del ex novio apareció ahorcado de un poste. Quisiera estar equivocado. Cuando escribo estas líneas, lo hago con la esperanza de que María aparezca viva y que todo sea un mal sueño, una alarma injustificada, y que su nombre no se sume a las trágicas cifras de violencia de género, que a pesar de las campañas de concienciación, siguen incrementándose. Pasan las horas y escribo con la esperanza de estar errado, anhelando que la realidad me regrese del sueño de la equivocación y que me espete a la cara que me precipité. Pero por encima de todo, quiero ver a María de nuevo en su casa, con sus padres y hermanos, una familia conocida y querida en Boadilla del Monte, con quienes comparto la angustia de su incertidumbre a pesar de no conocerles. La misma angustia que siente toda la ciudad, que se ha echado a la calle y a los campos, que peina los encinares  en busca de algún rastro de María, que rasga las gargantas con el grito de su nombre.  Siento como mío el dolor por el paso de los días sin noticias, por las horas de espera frente al teléfono. Cada  vez que desaparece una mujer, una joven, una niña, sin causa justificada, me quiebra el alma. Y maldigo la ofuscación que pasa por la mente del que es capaz de arrancar una vida para saldar la deuda de un desamor, a veces ni tan siquiera, por el nulo valor de los mas elementales principios de convivencia y respeto a la dignidad humana. Me duele constatar el fracaso. Sólo quiero que alguien me abra los ojos y me diga que la pesadilla terminó, que está de nuevo con su familia, que nunca se fue y que esta crónica no existe.  He visto la foto de María, sonriente con uno de sus hijos en brazos, y me niego a creer que ya no volverá más. Y me vuelvo a preguntar por qué.

Publicado el 17 de diciembre de 2010 a las 12:15.

El Gobierno ha prorrogado hasta el 15 de enero el estado de alarma porque considera que es una medida necesaria para garantizar la normalidad del tráfico aéreo durante las Navidades. El argumento utilizado para prolongar esta situación tan anómala en democracia es reconocer que es la única manera que tiene de garantizar que no se vuelva a producir el colapso aéreo por un nuevo plante de los controladores, ya que las causas que motivaron su adopción no han cambiado. Estamos, por tanto, ante un estado de alarma preventiva.  Por supuesto que no tendría ninguna justificación que los ciudadanos volvieran a padecer el calvario de quedarse en tierra con sus viajes organizados y pagados en las próximas fiestas navideñas. Sería demasiado fuerte que se repitiera la imagen de los miles de viajeros tirados por los pasillos de los aeropuertos. Pero no se entiende que pasado el plazo de 15 días, la normalidad sólo se haya producido por la presencia de militares en las torres de control. Es decir, que la alternativa al estado de alarma es el descontrol y el caos,  lo que evidencia la incapacidad de solucionar un problema laboral por la vía de la negociación. Y entre medias, seguimos sin conocer qué medidas se están tomando para salir de este círculo, mas allá de la prolongación de una situación excepcional. Pero el tiempo transcurrido desde que los controladores empezaron a sentirse estresados cuando les tocaron el bolsillo,  no ha sido aprovechado por el gobierno para desatascar la situación. Visto lo chapuceramente que se está gestionando esta crisis, el verdadero estado de alarma es el que provoca el Gobierno con sus decisiones. Da la impresión de que lo que se está evaluando es la capacidad que tienen los españoles de digerir este tipo de medidas por si fuera necesario utilizarlas contra otros colectivos. Hoy son los controladores, pero mañana puede ser cualquier otro sector. Sin caer en alarmismos innecesarios, tampoco se trata de aceptar con indiferencia esta situación. Para muchos españoles, la aplicación del estado de alarma no es un problema que afecte al conjunto de la ciudadanía, sino solo a los irresponsables que provocaron con su actitud que excepcionalmente hubiera que recurrir a ello. Por eso, considerarlo con la normalidad con la que lo dibuja el Gobierno, es aceptar el riesgo de que se aplique indiscriminadamente contra cualquier otro colectivo en sectores como el educativo, el sanitario, la seguridad, el tráfico de mercancías, etcétera. Cuando una negociación se estanque, estado de alarma y a correr.  

