Sin acritud

El presidente del Gobierno está cada vez más acorralado. El escenario que le rodea no puede ser más desolador: una grave crisis económica ante la que se han adoptado medidas, que además de provocar un profundo desgarro entre sus propios votantes, se han demostrado a todas luces insuficientes como confirman todos los indicadores, el último, la prima de riesgo que se dispara ante la incertidumbre. El varapalo electoral que ha desalojado al PSOE del poder en los principales ayuntamientos donde gobernaban y con la sensación instalada en el partido de que será misión imposible remontar los resultados en las generales. Unos resultados que han reabierto con fuerza el debate interno sobre la necesidad de adelantar las elecciones y en el que destacados dirigentes abiertamente han expresado la necesidad de acabar cuanto antes la legislatura, al tiempo que se producen filtraciones interesadas a la prensa en la misma línea. Una bicefalia que provoca importantes disfunciones que afectan a la gobernabilidad y a la credibilidad del Gobierno. Y por si fuera poco, una crisis institucional, cuyo último episodio ha sido la dimisión de tres miembros del Tribunal Constitucional en un intento de forzar su relevo después de más de seis meses con el mandato caducado. La sensación de interinidad en que se ha instalado el Gobierno lo inunda todo. Ante la presión externa, la manida respuesta de que la única hipótesis que baraja el presidente del Gobierno es agotar la legislatura y que las especulaciones sobre el adelanto electoral son perjudiciales para los intereses de España, no convence a nadie, y cada vez son menos, incluso en el seno del PSOE, quienes se lo creen. Se transmite la sensación de que lo único que a estas alturas se persigue es ganar tiempo, pero la crisis ya alcanza todos los niveles, político, económico e institucional. Muy gráficamente lo ha resumido el presidente del BBVA, Francisco González, quien ha reclamado "líderes generosos que antepongan los intereses generales a los partidistas". Acompañando a estas palabras, ha puesto el ejemplo de que cada cien puntos de incremento de la prima de riesgo por colocar la deuda supone la pérdida de 160.000 empleos. Ante tal panorama, sólo cabe adoptar la única decisión posible. Acelerar al máximo el proceso de reformas pendientes, aunque suponga mayores pero necesarios sacrificios, y acabar cuanto antes con la incertidumbre convocando elecciones que pongan fin a la parálisis generalizada en que se encuentra sumida el Estado ante una legislatura que no da más de sí.

Publicado el 16 de junio de 2011 a las 16:00.

Tomás Gómez ha tenido un mal comienzo en su estreno parlamentario. Su debut en el pleno de constitución de la Asamblea de Madrid no ha podido ser más desafortunado. Después de cuatro años sin poder medirse en la tribuna con la peor de sus pesadillas, su primera intervención en el hemiciclo se ha saldado con una pataleta por el reparto de miembros de la Mesa, y el anuncio de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Se ha quedado con un palmo de narices por el acuerdo alcanzado entre el resto de los grupos, PP, IU, y los novatos de UPyD, que ha hecho al PSM perder uno de los dos puestos de la Mesa que le corresponderían por sus 36 diputados, para dárselo a UPyD, y que en el principal órgano de dirección del Parlamento regional estén representados los cuatro grupos. Tiene todo el sentido que todos los grupos políticos que forman la cámara tengan representación en sus órganos directivos, por más que le pese a Gómez, cuyo talante ha demostrado a la primera de cambio. Sí sorprende lo lejos de la paridad que ha quedado la Mesa, en la que sólo hay una mujer, como bien ha denunciado el Grupo Socialista, aunque podía haber dado un paso en este sentido y haber designado a Matilde Fernández en lugar de a Juan Barranco, ya que no ha conseguido colocar a ambos. Pero no es sólo que el PSM no haya podido copar uno de los dos puestos; lo que más le escuece al flamante líder de la oposición es la cruda realidad: Izquierda Unida le ha dado calabazas a pesar de las innumerables declaraciones de amor que le profesó durante la campaña y a la primera de cambio le ha levantado la cartera. También UPyD le está saliendo rana. Confiaba en que la formación magenta impediría que el PP gobernara en Getafe, Leganés, Coslada y Alcalá de Henares, donde los populares han ganado sin mayoría absoluta, pero nada más lejos de su ánimo. Va a tener que compartir un escenario político con el que no contaba y está solo ante el peligro. Frente al PP, que le ha barrido en las urnas; frente a IU, que va a hacer valer su propio discurso, y frente a UPyD que ha demostrado que tiene mucho que decir en la política local y nacional. La novena legislatura se antoja dura y complicada, más a medida que se vaya acercando la fecha de las elecciones generales, y el tono con el que ha comenzado hace prever por donde van a ir los tiros, valga el desafortunado símil. Esperemos que el nuevo Presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, el hombre del metrobús, supere el elevado listón de su predecesora y sea capaz de sosegar a sus señorías.

