Sin acritud

Este año al que le quedan tan pocos telediarios para echar el cierre lo recordaremos como uno de los más duros que nos ha tocado vivir en nuestra historia reciente. Por el camino hemos dejado un chorreón de sinsabores. Miles de ciudadanos han perdido su trabajo; las empresas, las que aún quedan en pie, están sobreviviendo a duras penas a fuerza de drásticos ajustes en sus plantillas; los cinturones se han apretado hasta extremos desconocidos. Hemos visto la cara más amarga de la crisis, los desahucios de viviendas y su límite más extremo del suicidio. No está fluyendo el dinero que permitiría sacar de la asfixia a las pequeñas y medianas empresas y el panorama que se vislumbra a la vuelta de la esquina no induce al optimismo. En la calle las protestas han pasado a formar parte del paisaje urbano. Y sin embargo, se respira navidad, aunque sea la más austera de cuantas hayamos conocido. Las luces iluminan las calles y la resignación cede por unos días protagonismo al ambiente de fiesta. No estamos para celebraciones pero, interiormente, necesitamos aferrarnos a algo que nos haga olvidar, aunque sea por unos días, las manifestaciones y protestas en la calle, las dificultades presentes y venideras, y la desazón que nos acompaña desde que la maldita palabra crisis estalló en toda su crudeza. Dejémonos llevar por el espíritu de la navidad, aunque sea desde la austeridad.  Por las redes sociales ha circulado en los últimos días una recomendación que bien podríamos asumir desde estas líneas. Hagamos un propósito, el que estas próximas fiestas sirvan, en la medida de nuestras posibilidades, para apoyar al pequeño comercio. Comprando nuestros regalos de navidad a las pequeñas empresas y a los autónomos del barrio, ya sea la vecina que vende por internet, como el artesano que saludamos al pasar, el chico del puesto del mercado o cualquier otro pequeño establecimiento o comercio que a duras penas sobrevive luchando contra el cierre. Que nuestro dinero, poco, el que buenamente podamos, llegue a la gente cercana, a la que más lo necesita. Las grandes superficies tienen recursos para mantenerse. Procuremos no pagar con tarjeta, para que las comisiones de nuestra compra no lastren las exiguas ventas del tendero del barrio y lucren a bancos y multinacionales financieras. Y sobre todo, hagamos una piña con los nuestros, los que siempre han estado ahí, formando parte de nuestra vida. Ese pequeño esfuerzo no nos cuesta nada, pero puede hacer un gran favor a los que más lo necesitan. Cuando todo el entorno es hostil, lo poco que nos queda es la libertad de poder elegir. Hagamos el propósito de que nuestra elección beneficie a aquellos que peor lo están pasando.

Publicado el 13 de diciembre de 2012 a las 17:30.

