Los ciudadanos y los impuestos
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Un estudio sobre "Política fiscal" realizado por el CIS revela que ocho de cada diez españoles consideran injustos los impuestos que pagan. El resultado de la encuesta era bastante previsible, porque nadie está satisfecho cuando se trata es de pagar impuestos. De hecho, más de la mitad de los españoles, el 54,2%, considera que la presión fiscal es excesiva. Lo significativo es el dato que señala que el 78,3% crea que los impuestos no se cobran justamente, o lo que es lo mismo, que la vieja máxima de que paguen más los que más tienen no se aplica o los ciudadanos no tienen esa percepción. Aunque más de la mitad de los que respondieron a la encuesta, el 56,4%, entiende que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, sin embargo el 54,7% considera que teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales que se reciben, la sociedad se beneficia poco o nada de esa recaudación. Aquí también la percepción es equivocada; si reclamamos mejores carreteras, inversión en grandes infraestructuras, en sanidad, en mejorar el transporte público... de dónde sale todo eso? Pagar menos no revierte en mayores facilidades para la ciudadanía. Cualquier país tercermundista que carece de un sistema fiscal moderno y desarrollado podría servirnos de ejemplo. Baste necesitar una simple atención de urgencia en un centro hospitalario para dar por bueno el dinero recaudado por el Estado. Así, el 42,5% de los encuestados es partidario de gastar más en prestaciones sociales aunque eso signifique pagar más impuestos frente a un 38% que considera preferible bajar impuestos aún a costa de los servicios públicos. El problema de fondo es que el ciudadano, que está pagando con no poco esfuerzo sus impuestos, reclama al menos que se dé un destino adecuado a su dinero. Y se encuentra a cambio con una mastodóntica estructura que alimenta a tres administraciones, central, autonómica y municipal, en la que conviven 18 parlamentos, más de 8.000 ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, los correspondientes parques de vehículos oficiales, la sangría de las televisiones autonómicas, cargos de confianza, asesores de todo tipo y condición, y un largo etcétera de gastos añadidos, dietas, representación... que hacen dudar al ciudadano sobre la utilización de su dinero. No se trata de hacer apología de la insumisión fiscal, pero sí reclamar austeridad en el gasto público y que de verdad el Estado cumpla su función, que no es la de dilapidar los recursos que le aportan los ciudadanos.
Publicado el 25 de noviembre de 2010 a las 14:30.