Publicado el 10 de junio de 2011 a las 09:45.

El gran problema que atenaza en estos momentos a la economía española, más allá de la dramática situación que sufren los cinco millones de parados, es el descontrol financiero de las autonomías. El partido Popular ha estrenado su recién conseguido poder autonómico con graves acusaciones sobre el agujero real que existe en las cuentas de las autonomías que va a tener que gestionar. El Gobierno, por su parte, ha reclamado una dosis de sensatez, no sin razón, pues está en juego la credibilidad de todo el sistema en un momento especialmente delicado, a la espera de que Bruselas avale la estrategia de reducción del déficit y las reformas puestas en marcha por el ejecutivo, y con nuevos temores de contagio por la situación de Grecia y Portugal. Enfrascarse en acusaciones sobre el estado de las cuentas públicas no hace ningún bien, y contribuye a alimentar las dudas en los mercados sobre la solvencia de nuestro país. Ante esto, tampoco es de recibo el espectáculo que se está ofreciendo en Castilla La Mancha, donde los consejeros salientes han cancelado las reuniones con los populares para hacer un traspaso ordenado de poderes ante las denuncias del PP de que se van a encontrar un ejecutivo en quiebra total que no va a poder pagar ni las nóminas de los funcionarios. La imagen de las furgonetas cargadas de bolsas de documentos tampoco contribuye a serenar los ánimos y alienta la sensación de que se quiere ocultar la situación real de las cuentas. Por eso, el llamamiento del líder del PP, Mariano Rajoy, para que se hable "a calzón quitado" con las comunidades autónomas no debe interpretarse como un brindis al sol. El gobierno haría bien en recoger el guante, pues en el envite está en juego mucho más que una estrategia electoral o de desgaste al adversario. Es necesario poner, en primer lugar, negro sobre blanco en las cuentas, para conocer al detalle en qué punto estamos realmente, así como diseñar un plan riguroso de reducción del déficit en todas las administraciones para poder cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea. La frase de Rajoy "se puede cumplir el objetivo si todos somos leales" debería ser suficiente para acabar con el espectáculo que unos y otros están dando. Pero al mismo tiempo exige un ejercicio de responsabilidad por parte de todos. Unos, midiendo sus declaraciones para evitar dañar la imagen exterior; otros, facilitando la transparencia de la gestión pasada. Y por último, el compromiso de todas las autonomías sin excepción para no romper el techo de gasto fijado por el Gobierno.

Publicado el 9 de junio de 2011 a las 12:00.