Publicado el 17 de diciembre de 2010 a las 12:00.

Que por primera vez en los 32 años de vida de nuestra democracia un Gobierno se haya visto obligado a  decretar el estado de alarma para resolver un conflicto social como el provocado por el pulso de los controladores en defensa de sus privilegios, no es motivo para estar satisfecho, si bien al menos hay que congratularse de que España disponga de mecanismos constitucionales adecuados para garantizar los derechos de los ciudadanos. Al Gobierno no le quedaba otra salida para desbloquear la situación e hizo lo correcto decretando el estado de alarma. Pero los ciudadanos se siguen preguntando cómo la falta de previsión ante la que estaban preparando los controladores pudo originar semejante caos. Hay que explicar muy bien los motivos que aconsejaron al ministerio de Fomento sacar el decreto ley que regula las condiciones laborales de un colectivo imprescindible para la navegación aérea en el peor momento posible, el día anterior al puente más largo del año, conociendo las graves consecuencias que su aprobación iba a ocasionar. Y cómo es posible que no hubiera más alternativa al plante de los controladores que militarizar el espacio aéreo. Si el problema está en la falta de personal de control en las torres, que les obliga a sobrepasar las horas aconsejadas para garantizar la seguridad del tráfico aéreo, ha habido tiempo suficiente en los más de dos años que dura el conflicto para formar a nuevos controladores. Resulta sorprendente la incapacidad para solucionar este contencioso por la vía del diálogo que han mostrado los responsables de AENA. Pero el caos vivido en los aeropuertos, el desprecio a los derechos de los usuarios que se quedaron en tierra, las cuantiosas pérdidas económicas y el daño irreparable provocado a la imagen de España en el exterior, exigen una respuesta mayor que la autosatisfacción de haber doblegado a un colectivo de 2.500 trabajadores que osó echar un pulso al Estado y lo perdió. Hace falta  una solución definitiva que impida convertir en rehenes a los ciudadanos  Este Gobierno, y si no está capacitado para ello, el que le sustituya, tiene el deber y la obligación de promover de una vez por todas una ley de huelga que deje meridianamente claros los límites de una protesta laboral para que la legitima defensa de los derechos laborales  impida a ciertos colectivos considerados estratégicos paralizar un país o una ciudad. Los ciudadanos ya están hartos de los chantajes de controladores, pilotos, conductores de metro y autobús, etcétera, y exigen soluciones definitivas y menos improvisación.

Publicado el 9 de diciembre de 2010 a las 14:30.

Este viernes 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. Una fecha que probablemente no signifique mucho para la mayoría de nosotros. Pero para 3,8 millones de personas con discapacidad y para sus familias, que en España suman en conjunto un total de 10 millones de personas, es un día de reivindicación de sus  derechos, y una llamada de atención al resto de la sociedad para que escuche y atienda sus demandas. A diario nos encontramos con situaciones tan corrientes como subir los peldaños que dan acceso al portal de nuestra casa, cruzar un paso de cebra, tomar un autobús, entrar en un comercio, acceder a un cajero o navegar por Internet. Situaciones cotidianas que para muchas personas con discapacidad están vetadas o suponen la realización de un verdadero esfuerzo. Esta fecha pretende, aunque sólo sea durante un día, llamar la atención de la sociedad hacia el colectivo de las personas con discapacidad y hacer partícipe al resto de ciudadanos de la necesidad de integrarles con normalidad. Pero además, la celebración de este día pretende ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad desde la óptica de quien tiene una discapacidad física, psíquica o sensorial, identificando sus problemas y garantizando su derecho a participar en una sociedad en la que todos tengan las mismas oportunidades para alcanzar su desarrollo pleno. Una sociedad inclusiva, que cuente con la participación de todos sus miembros. Sigue habiendo dificultades para lograrlo. El acceso normalizado a los recursos educativos, a los transportes públicos; la supresión de barreras arquitectónicas en calles y edificios, el acceso al ocio y a la cultura, a la comunicación y a las nuevas tecnologías de la información...conforman una larga lista de situaciones por resolver. No se puede negar que en la travesía hacia la plena integración se ha avanzado mucho en los últimos años, pero queda un largo camino por delante para derribar la más dificil de las barreras, la de los prejuicios mentales que impiden una total normalización.  Poco más se avanzará si seguimos mirando para otro lado cuando se vulneran los derechos de las personas con discapacidad y si no somos capaces de asimilar que su integración en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural nos concierne a todos por igual.  El Día Internacional de la Discapacidad es una oportunidad para reflexionar y trabajar todos en la misma dirección para lograr una sociedad inclusiva y solidaria con todos los que formamos parte de ella.

