Sin acritud

La campaña electoral ha introducido el debate sobre el número de políticos que verdaderamente necesitamos. El Vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha propuesto reducir drásticamente el número de políticos en la administración y adelgazar la composición del Congreso de los diputados, eliminando 50 escaños de los 350 actuales. Tampoco es que 50 diputados menos nos vaya a sacar de pobres. El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha entrado al trapo y se ha mostrado dispuesto a discutir sobre la manera de aligerar la estructura política de la administración, lo que supone meterle mano a los ayuntamientos y a los parlamentos autonómicos, "y eventualmente diputados y senadores", pero ha replicado que lo primero debería ser la reforma de las diputaciones provinciales, que a su juicio son las estructuras más prescindibles. Razón tienen los dos, pero habría que empezar primero por hacer un estudio riguroso de los cargos públicos que existen en las diferentes administraciones, tanto nacional como autonómica y local. Dicho estudio debería incluir no sólo las funciones y salarios percibidos, sino todo el conjunto de gastos asociados al cargo, tales como coche oficial, gastos de representación, tarjeta Visa, teléfono móvil, dietas por desplazamiento, secretarias, asesores, y el largo etcétera de prebendas que suelen acompañar al sillón oficial. Calculado el coste total de todos los cargos públicos se tendrá una magnifica radiografía de lo que nos cuesta mantener esta mastodóntica estructura, de los puestos que son verdaderamente necesarios o prescindibles, de los que están duplicados en las diferentes administraciones, y de la diferencia de salarios entre cargos similares, lo que permitiría fijar por ley los sueldos de alcaldes y concejales en función del número de habitantes del municipio. Pero habría que avanzar más, por ejemplo, eliminando la pensión vitalicia de determinados cargos públicos, pensión, que como la del resto de españoles, debería estar en función de los años cotizados, y no de la relevancia del puesto ocupado. Y habría que eliminar las tarjetas Visa. Si un cargo público incurre en un gasto necesario, llámese comida o desplazamiento, que lo abone y presente la factura correspondiente. La libre disposición de tarjetas es una invitación a tirar alegremente de los recursos ajenos. Hay muchas maneras de ahorrar en las estructuras políticas sin menoscabar la eficiencia. Será posible cuando todos los servidores públicos entienden su cargo como una manera de servir y no de servirse de él

Publicado el 14 de octubre de 2011 a las 13:30.