Sin acritud

Un reciente estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas  (AFES) estima en 7.300 millones de euros la cantidad que los hipotecados adeudan a la banca en la Comunidad de Madrid. De esta cifra, las entidades financieras solamente podrán recuperar 4.900 millones, por lo que la banca perderá en torno a 3.400 millones. Los datos se basan en las 43.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en la región desde 2008. Según AFES la burbuja inmobiliaria tardará todavía tres años en absorberse, por lo que los bancos no tendrán liquidez inmediata. Es un círculo vicioso, los bancos no negocian porque no tienen liquidez y su inflexibilidad provoca nuevas ejecuciones. La bola crece y el drama se traslada a las familias. Me preocupa poco o nada que la banca gane o pierda dinero, pero la gravedad de la situación económica y las dificultades por las que están pasando muchos ciudadanos requiere una reflexión: hay actualmente unas 60.000 familias madrileñas que pueden perder su casa y quedarse en la calle en cualquier momento. Los datos los ha aportado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria. Estamos bombardeando desde los medios de comunicación con el goteo de desahucios que han conseguido ser paralizados por la Plataforma de Afectados por Hipotecas. No es más que un espejismo, pues pasados unos pocos días y sin la presencia de estas plataformas y de los fotógrafos y cámaras de televisión, los desahucios se llevan a cabo sin testigos incómodos. Pero 60.000 familias en riesgo de perder su casa es un problema social de primera magnitud. Estamos en el escenario idóneo para propiciar fórmulas de acercamiento entre las entidades financieras y los hipotecados; fórmulas que permitan al banco recuperar lo prestado y no seguir acumulando patrimonio inmobiliario y que a su vez permitan a las familias en graves dificultades ganar tiempo. Sin olvidar, por mucho que nos duelan las injusticias que sin duda se cometen, que las leyes están para ser cumplidas y las decisiones judiciales para ser acatadas. Nadie de los que tenemos hipoteca estamos exentos de pasar por el trance de perder el trabajo, pero ese riesgo ya lo asumimos al firmar el préstamo, unos con más cabeza que otros que firmaron cantidades imposibles de asumir con sueldos mileuristas. La responsabilidad es tanto de los que se endeudaron muy por encima de sus posibilidades, como de las entidades que facilitaron estas operaciones. El daño está hecho y ahora estamos pagando las consecuencias de la borrachera inmobiliaria.

Publicado el 22 de julio de 2011 a las 16:30.

La grave crisis del pepino provocada por una bacteria que ha matado a 16 personas y dejado gravemente enfermos a más de una treintena en Alemania ha puesto en evidencia la inoperancia de un Gobierno que ha estado ausente durante demasiado tiempo y que no ha reaccionado con la contundencia que la situación requería ante una acusación sin pruebas que finalmente se ha reconocido que carecía de base científica. Durante varios días las autoridades alemanas han estado acusando sin pruebas a las hortalizas  españolas, provocando una psicosis en el resto de países que, de inmediato y sin esperar a conocer el resultado de los análisis, han cortado la importación de productos de la huerta españoles. Se han saltado a la torera todos los protocolos establecidos para casos similares. Una irresponsable actuación por parte de Alemania, acrecentada por la falta de respuesta del Gobierno español, cuya reacción tibia y tardía ha permitido que se expandiera la desconfianza en los mercados hacia las hortalizas españolas. Las pérdidas que ha provocado esta situación son cuantiosas y el daño causado a la imagen del sector, irreparables. Un sector que da empleo a más de 300.000 personas y que representa más del 40 por ciento de las exportaciones agroalimentarias. Las críticas que ha cosechado el Gobierno por su gestión ante la crisis están sobradamente justificadas. El ejecutivo tardó cuatro días en reaccionar, a pesar de que tanto productores como sindicatos alertaron desde los primeros momentos de la gravedad de la situación y reclamaron la mayor firmeza ante las autoridades alemanas y europeas en defensa del sector. Se ha echado en falta una acción coordinada de los ministerios de Agricultura, Sanidad y Exteriores, y el presidente del Gobierno ha estado ausente durante toda la crisis. No cabe duda de que la ministra de Agricultura alemana ha sido la causante de la tormenta con su irresponsable acusación, pero eso no exime de responsabilidad al Gobierno por su tibia reacción. Lo inmediato ahora debe ser resarcir a los afectados y restablecer la confianza de los consumidores europeos hacia los productos españoles. Aunque sea con retraso, el Gobierno ha de conseguir que se adopten las medidas necesarias para ello. Pero para la reflexión queda la sensación de un Gobierno desorientado, cuya prioridad ha estado más centrada en las cuestiones sucesorias y en poner orden en el partido que en las tareas de la gestión pública. La defensa de los intereses nacionales debe estar por encima de cualquier otra consideración.