Publicado el 3 de diciembre de 2010 a las 10:30.

Los ciudadanos de Cataluña han dado una doble muestra de responsabilidad en el ejercicio de su derecho al voto. La primera, acudiendo a votar mayoritariamente, a pesar de las previsiones que auguraban una gran abstención provocada por la comprensible desafección e indiferencia que sienten ante unos políticos que no han sabido estar a la altura de sus representados. Más al contrario, los ciudadanos han tenido muy claro cual era su responsabilidad y han aprovechado con su papeleta para decir basta y poner a cada uno en su sitio. Al primero, al socialismo, al que han penalizado por pactar con Esquerra Republicana un acuerdo que ha fracturado a la militancia del PSC. Los electores han castigado duramente al PSC en un claro rechazo a la política de Zapatero, que ha pagado en las urnas el grave error de impulsar el Tripartito y dar alas al nacionalismo impulsando el nuevo Estatuto. Por su parte el tripartito se encargó de hacer los méritos suficientes para terminar de hastiar a los votantes y simpatizantes socialistas que les han dado la espalda. Los ciudadanos han evidenciado que estaban hasta la coronilla de las fantochadas de ERC, que han provocado el bochorno propio y ajeno y lo peor, han costado un riñón. Sería muy conveniente que CIU extrajera de esta experiencia la lección correcta y abandonara las frivolidades soberanistas, pues Cataluña tiene otras prioridades que pasan por la moderación y la eficacia en la gestión de gobierno. En cuanto a la lectura económica, en el desplome del socialismo es evidente que la crisis económica ha tenido un efecto importante y que el dimitido Montilla ha pagado en Cataluña los efectos de la errática política del gobierno en Madrid. Esta semana sin ir mas lejos, hemos vuelto a vivir la incertidumbre en los mercados. Poco le ha durado al presidente del Gobierno la alegría de la foto con los banqueros y empresarios ante las caídas en la bolsa y los nuevos incrementos de la prima de riesgo. En este contexto de sobresalto económico, sólo faltaban las dudas de la Comisión Europea acerca de las posibilidades reales de cumplimiento de los objetivos de crecimiento y de reducción del déficit. Será muy difícil que Zapatero no se vea obligado a acometer nuevas medidas de ajuste que seguirán sangrando votos en la herida del socialismo. Al PSOE le espera una dura y amarga travesía del desierto hasta la siguiente cita con las urnas en las autonómicas y municipales donde se juega perder muchas de las capitales de provincia y con negras perspectivas en varias comunidades autónomas. 

Publicado el 2 de diciembre de 2010 a las 10:30.