La irrupción de UPyD en la política municipal y autonómica ha sido un soplo de aire fresco en las anquilosadas estructuras de poder madrileñas. Y de momento, su entrada en las instituciones no puede ser más positiva, por lo menos en cuanto a los primeros pasos que está dando. El portavoz de UPyD en el ayuntamiento ha renunciado a los cinco coches oficiales que corresponden a su grupo por los cinco concejales que obtuvo en las elecciones, cumpliendo así una de las medidas que contemplaba su programa electoral. En un gesto de coherencia digno de aplauso, han empezado por dar ejemplo de austeridad, en una decisión que deja en evidencia al resto de grupos políticos, cuyos concejales quedarán retratados si no secundan la medida y renuncian igualmente a  los vehículos oficiales de los que han venido disfrutando. El primero en recoger el guante ha sido el alcalde en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha propuesto limitar el número de coches oficiales a uno por distrito y por área de Gobierno, además del que conservará cada portavoz municipal. Hemos escuchado durante la campaña llamamientos para restringir el uso del vehículo privado en el centro en aras de una mayor sostenibilidad. Tendría, por tanto, muy buena acogida que los que reclaman a los ciudadanos que eviten el uso del coche particular y utilicen el transporte público, empezaran por hacer lo propio. En política, los gestos son muy importantes y los madrileños, votantes o no de UPyD, ven con muy buenos ojos que por fin alguien que aboga por regenerar la política predique con el ejemplo. Pero la diferencia entre el simple gesto y  la verdadera coherencia, está en los hechos, por lo que tendrá que demostrar que hay una voluntad real de hacer política al servicio del bien común. Tiene por delante una magnífica oportunidad: UPyD es llave de gobierno en varios municipios, y durante la campaña ha repetido por activa y por pasiva que no pactaría con nadie que llevara en sus filas a imputados por corrupción. De momento parece que la medida está dando sus frutos. En Getafe, Pedro Castro se ha visto obligado a sacrificar a una concejala electa imputada en la adjudicación de un parking a la empresa de su marido, con tal de conseguir los apoyos necesarios para alcanzar en los despachos lo que no ha conseguido en las urnas. Confiemos en que UPyD no se deje llevar por los cantos de sirena y cumpla todas sus promesas, también la de permitir que gobierne la lista más votada. Lo contrario sería, una vez más, doblegar la voluntad de los ciudadanos.

Publicado el 3 de junio de 2011 a las 09:00.

La grave crisis del pepino provocada por una bacteria que ha matado a 16 personas y dejado gravemente enfermos a más de una treintena en Alemania ha puesto en evidencia la inoperancia de un Gobierno que ha estado ausente durante demasiado tiempo y que no ha reaccionado con la contundencia que la situación requería ante una acusación sin pruebas que finalmente se ha reconocido que carecía de base científica. Durante varios días las autoridades alemanas han estado acusando sin pruebas a las hortalizas  españolas, provocando una psicosis en el resto de países que, de inmediato y sin esperar a conocer el resultado de los análisis, han cortado la importación de productos de la huerta españoles. Se han saltado a la torera todos los protocolos establecidos para casos similares. Una irresponsable actuación por parte de Alemania, acrecentada por la falta de respuesta del Gobierno español, cuya reacción tibia y tardía ha permitido que se expandiera la desconfianza en los mercados hacia las hortalizas españolas. Las pérdidas que ha provocado esta situación son cuantiosas y el daño causado a la imagen del sector, irreparables. Un sector que da empleo a más de 300.000 personas y que representa más del 40 por ciento de las exportaciones agroalimentarias. Las críticas que ha cosechado el Gobierno por su gestión ante la crisis están sobradamente justificadas. El ejecutivo tardó cuatro días en reaccionar, a pesar de que tanto productores como sindicatos alertaron desde los primeros momentos de la gravedad de la situación y reclamaron la mayor firmeza ante las autoridades alemanas y europeas en defensa del sector. Se ha echado en falta una acción coordinada de los ministerios de Agricultura, Sanidad y Exteriores, y el presidente del Gobierno ha estado ausente durante toda la crisis. No cabe duda de que la ministra de Agricultura alemana ha sido la causante de la tormenta con su irresponsable acusación, pero eso no exime de responsabilidad al Gobierno por su tibia reacción. Lo inmediato ahora debe ser resarcir a los afectados y restablecer la confianza de los consumidores europeos hacia los productos españoles. Aunque sea con retraso, el Gobierno ha de conseguir que se adopten las medidas necesarias para ello. Pero para la reflexión queda la sensación de un Gobierno desorientado, cuya prioridad ha estado más centrada en las cuestiones sucesorias y en poner orden en el partido que en las tareas de la gestión pública. La defensa de los intereses nacionales debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Publicado el 2 de junio de 2011 a las 10:30.