Publicado el 2 de junio de 2011 a las 10:30.

Lo  que muchos ciudadanos se preguntan, después de conocer las cifras de paro que ha arrojado la encuesta de población activa, cada vez más cerca de la barrera psicológica de los cinco millones de desempleados, es cuándo, realmente, va a cambiar esa tendencia. Resulta  complicado confiar en que la sangría del desempleo "ha tocado techo" y que "estamos en el peor momento", como sigue asegurando el Gobierno. En plena digestión de los datos de la EPA, el Gobierno sigue lanzando balones fuera con manifestaciones que ni siquiera por pronunciarse en el fragor de un mitin a las puertas de las elecciones, tienen justificación. Las palabras de Rodríguez Zapatero el pasado fin de semana afirmando que "nosotros [el PSOE] combatimos un paro que otros generaron" no han sido muy afortunadas y demuestran el empeño en no separarse un ápice del guión establecido en el manual de campaña. Un guión que consiste en evitar el más elemental ejercicio de autocrítica y en responsabilizar de todos los males de la economía española a la crisis financiera internacional. Este discurso ha desconectado a nuestros dirigentes de la realidad en un país cuyo rescate por parte de la Unión Europea es aún una amenaza latente que, aunque lejana, no hay que descartar. Es cierto que la confianza de la ciudadanía constituye una pieza fundamental para el buen funcionamiento de los mercados. Pero no si para conseguirla se recurre a la tergiversación de la realidad. Quizá convendría echar mano de hemerotecas y refrescar algunos datos que el presidente obvió en su intervención, empezando por situar el inicio de la negada crisis en su punto justo: el brutal desplome del empleo en España se inició un año antes de la quiebra de Lehman Brothers, suceso que prendió la mecha de la crisis en el corazón de Wall Street. La tasa de paro en España (21,9%) supone un nuevo récord histórico, dobla la media de la Unión Europea y triplica la de Alemania, tras haber arrancado la crisis en el mismo nivel que este país; Durante el primer trimestre se destruyeron 256.500 empleos;  el paro afecta al 45,39% de los jóvenes; desde 2007 se han destruido 2.358.900 empleos, y la tasa del paro entre los inmigrantes es del 31,99%. No por obviar estos datos, que nos sitúan frente a la más cruda realidad, los ciudadanos, en especial los que más de cerca sufren la crisis, están dispuestos a seguir renovando su confianza en el gobierno actual. Las encuestas indican que van a expresar su rechazo en las urnas. Aunque lo que se juega el 22 de mayo no sea la continuidad de Zapatero.

Publicado el 5 de mayo de 2011 a las 16:00.

Todas las mañanas, cuando me dirijo a primera hora al periódico me llama la atención la larga cola que se forma a las puertas del comedor social Ave María, regentado por la Real Congregación del mismo nombre, en la esquina de la calle Doctor Cortezo con Atocha. Es uno de los muchos comedores que hay en Madrid, en los que se repite la misma escena. Ya sea con el intenso frío del invierno, con la bonanza de la primavera, o con el calor aplomado y pegajoso del verano, allí está, imperturbable a las inclemencias del tiempo, el crisol humano de menesterosos aguardando su turno para llevarse algo de alimento a la boca. La generosidad de estas congregaciones ha convertido un acto de caridad en cita obligada para cientos de personas, personas con nombres y apellidos aunque parezcan seres anónimos, que han pasado a formar parte del paisaje del barrio. Mientras aguardo que se abra el semáforo, no puedo evitar mirar a la fila. He visto día tras día como a los rostros más curtidos por años de malvivir a la intemperie se han ido sumando nuevos perfiles que denotan una escala social más acomodada que se ha venido abajo arrastrada por la crisis. Al cruzar nuestras miradas, me viene a la cabeza la imagen de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE que han votado en una sesión del Parlamento Europeo contra la medida que pretendía limitar los vuelos en primera clase y obligarles a viajar en turista. Los eurodiputados, cuyos partidos defienden en España medidas de austeridad, reducciones de salarios y pensiones, no han sido capaces de aplicarse para sí mismos las medidas de austeridad que reclaman a los demás. Se hace patente que en la defensa de los privilegios no hay colores ni siglas. El clamor ha sido tan fuerte en las redes sociales que los diputados han tenido que dar marcha atrás. Cómo no van a sentir los ciudadanos cada vez mayor desafección hacia sus representantes políticos que demuestran tan escasa sensibilidad. La realidad es tozuda. El barómetro del CIS nos recuerda el rechazo que la clase política provoca en la ciudadanía. Es lo que más preocupa a los españoles, por detrás del paro y la situación económica. Para el 81,8 % de los encuestados el paro es el principal problema. El 42,2% cree que las cosas seguirán igual y el 31% considera que empeorarán aún más. El Gobierno acaba de anunciar una rectificación de sus previsiones económicas: más paro y menos crecimiento. ¿Quién soluciona el drama humano que esto provoca? Vuelvo a mirar a la fila, pienso en los políticos y no encuentro respuesta.

