Sin acritud

Se mire como se mire, y por más razones que tuviera el President Artur Mas en negarse a pagar los pufos que ha dejado la pésima gestión del tripartito, la autorización de Zapatero a Cataluña para endeudarse por valor de 2.600 millones de euros era un trato de favor y una vergonzante discriminación para el resto de comunidades y ayuntamientos a los que hasta ahora se les había negado esta posibilidad. Las veleidades del tripartito, que gastó el dinero a espuertas en embajadas, selecciones deportivas, coches oficiales de lujo, subvenciones a discreción y todo tipo de despilfarros y suntuosidades, sabiendo que a una palabra de Montilla, Zapatero se arrugaba y tiraba de chequera, han dejado un déficit para este año de 7.200 millones y una deuda acumulada cercana a los 40.000 millones en 2012, según las estimaciones del nuevo gobierno catalán. Artur Mas llegó a Moncloa con las manos vacías y salió con los bolsillos llenos. Se la tenía jurada a Zapatero desde que se tragó el sapo de comprobar que le habían vendido humo a cambio de su apoyo al Estatut, así que ahora se venga sacándole los ojos. Del dinero de todos, por supuesto. Junto a la autorización para endeudarse, en un momento en que todas las comunidades están haciendo esfuerzos para reducir drásticamente su déficit, Artur Mas ha conseguido además el compromiso del Gobierno para desbloquear en las próximas semanas el pago de 759 millones de euros para inversiones en infraestructuras que estaban pendientes desde 2008. Poco tardaron los presidentes de las comunidades de Castilla y León, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Navarra y Cantabria en reclamar su parte del pastel, y menos aún ha tardado el gobierno para dar una nueva cambiada y volver a rectificar permitiendo el endeudamiento a todas las comunidades. Para ello, deberán cumplir el objetivo de déficit del 1,3% del PIB en 2011, y las autorizaciones de endeudamiento solamente se producirán para financiar dicho déficit y la refinanciación de la deuda vencida de años anteriores. Cuando Alberto Ruiz-Gallardón presentó un plan para que le permitieran refinanciar la deuda de la capital de España, el presidente del Gobierno justificó su negativa en que había que cumplir los objetivos de déficit y estabilidad, y que la contención del déficit era necesaria para lanzar el mensaje de credibilidad a los mercados internacionales. ¿Cómo van a interpretar ahora los mercados esta contradicción? Como lo que son, como las concesiones propias de la agonía de un Gobierno políticamente agotado en un sálvese quien pueda.

Publicado el 11 de febrero de 2011 a las 09:45.

               

Esperanza Aguirre ha sido la  garganta profunda del desfile de las Fuerzas Armadas. Gracias a ella hemos conocido el contenido de la jugosa conversación mantenida entre el presidente del Gobierno y el alcalde de Madrid a cuenta de la financiación local. Más que una conversación, lo que allí hubo fue una bronca de Alberto Ruiz-Gallardón a Rodríguez Zapatero, que si llega a imaginar la que le esperaba el Día de la Fiesta Nacional, con el monumental abucheo que se llevó antes, durante y después del desfile, se habría quedado en casa alegando la misma indisposición que el abanderado de la embajada venezolana. El ambiente ya estaba caliente después de que el presidente manifestara días atrás que el ayuntamiento de Madrid pretendía endeudarse más, lo que calentó a Gallardón que contestó llamándole mentiroso y envidioso. Las espadas están en alto porque los ayuntamientos se sienten discriminados con respecto al Estado y las comunidades autónomas, que sí pueden endeudarse. El alcalde, al que algunos quieren seguir viendo como un verso suelto, ha cogido el toro de la financiación por los cuernos y ha hecho causa común con Esperanza Aguirre frente al Estado en defensa de los madrileños.  Así, le recriminó a Zapatero que de todo el peso de la deuda, la de los ayuntamientos alcanza sólo el 5 por ciento del total de las administraciones, y además les aplica la prohibición de refinanciar la deuda que vence en cada ejercicio. Justo lo contrario de lo que aplica el Estado para sí mismo y para las comunidades autónomas, lo cual es una manifiesta discriminación. Además, los ayuntamientos padecen una asfixia financiera porque están obligados a prestar servicios que exceden de sus competencias, pero que no pueden dejar de cumplir al ser las administraciones más cercanas al ciudadano. Gallardón viene defendiendo que los ingresos de las corporaciones locales estén vinculados a la riqueza que generan en su territorio. Madrid se llevaría la palma al aportar alrededor del 12 por ciento al PIB. En definitiva, Gallardón le ha lanzado el guante al presidente del Gobierno, que se ha comprometido a estudiar la propuesta que le llevará el alcalde de Madrid en un plazo de 15 días, una reivindicación que Gallardón demanda en solitario, pero que debería partir de una posición común de todos los ayuntamientos, independientemente de su color político, pues es un problema que afecta por igual a todos los municipios. Acabado el sueño de las primarias, empiezan a moverse las fichas y llega el momento de tomar la iniciativa.

Publicado el 15 de octubre de 2010 a las 10:15.