Sin acritud

La grave crisis del pepino provocada por una bacteria que ha matado a 16 personas y dejado gravemente enfermos a más de una treintena en Alemania ha puesto en evidencia la inoperancia de un Gobierno que ha estado ausente durante demasiado tiempo y que no ha reaccionado con la contundencia que la situación requería ante una acusación sin pruebas que finalmente se ha reconocido que carecía de base científica. Durante varios días las autoridades alemanas han estado acusando sin pruebas a las hortalizas  españolas, provocando una psicosis en el resto de países que, de inmediato y sin esperar a conocer el resultado de los análisis, han cortado la importación de productos de la huerta españoles. Se han saltado a la torera todos los protocolos establecidos para casos similares. Una irresponsable actuación por parte de Alemania, acrecentada por la falta de respuesta del Gobierno español, cuya reacción tibia y tardía ha permitido que se expandiera la desconfianza en los mercados hacia las hortalizas españolas. Las pérdidas que ha provocado esta situación son cuantiosas y el daño causado a la imagen del sector, irreparables. Un sector que da empleo a más de 300.000 personas y que representa más del 40 por ciento de las exportaciones agroalimentarias. Las críticas que ha cosechado el Gobierno por su gestión ante la crisis están sobradamente justificadas. El ejecutivo tardó cuatro días en reaccionar, a pesar de que tanto productores como sindicatos alertaron desde los primeros momentos de la gravedad de la situación y reclamaron la mayor firmeza ante las autoridades alemanas y europeas en defensa del sector. Se ha echado en falta una acción coordinada de los ministerios de Agricultura, Sanidad y Exteriores, y el presidente del Gobierno ha estado ausente durante toda la crisis. No cabe duda de que la ministra de Agricultura alemana ha sido la causante de la tormenta con su irresponsable acusación, pero eso no exime de responsabilidad al Gobierno por su tibia reacción. Lo inmediato ahora debe ser resarcir a los afectados y restablecer la confianza de los consumidores europeos hacia los productos españoles. Aunque sea con retraso, el Gobierno ha de conseguir que se adopten las medidas necesarias para ello. Pero para la reflexión queda la sensación de un Gobierno desorientado, cuya prioridad ha estado más centrada en las cuestiones sucesorias y en poner orden en el partido que en las tareas de la gestión pública. La defensa de los intereses nacionales debe estar por encima de cualquier otra consideración.

 

Publicado el 2 de junio de 2011 a las 10:30.