Reforma local: mejores servicios a menor coste
Entre la agenda de reformas que el Gobierno tiene entre manos para impulsar la salida de la crisis, hay una de gran calado que está generando controversia por los efectos que tendrá sobre los ayuntamientos y los servicios que prestan. Gran parte de la deuda que arrastran los municipios se deriva de la asunción impropia de estos servicios y de la falta de financiación para sostenerlos. Estamos a las puertas de una recentralización que pretende poner orden en el confuso mapa de la administración local con el objetivo de ahorrar costes y con el reto de que la ordenación de las competencias en un Estado claramente sobredimensionado no suponga una merma en la calidad de los servicios. La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que prevé entrar en vigor en enero de 2014 va a suponer una importante revolución para ayuntamientos y diputaciones, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes y en los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, que pueden perder la gestión de sus principales servicios como el alumbrado público, la limpieza, la recogida de basuras o el abastecimiento de aguas, entre otros.
Esta reforma pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, de tal manera que se garanticen los servicios al ciudadano de la manera mas eficiente y al menor coste posible. No se trata de restar poder al municipalismo, sino de racionalizar la administración local. El Gobierno ha fijado un valor estándar de determinados servicios, y todo municipio que lo supere se considera que no está siendo eficiente. Según sus cálculos, el 92% de los municipios de menos de 5.000 habitantes y el 37% de los de entre 5.000 y 20.000 habitantes no son eficientes porque están prestando sus servicios a un coste superior al que podrían hacerlo. Para entenderlo, el coste por cabeza en los municipios más pequeños es de 1.200 euros, frente a los 445 que cuestan estos mismos servicios en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Los números cantan. En estos casos, las diputaciones o en su defecto las comunidades asumirían estos servicios durante cinco años, plazo a cuyo vencimiento los ayuntamientos podrán recuperarlos si demuestran su capacidad de gestión mejorada. Con el recorte de competencias, el Gobierno espera ahorrar en torno a los 7.200 millones, y otros 800 homogeneizando las retribuciones de las plantillas municipales. Un ahorro total de 8.000 millones de euros. Son medidas que van en la dirección adecuada, aunque se podria haber aprovechado para adelgazar la estructura local reduciendo el número de concejales y de cargos de confianza adscritos.
Publicado el 27 de mayo de 2013 a las 12:45.