Publicado el 8 de abril de 2011 a las 09:00.

La Constitución española proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Al artículo 14 de nuestra Carta Magna habría que añadirle "y con independencia de su afiliación sindical". Porque si se es funcionario o pensionista, la contribución al recorte del gasto público es mayor que si se pertenece a uno de los sindicatos de clase. Y es que nuestros sindicatos, más que clase lo que tienen es auténtico pedigrí. Los funcionarios van a ver cómo el Gobierno les recorta su salario en una media del 5 por ciento, y los jubilados van a sufrir la congelación de sus pensiones. Unos y otros son los principales paganos de la crisis, junto con el resto de trabajadores del sector privado que ya han padecido los ajustes en sus empresas, bien mediante la congelación de sus nóminas, con recortes de sueldo, o directamente perdiendo sus empleos. Por el contrario, los sindicatos, principalmente UGT y CCOO, los mismos que han convocado a los funcionarios a una huelga para protestar por el recorte de salarios en la función pública, van a mantener intactas las subvenciones con las que el Gobierno les tiene apaciguados. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las subvenciones a las organizaciones sindicales, una ayuda de 15.798.500 euros destinada a "fomentar mediante la financiación, la realización de cualquier tipo de actividad dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos de los trabajadores". Es decir, que el Gobierno nada y guarda la ropa, o lo que es lo mismo, se lo quita a funcionarios y pensionistas, y se lo reparte a los sindicatos para seguir manteniendo su docilidad, no sea que se les ocurra montar una huelga general. Y en justa reciprocidad, que de bien nacido es ser agradecido, los sindicatos van a impulsar la movilización de jubilados y pensionistas contra el plan de ajuste, pero sin pasar de ahí, y por supuesto, sin renunciar a las subvenciones, a las que hay que sumar lo que reciben para cursos de formación, en conjunto más de 220 millones de euros. CCOO ha defendido las subvenciones "porque así lo prevé la Constitución".  Muy cierto. Pero también prevé la Constitución "el derecho al trabajo, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia". ¿Habrá que volver a añadir "y con independencia de su afiliación sindical"?

Publicado el 20 de mayo de 2010 a las 12:00.

Cuando uno vive en un palacio corre el riesgo de perder el contacto con la realidad. Es lo que le está ocurriendo al presidente del Gobierno, que parece estar encerrado en su reino de Shangrilá, donde puertas adentro vive en permanente primavera, rodeado de belleza y armonía, y extramuros se enfrenta a la más cruda realidad de las cifras económicas, la crisis institucional y el descenso en picado en las encuestas que azotan de manera implacable como el crujido de un gélido viento huracanado. Se comprende que no quiera salir de la felicidad de su reino de Shangrilá. El panorama que se encuentra puertas afuera es desolador, sobre todo el que refleja la prensa internacional, empeñada en recordarle el riesgo de que España pueda seguir los pasos de Grecia y cuestionando su gestión ante la crisis. Periódicos como el 'International Herald Tribune', el 'Corriere de la Sera', 'Les Echos' o el 'Financial Times', han editorializado sobre la situación económica de España y las medidas adoptadas por el Gobierno. "Medidas titubeantes", "falta de credibilidad internacional", "improvisación", "descontrol del gasto", "falta de rumbo" y hasta "crisis moral" son algunos de los comentarios que se han podido leer. Tal es la presión internacional, que incluso Zapatero ha tenido que salir al paso del rumor de un rescate a España de 280.000 millones de euros que provocó un nuevo desplome de las bolsas. En este clima, el presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que llamar a Rajoy para verse las caras en un encuentro en Moncloa en el que como era previsible, lo más destacado fue el encuentro en sí mismo, que Zapatero ha venido negando de manera oficial desde octubre de 2008, hace 18 meses, a pesar de las reiteradas peticiones desde el PP. Demasiado tiempo perdido para como está el país. Zapatero necesita dar imagen de unidad ante la crisis y ha tenido que sacar de la chistera 9.800 millones de euros de la contribución española a la salvación de Grecia como excusa para llamar y hacerse la necesaria foto con Rajoy. Una cita tan tardía como imprescindible, pero hace falta más que fotos. Y una nueva ocasión perdida para que Gobierno y oposición aparquen sus diferencias y al igual que han acordado la modificación de la Ley de Cajas para la reestructuración del sector, haber sido capaces también de alcanzar un gran Pacto de Estado para salir de la crisis mediante la reducción del gasto y el déficit y la reforma del mercado laboral.

Publicado el 5 de mayo de 2010 a las 14:45.