Las comunidades autónomas han registrado hasta septiembre un déficit de 11.978 millones de euros en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), equivalente al 1,14% del PIB. Según los planes de estabilidad marcados por Europa, las comunidades deben acabar el año con un déficit igual al 1,5% del PIB, por lo que hay moderado optimismo de que finalmente se pueda cumplir el objetivo. Para llegar a este punto ha sido necesario sacar la tijera recortando con contundencia en los servicios públicos como la educación y la sanidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, al esfuerzo de contener el déficit se ha añadido la distorsión que provoca el modelo actual de financiación autonómica, un modelo que, como no se cansa de  denunciar el presidente Ignacio González, produce fuertes desajustes en la comunidad. El modelo vigente es fruto de un pacto que alcanzó Rodríguez Zapatero con el Gobierno Tripartito de Cataluña, que se hizo como un traje a la medida para beneficiar a esta comunidad. Con una simple comparativa se entiende: Cataluña recibe del Estado 15.700 millones de euros, cuando su recaudación es de 27.000 millones; Madrid, pese a recaudar 66.000 millones, sólo recibe 11.400. A pesar de que Madrid cuenta con mayor capacidad fiscal y mejores cifras en términos de PIB que Cataluña, se ve claramente perjudicada por el Estado en el dinero que recibe. Si a eso unimos que ha tenido que recortar 1.700 millones en sus presupuestos para ceñirse al objetivo de déficit, más el millón adicional de euros que ha dejado de percibir en virtud de los desajustes del sistema de financiación, entendemos mejor el marco en el que se mueve para ejecutar sus presupuestos y las medidas que se ha visto obligado a adoptar para cuadrar las cuentas y que tienen al sector sanitario, al de la educación y al transporte en pie de guerra. Y en breve se avecina otro frente, el de los ayuntamientos, incluidos los municipios del PP, que van a tener que hacer encaje de bolillos, para asumir el coste de las BESCAM que va a dejar de financiar el Gobierno regional. El ejecutivo esgrime que las BESCAM fueron creadas para dedicarse en exclusiva a tareas de seguridad ciudadana, pero la realidad es que la precariedad de medios de los ayuntamientos ha hecho que se estén destinando a funciones ordinarias de policía municipal, por lo que su aportación cubrirá sólo el 50% de su coste. Los ayuntamientos han puesto el grito en el cielo porque la mayoría ya ha presentado sus presupuestos y no quedan partidas de dónde arañar. O se encuentra una solución urgente, o no habrá municipio que pueda cumplir el objetivo del 0,3% de déficit, o se resentirá la seguridad ciudadana. 

Publicado el 6 de diciembre de 2012 a las 17:30.

El Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, ha provocado una oleada de movilizaciones y protestas entre profesionales y usuarios que temen que estemos ante una operación de privatización y desmantelamiento del sistema público de salud. Por más que el presidente y el consejero de Sanidad se empeñen en negar la mayor, no han sabido explicar en qué consiste el modelo que se quiere implementar, que por otra parte ya está funcionando en los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, sin que hasta la fecha usuarios y profesionales hayan dado muestras de estar preocupados por quién es el titular de la gestión. Está fallando la pedagogía y la comunicación, y los afectados se quejan, con razón, de que no se les ha explicado en qué consiste y en qué les afecta el cambio de modelo. No vale con decir que se está confundiendo a los ciudadanos y negar que se llame privatización. Hay que salir a explicarlo las veces que sea necesario, centro por centro, para despejar cualquier atisbo de duda. Mantener en funcionamiento los servicios públicos que la crisis económica ha puesto en peligro es razón más que suficiente para acometer este cambio. No hay más opción que el endeudamiento, imposible en estos momentos, o algún tipo de colaboración  público-privada que permita introducir herramientas de innovación en la gestión para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema sanitario público. Pero la sanidad va a seguir siendo universal y gratuita. Y en ningún caso se pretende anular el carácter público de la atención sanitaria, la principal preocupación en este momento. En contra de lo que se está extendiendo, tampoco es una privatización de la sanidad, porque la financiación, el control y la propiedad del hospital siguen siendo públicos. La diferencia respecto a los otros hospitales públicos radica en el modelo de gestión: es una concesión administrativa, pero la gestión del hospital está totalmente coordinada con la Administración Pública. Como contraprestación, la Administración paga a la empresa concesionaria una cantidad anual fija y preestablecida en función de los habitantes adscritos al centro sanitario. El margen de beneficio para la empresa está limitado por el contrato firmado con la Administración, que tiene que controlar que se mantenga el mismo nivel de calidad en la asistencia que la que se presta en cualquier otro centro de la red sanitaria pública. Estas son a grandes rasgos las características de lo que quiere implantar en la Comunidad de Madrid. El éxito del modelo radicará en que la Consejería extreme el celo en el cumplimiento de las reglas y supervise que no se rebajen los estándares de calidad a que la sanidad pública nos tiene acostumbrados.    

Publicado el 30 de noviembre de 2012 a las 14:00.