Pocas opciones le han quedado al alcalde de Madrid para hacer sus presupuestos municipales tras el portazo que le dio la semana pasada el presidente del Gobierno al negarle la posibilidad de refinanciar la deuda de la capital. Una petición que, no olvidemos, Gallardón formuló no solo para aliviar la situación financiera de Madrid, sino en nombre de la Federación Española de Municipios y Provincias, con objeto de paliar una grave discriminación que vienen sufriendo, al igual que Madrid, los ayuntamientos con respecto a las otras dos administraciones, pues tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de refinanciar al cien por cien sus vencimientos de deuda. El alcalde ha tenido que meter la tijera y ha reducido en un 9 por ciento el presupuesto municipal, una caída especialmente significativa en la que ha sido la principal bandera durante sus mandatos, el área de Obras y Espacios Públicos, que sufre un recorte de unos 450 millones de euros, alrededor de un 23 por ciento con respecto al ejercicio presente. Gran parte de este ahorro será posible gracias a la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30, única operación que le autorizó Rodríguez Zapatero. Por tanto, muy poco margen tiene Alberto Ruiz Gallardón para salir airoso del trance: o refinanciar deuda, que ya le han dicho que nones, o incrementar la presión fiscal, que es una medida muy impopular con el horizonte de las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, o tirar de la venta de activos municipales, como Mercamadrid u otros. En este escenario, no faltan las puyas de Esperanza Aguirre, quien le ha sugerido deshacerse de algunos de los edificios que conforman el ingente patrimonio inmobiliario como consejo para salir de la asfixia financiera. Un dardo envenenado, pues la presidenta sabe bien que ningún ayuntamiento puede utilizar parcelas o edificios para financiar gastos corrientes. Lo que sí puede hacer el Consistorio es reorganizar y reubicar las diferentes dependencias municipales en edificios de propiedad municipal que están vacios o infrautilizados, con lo que se podría ahorrar los alquileres que está pagando por albergar oficinas, juntas municipales y concejalías, mas de 50 millones de euros al año. No tiene sentido pagar alquileres cuando se dispone de espacios propios suficientemente representativos. Y aquí Esperanza Aguirre ha vuelto a adelantarse a Gallardón anunciando un plan para cambiar los edificios de la Comunidad que pagan los alquileres más caros por otros más económicos. Veremos cuáles son y cuánto supone de ahorro.

Publicado el 29 de noviembre de 2010 a las 09:45.

Un estudio sobre "Política fiscal" realizado por el CIS revela que ocho de cada diez españoles consideran injustos los impuestos que pagan. El resultado de la encuesta era bastante previsible, porque nadie está satisfecho cuando se trata es de pagar impuestos. De hecho, más de la mitad de los españoles, el 54,2%, considera que la presión fiscal es excesiva. Lo significativo es el dato que señala que el 78,3% crea que los impuestos no se cobran justamente, o lo que es lo mismo, que la vieja máxima de que paguen más los que más tienen no se aplica o los ciudadanos no tienen esa percepción. Aunque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta, el 56,4%, entiende que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, sin embargo el 54,7% considera que teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales que se reciben, la sociedad se beneficia poco o nada de esa recaudación. Aquí también la percepción es equivocada; si reclamamos mejores carreteras, inversión en grandes infraestructuras, en sanidad, en mejorar el transporte público... de dónde sale todo eso? Pagar menos no revierte en mayores facilidades para la ciudadanía. Cualquier país tercermundista que carece de un sistema fiscal moderno y desarrollado podría servirnos de ejemplo. Baste necesitar una simple atención de urgencia en un centro hospitalario para dar por bueno el dinero recaudado por el Estado. Así, el 42,5% de los encuestados es partidario de gastar más en prestaciones sociales aunque eso signifique pagar más impuestos frente a un 38% que considera preferible bajar impuestos aún a costa de los servicios públicos. El problema de fondo es que el ciudadano, que está pagando con no poco esfuerzo sus impuestos, reclama al menos que se dé un destino adecuado a su dinero. Y se encuentra a cambio con una mastodóntica estructura que alimenta a tres administraciones, central, autonómica y municipal, en la que conviven 18 parlamentos, más de 8.000 ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, los correspondientes parques de vehículos oficiales, la sangría de las televisiones autonómicas, cargos de confianza, asesores de todo tipo y condición, y un largo etcétera de gastos añadidos, dietas, representación... que hacen dudar al ciudadano sobre la utilización de su dinero. No se trata de hacer apología de la insumisión fiscal, pero sí reclamar austeridad en el gasto público y que de verdad el Estado cumpla su función, que no es la de dilapidar los recursos que le aportan los ciudadanos.

Publicado el 25 de noviembre de 2010 a las 14:30.