Tan apabullante ha sido el triunfo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid como estrepitoso el batacazo del PSM, sin duda atribuible a la crisis económica y a la mala gestión de Rodríguez Zapatero, pero sin por ello dejar de reconocer la responsabilidad que corresponde a la pésima campaña de Tomás Gómez, artífice del peor resultado obtenido jamás por el socialismo en Madrid, que ha supuesto la pérdida de seis diputados en la Asamblea y un tercio de su electorado. El empecinamiento con el copago, estrategia que ya tumbó a su predecesor, Rafael Simancas; la división interna tras el rodillo que aplicó al vencer en las primarias; su falta de sintonía con alcaldes del sur, y algunas contradicciones como la polémica de negar que estudiara en un colegio privado, hábilmente puesto en evidencia por Esperanza Aguirre, son algunos de los motivos que explican el castigo de los electores. Aunque mucho había de plebiscito a Zapatero en el 22-M, también se ha premiado la buena gestión de los últimos ocho años del Gobierno de la Comunidad, y el innegable tirón de su presidenta, que sabe conectar con el público. De los 179 municipios de Madrid, los populares han sido la fuerza más votada en 147, de ellos 109 con mayoría absoluta y 38 con mayoría simple. Datos que confirman la larga travesía del desierto que le espera al socialismo para recuperar a su electorado. El codiciado objeto de deseo popular del "cinturón rojo", donde la presidenta envió a su "división acorazada Brunete", formada por sus hombres de confianza David Pérez, Juan Soler y Jesús Gómez, es el máximo exponente del hundimiento del PSM. Ha caído definitivamente el mito de que el sur es de izquierdas. Los socialistas dejarán de gobernar en feudos tradicionales como Alcorcón, Leganés, Aranjuez o Collado Villalba, y pierden las mayorías absolutas de Fuenlabrada y Parla, aunque mantendrán ambas alcaldías, mientras que Móstoles sigue siendo un bastión inexpugnable. UPyD, la gran sorpresa de las elecciones, deshoja en Getafe la margarita de permitir que gobierne el PP como lista más votada. La responsabilidad colectiva a la que apeló Tomás Gómez la noche de la derrota no parece suficiente. El sector crítico le reclama un Congreso Extraordinario para analizar qué se ha hecho mal y repensar el proyecto del PSM. No hay que olvidar que Gómez ha rebajado el listón que dejó Rafael Simancas, cuyos resultados se consideraban el suelo mínimo del socialismo en la comunidad y que provocaron su dimisión 2007.

Publicado el 27 de mayo de 2011 a las 09:15.

La apabullante derrota del partido socialista en las autonómicas y municipales, el peor resultado obtenido por los socialistas en la democracia, y que ha supuesto la pérdida casi absoluta del poder municipal y regional, ha sido un voto de castigo sin precedentes que tiene que dar lugar a un ejercicio de autocrítica mayor que el de atribuir el masivo rechazo de las urnas a la crisis internacional. No hay que buscar más explicaciones que la lectura directa de los datos: los españoles están hartos de Zapatero, de su gestión, y de su incapacidad para hacer frente a la crisis. Han dejado claro que no quieren ser gobernados por el zapaterismo en sus ayuntamientos y comunidades, y han reclamado a gritos un cambio de rumbo que se traduce en 10 puntos y más de dos millones de votos de diferencia del PP sobre el PSOE. Por el contrario, las reacciones de los responsables de la debacle socialista, en primer lugar la del propio Rodríguez Zapatero, apuntan a que no habrá adelanto electoral y la maquinaria del aparato se apresta para preparar el proceso de primarias siguiendo la hoja de ruta prevista como si tal cosa. Aunque va a ser difícil frenar la marea interna que exige una profunda revisión del proyecto socialista en lugar de un simple debate de nombres. El lendakari Patxi López ha sido el primero que ha alzado la voz reclamando un congreso extraordinario para relevar a toda la dirección del PSOE. La propuesta de López, a la que se han sumado otros barones socialistas, pretende forzar la salida de Zapatero de la secretaría general y nombrar en su lugar cuanto antes a Rubalcaba. Pero no se trata de decidir entre Rubalcaba y Carme Chacón, ni de evitar el trance de enfrentar a las posibles alternativas que puedan reavivar las cenizas del PSOE. La solución no consiste en pasar página cuanto antes, ni en pactar un simulacro de primarias para elegir al nuevo candidato. No hay convivencia posible entre el candidato y el secretario general si no son la misma persona. Y eso pasa por retirar a Zapatero. La situación de España no permite seguir dilatando las medidas necesarias para salir de la crisis mientras se deshoja la margarita del liderazgo. Para afrontar con éxito la crisis económica hacen falta profundas reformas y capacidad para llevarlas a cabo y está por ver que Rodríguez Zapatero pueda hacerlo. Lo más sensato ante la extrema debilidad del presidente, vapuleado en las urnas y cuestionado por su propio partido, es convocar un congreso extraordinario y elegir en el mismo al nuevo secretario general y candidato, y convocar de inmediato elecciones.

