60.000 familias pueden perder su casa
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Un reciente estudio de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) estima en 7.300 millones de euros la cantidad que los hipotecados adeudan a la banca en la Comunidad de Madrid. De esta cifra, las entidades financieras solamente podrán recuperar 4.900 millones, por lo que la banca perderá en torno a 3.400 millones. Los datos se basan en las 43.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en la región desde 2008. Según AFES la burbuja inmobiliaria tardará todavía tres años en absorberse, por lo que los bancos no tendrán liquidez inmediata. Es un círculo vicioso, los bancos no negocian porque no tienen liquidez y su inflexibilidad provoca nuevas ejecuciones. La bola crece y el drama se traslada a las familias. Me preocupa poco o nada que la banca gane o pierda dinero, pero la gravedad de la situación económica y las dificultades por las que están pasando muchos ciudadanos requiere una reflexión: hay actualmente unas 60.000 familias madrileñas que pueden perder su casa y quedarse en la calle en cualquier momento. Los datos los ha aportado el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria. Estamos bombardeando desde los medios de comunicación con el goteo de desahucios que han conseguido ser paralizados por la Plataforma de Afectados por Hipotecas. No es más que un espejismo, pues pasados unos pocos días y sin la presencia de estas plataformas y de los fotógrafos y cámaras de televisión, los desahucios se llevan a cabo sin testigos incómodos. Pero 60.000 familias en riesgo de perder su casa es un problema social de primera magnitud. Estamos en el escenario idóneo para propiciar fórmulas de acercamiento entre las entidades financieras y los hipotecados; fórmulas que permitan al banco recuperar lo prestado y no seguir acumulando patrimonio inmobiliario y que a su vez permitan a las familias en graves dificultades ganar tiempo. Sin olvidar, por mucho que nos duelan las injusticias que sin duda se cometen, que las leyes están para ser cumplidas y las decisiones judiciales para ser acatadas. Nadie de los que tenemos hipoteca estamos exentos de pasar por el trance de perder el trabajo, pero ese riesgo ya lo asumimos al firmar el préstamo, unos con más cabeza que otros que firmaron cantidades imposibles de asumir con sueldos mileuristas. La responsabilidad es tanto de los que se endeudaron muy por encima de sus posibilidades, como de las entidades que facilitaron estas operaciones. El daño está hecho y ahora estamos pagando las consecuencias de la borrachera inmobiliaria.
Publicado el 22 de julio de 2011 a las 16:30.