La muerte de Silvia Rodríguez Fernández, una joven de 16 años vecina de Parla, asesinada recientemente en Leganés a manos presuntamente de su ex novio, ha vuelto a conmocionar a toda la sociedad por la crudeza y las circunstancias del suceso.  El cadáver de la joven fue encontrado dentro de un contenedor de basura. Su cuerpo presentaba signos de violencia en el cuello, tenía el rostro muy maquillado y se encontraba desnuda. Si bien no se ha confirmado oficialmente que se trate de un caso de violencia machista, la policía busca al ex novio, un joven de 21 años de nacionalidad peruana, como principal sospechoso del crimen, ya que el cuerpo fue encontrado cerca de su casa y al parecer huyó a su país ese mismo día. Contando con esta última muerte son cinco las victimas mortales en la Comunidad de Madrid a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va de año, y 62 en el conjunto del territorio nacional. Son demasiadas mujeres muertas y la cifra no tiene visos de estancarse. Este próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a la sociedad a expresar su repulsa contra crímenes tan repugnantes como los que se producen en el entorno de la pareja. Hemos reiterado hasta la saciedad que una sola muerte de una mujer a causa de la violencia de género es un fracaso que concierne a toda la sociedad. Un fracaso en el que intervienen factores de tipo cultural y social, como las actitudes machistas; económicos, como la falta de trabajo y la ausencia de expectativas; y otros como el alcoholismo o la identificación con situaciones de maltrato vividas con anterioridad (traumas infantiles, etcétera.). Contra esta sangrante lacra sólo cabe trabajar desde la educación en el respeto y la igualdad  entre  hombres y  mujeres, empezando por la educación infantil e involucrando a los medios de comunicación. Nadie puede ser indiferente. En un momento en el que supuestamente todo el mundo tiene acceso a la educación y la información no tiene barreras, resulta inconcebible que cada semana haya que sumar nuevos casos a esta fatídica lista. Por tanto cualquier medida de sensibilización es fundamental para hacer llegar a la sociedad un mensaje de rechazo a la violencia machista y de aislamiento social a los maltratadores. Pero hace falta algo más que salir a la calle para gritar contra el maltrato. Es necesario seguir dotando de cuantos medios y recursos sean necesarios al sistema judicial, y facilitar la inmediata cobertura y protección social a las mujeres para que se atrevan a denunciar el maltrato.

Publicado el 19 de noviembre de 2010 a las 12:45.

Los graves acontecimientos que se vienen produciendo estos últimos días en el Sahara Occidental dejan en evidencia, una vez más, la preocupante debilidad del Gobierno en el terreno de la política internacional, así como su incapacidad para mantener un discurso coherente en el tiempo. La inoperancia, el silencio y la ambigüedad de nuestros mandatarios ante los constantes abusos de Marruecos sobre el pueblo saharaui han provocado una auténtica ola de indignación, algo que, por otra parte, no debería extrañarle a un Ejecutivo que cuenta entre sus filas con no pocos simpatizantes de la causa del Sahara: sin ir más lejos, la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha mostrado públicamente en muchas ocasiones su rechazo ante la política de represión que ese rey "de origen divino", Mohamed VI, mantiene en el Sahara. Es evidente que nuestra política exterior ha de ser coherente con las necesidades y sensibilidades de la UE, pero los lazos históricos en torno a este asunto y la proximidad geográfica invitaban a liderar desde España una reacción de condena europea ante los atropellos del régimen marroquí. También resulta comprensible que un Gobierno atienda sus intereses y problemáticas respecto a otro país -en este caso van desde la pesca y la agricultura al control del narcotráfico y la inmigración, sin olvidar Ceuta y Melilla-, pero lo que no es lícito es que ante el clamor de todo un país, el Gobierno no defienda enérgicamente el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Cuando en un escenario de conflicto se impide el libre acceso a los medios de comunicación se corre el riesgo de contar parcialmente los hechos y ser correa de transmisión de intoxicaciones interesadas de una y otra parte. Los medios nos hemos lanzado a comentar las brutalidades de la entrada de la policía marroquí en el campamento saharaui próximo a El Aaiún basándonos en algunas imágenes difundidas que en la realidad correspondían a unos niños de Gaza. Por eso es esencial permitir la entrada libre a los periodistas, para que puedan contar con rigor y sin manipulaciones lo que está ocurriendo en la zona. En caso contrario, tendremos que conformarnos con las explicaciones dadas por el Gobierno de Marruecos, cuyo ministro del Interior, Taieb Cherkaoui, de visita en España, ha acusado a los medios españoles de atizar el odio y el racismo, y que ha atribuido a un accidente la muerte, en un brutal e injustificado atropello, de un español. Unas explicaciones que el gobierno español, se ha visto obligado a dar por buenas.

Publicado el 18 de noviembre de 2010 a las 10:45.