Reducir las competencias a las comunidades
Hace unos pocos años, la agenda política entre el Gobierno central y las comunidades venía marcada por la permanente exigencia de las competencias, especialmente las comunidades gobernadas por los nacionalistas, cuyos parlamentos aprobaban resoluciones reclamando para sí la asunción de nuevas competencias para avanzar en el autogobierno. Eran tiempos en los que todo parecía insuficiente y el peso específico de una comunidad se medía por el nivel de servicios que arrebataba al Estado para gestionar en su ámbito territorial. En épocas de bonanza el incremento del gasto en que se incurría a medida que se asumían nuevos servicios era un tema menor. Una frase de José Bono resume este espíritu: "Hágase lo que se deba, aunque se deba lo que se haga". En el actual escenario de crisis económica, aquella fiesta autonómica ha terminado por estrangular financieramente a las autonomías. Los dirigentes autonómicos no encuentran otra salida que revisar el reparto del gasto entre el Estado y las comunidades en un intento de racionalizar y garantizar la eficacia y las prestaciones del Estado del Bienestar. Muchos lo piensan, pero pocos se atreven a reclamarlo en público, y ha sido una vez más la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la que se ha puesto el cascabel al gato para que el Estado libere a las comunidades de gastos en educación, sanidad y justicia. En el Comité Ejecutivo Nacional del PP y sin citarlo expresamente, planteó la fórmula del tan temido como inevitable copago para que, por ejemplo, los mas ricos paguen las medicinas, la educación universitaria o las tasas judiciales según su renta, pues son gastos que recaen sobre los presupuestos de las autonomías y su coste debe ser repartido entre los ciudadanos en función de su poder adquisitivo. Y para explicarlo bien, se ha puesto a sí misma como ejemplo de la injusticia que supone para el erario público que ella no pueda pagar más por las medicinas que recibe para el tratamiento del cáncer de pecho porque existe un tope tarifario marcado por el Gobierno. Esperanza Aguirre no se muerde la lengua y le ha soltado a Rajoy un toro incómodo de lidiar: para controlar el déficit habrá que recortar gastos innecesarios, pero también revisar qué competencias y servicios no son imprescindibles. Posiblemente no es el momento más oportuno para el PP, con las elecciones andaluzas a un par de meses vista. A Rajoy no le habrá hecho mucha gracia que Aguirre le quiera marcar la agenda de reformas, pero lo que reclama tiene todo el sentido.
Publicado el 26 de enero de 2012 a las 09:15.