Publicado el 26 de mayo de 2011 a las 09:15.

Lo venían anunciando las encuestas del CIS: los ciudadanos ven a los partidos políticos como un problema y no se sienten suficientemente representados por ellos. Era sólo cuestión de tiempo que las redes sociales hicieran el resto para congregar a una multitud de ciudadanos cabreados -indignados se autodefinen- que, ante la falta de respuesta de los políticos, han tomado las calles para dejar constancia de su protesta. Hay un profundo malestar en la calle por la gestión de los problemas de los ciudadanos derivados de la penosa situación económica. No es un movimiento que se deba tomar a la ligera, y harían bien los partidos, en lugar de tratar de manipular el descontento, en tomar buena nota de lo que significa. No es una protesta planificada, aunque sorprende la capacidad de organización que han demostrado. Se ha visto por igual a jóvenes y a jubilados, a profesionales en paro y estudiantes sin expectativa de trabajo, a amas de casa... No son antisistema, aunque alguno ha habido en las protestas. Son personas que han tomado la calle para gritar al unísono su hartazgo contra toda la clase política, que han perdido la confianza en las instituciones y en los partidos, y que reclaman una democracia que no consista sólo en depositar un voto cada cuatro años. El movimiento de los indignados ha acabado robando el protagonismo a la campaña electoral y ya no hay quien detenga la protesta. Estas manifestaciones se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan, aunque por el momento ofrece más incógnitas que certezas. Pero España no es el Magreb, ni estamos en Oriente Medio. Nuestra democracia es imperfecta, pero gozamos de una Constitución que ampara nuestros derechos y libertades. Participar en unas elecciones es un signo de la madurez democrática de un país. El sentimiento conformista de quedarse en casa por la desafección que provocan los políticos en los ciudadanos es un gesto, pero no soluciona nada. La indiferencia no se combate con más indiferencia. Ni siquiera por la rebeldía ante un sistema electoral que no permite elegir libremente a los candidatos de una lista cerrada y decidida por los aparatos de los partidos, en el mejor de los casos, es motivo suficiente para perder la confianza en el valor del ejercicio democrático de votar. Aunque la falta de expectativas sea tan fuerte que mueva a sumarse a la manifestación del descontento. Un voto de castigo tiene más capacidad de cambio que una abstención. Hay que ir a votar, aunque ninguna de las opciones resulte atractiva. La rebeldía, mejor con el voto.

Publicado el 20 de mayo de 2011 a las 09:15.

Los tiempos de crisis son, por lógica, tiempos proclives a la agitación y a la movilización social. En España lo hemos visto estos últimos días, a través de ese movimiento de ciudadanos descontentos que, bajo el nombre de Democracia Real Ya, ha agitado las calles del centro de Madrid y otras ciudades, y ha copado buena parte de los titulares de los periódicos. No les faltan razones a estos ciudadanos -la mayor parte jóvenes, un colectivo con el que la tasa de desempleo se ceba especialmente- para mostrar su insatisfacción y su frustración ante un panorama político con el que no se sienten identificados. Otra cosa es que, más allá de la legítima crítica a nuestros representantes políticos, se echen en falta igualmente propuestas y alternativas por parte de este heterogéneo movimiento. Pero el deseo y la necesidad de mejora no deben confundirse con el desprecio a un sistema, la democracia, que en España tardamos años en conquistar y sobre el que se asienta un progreso socioeconómico que, aún en tiempos de dificultades, asegura unos mínimos y tiene como piedra angular la libertad. No se puede negar, por evidente, que la situación de España ha empeorado drásticamente en los últimos años. Ahí están los indicadores que sentencian como jueces inexorables que hemos pasado de la octava a la duodécima potencia mundial. También es verdad que la contienda entre los partidos políticos y la falta de entendimiento entre ellos en aspectos esenciales ha erosionado mucho su credibilidad. Pero quizá sea importante que todos y cada uno de nosotros hagamos autocrítica y arrimemos el hombro para salir adelante, en vez de buscar una y otra  vez culpables a quienes endosar la responsabilidad de la crisis. Para ser justos, nuestra situación, pese a las dificultades económicas y a las alarmantes cifras de paro, resulta envidiable tanto para generaciones anteriores de españoles, que vivieron bajo el látigo de la dictadura, como para otros países que aún no han alcanzado la democracia. Sin una estructura institucional democrática sólida es muy difícil, por no decir imposible, que un país cree riqueza de forma sostenible y la distribuya. Por eso es importante que el próximo 22 de mayo acudamos a las urnas para elegir a nuestros representantes para estos tiempos de incertidumbres. Este domingo tenemos, por encima de todo, una cita con la democracia. Seamos críticos, pero no por ello dejemos de ser constructivos. No despreciemos lo que tanto costó conseguir. No le demos la espalda a nuestras conquistas. Se trata de una cita con la libertad.

Publicado el 19 de mayo de 2011 a las 10:45.

La escasa audiencia cosechada por Telemadrid durante la emisión de los debates electorales que enfrentaron el domingo a los candidatos autonómicos y el lunes a los del ayuntamiento de Madrid evidencia que los madrileños esperaban otra cosa en lugar del encorsetado formato pactado por los tres partidos. La audiencia media del debate que enfrentó a Esperanza Aguirre, Tomás Gómez y Gregorio Gordo fue de un 6,4%, mientras que al día siguiente, el de Gallardón, Lissavetzky y Ángel Pérez cosechó un 5,3% de audiencia, cuando la media de Telemadrid ronda el 7%. Y eso a pesar del morbo que provocaba presenciar a Tomás Gómez debatiendo cara a cara por primera vez con Esperanza Aguirre. Pero la rigidez del modelo pactado, en forma de triple enfrentamiento por parejas dividido en bloques temáticos con los tiempos muy cerrados, le restó agilidad al debate. Ninguno de los aspirantes se salió del guión previsto y todos ellos se limitaron a exponer sus programas en líneas muy generales con los consabidos mensajes repetidos hasta la saciedad en los últimos días. El afán privatizador, el copago o los recortes en sanidad, educación y servicios sociales que Gómez echó en cara a la candidata popular, no fueron suficientes para turbar a una Esperanza Aguirre que alardeó de gestión como aval frente a las políticas del gobierno central que han llevado al paro a cinco millones de personas. Entre medias, la declaración de amor de Tomás Gómez al candidato de Izquierda Unida, que se empeñó en dejar claras las diferencias de su proyecto con el socialista. En definitiva, nada que sorprendiese a los espectadores; un resultado previsible a causa de un formato que ha hurtado cualquier posibilidad de presenciar una disputa dialéctica de mayor altura. Los ciudadanos se merecen una fórmula más ágil en la que los candidatos sean capaces de transmitir algo más de emoción a la hora de enumerar sus propuestas y de confrontar las del contrario como alternativa a las tediosas campañas electorales tradicionales. El debate entre candidatos debería ser el momento cumbre de la campaña electoral y no un mero trámite como el que hemos presenciado. Y sin embargo hubo momentos, como en el duelo Aguirre-Gómez, en los que se descubrió a un candidato sólido y seguro de sí mismo que aguantó el envite y supo estar a la altura de una política bregada y crecida. Un rival a tener muy en cuenta si no se desinfla por los resultados desfavorables que le auguran las encuestas, que promete  aportar intensidad y apasionamiento a los plenos de la Asamblea de Madrid.

Publicado el 13 de mayo de 2011 a las 09:00.