El Plan para la Sostenibilidad de la Sanidad de la Comunidad de Madrid ha movilizado a todo el sector sanitario. El problema es que no se ha explicado bien y la gente ha confundido medidas para ajustar los gastos en un escenario de reducción de ingresos con el desmantelamiento de un modelo sanitario. Nos dicen, y parece que tiene todo el sentido, que no se trata de acabar con la sanidad pública, sino  todo lo contrario, adoptar medidas para garantizar su sostenibilidad. Pero hay que explicarlo bien para evitar malinterpretaciones torticeras en un tema tan sensible. El presidente de la Comunidad, Ignacio González, ha dicho que se está intentando engañar y asustar a los ciudadanos, y que es "falso de toda falsedad" todo lo que se está diciendo. Insiste en que no se va a "privatizar la prestación sanitaria" sino a "externalizarla en algunos casos", como ya se ha hecho en los hospitales de Valdemoro, Móstoles o Torrejón. ¿Cuál es la diferencia entre privatizar y externalizar? Si echamos mano de la Real Academia, privatizar es "transferir una empresa o actividad pública al sector privado". Externalizar es un termino que la RAE no recoge, aunque viene a ser el proceso por el que una empresa subcontrata algunas tareas propias a otra empresa. Está bastante claro, pero por si no lo entienden se lo explico de otra manera:  Si un gobierno de izquierdas contrata a una empresa para prestar un servicio, es una externalización; si por el contrario, el que lo hace es un gobierno de derechas, estamos ante una privatización. Pero lo que importa no es cómo se llame, sino que cueste menos dinero sin que el ciudadano note la diferencia en la prestación del servicio. La consejería de Sanidad tiene indicadores que avalan la satisfacción del servicio en hospitales de gestión mixta publico-privada entre usuarios y profesionales, y debería sacarlos para despejar dudas. Otro asunto controvertido ha sido la reconversión de La Princesa en un centro especializado en patologías de mayores. Nadie se opondrá a ello si se mantiene, como se ha acordado, la actual cartera de prestaciones, incluidas las urgencias y su carácter de hospital universitario e investigador. No se va a cerrar,  ni a desmantelar ni a convertirlo en un geriátrico, aunque hasta ahora habíamos entendido lo contrario. En cuanto al euro por receta, es un órdago que González ha echado al Gobierno central como moneda de cambio para reivindicar los 1.000 millones de euros que la Comunidad ha dejado de percibir injustamente con el actual modelo de financiación, y que confiemos en que no se llegue a aplicar. Es una jugada hábil, aunque nos quede la sensación de que González le ha pegado una patada a Rajoy en el trasero de los madrileños.

Publicado el 22 de noviembre de 2012 a las 14:30.

España se enfrenta a un grave problema demográfico que el Instituto Nacional de Estadística ha revelado en toda su crudeza y que ya para final de este año implica un descenso de población, cuando habremos pasado de 46,1 a 45 millones de habitantes. A lo largo de esta década cinco millones de personas se irán de España y los nacimientos caerán un 20% y para dentro de 40 años se espera que haya desaparecido la décima parte de la población. Las causas de este descenso hay que buscarlas en la emigración, el aumento de las defunciones, la caída de la natalidad y la reducción de mujeres en edad fértil. No es un asunto que haya que tomarse a la ligera, pues sus implicaciones tanto laborales como para el mantenimiento de las pensiones futuras, con una población cada vez más envejecida, son demoledoras. Durante los años de bonanza económica la población no dejó de crecer, en parte impulsada por los nacimientos de la población extranjera que se asentaba en nuestro país atraída por la posibilidad de desarrollo de la que carecían en sus países de origen. Además de establecer con urgencia políticas de fomento de la natalidad y de apoyo a las familias, el estado tiene que articular medidas para que se compense la salida de españoles al mercado exterior con un flujo ordenado de inmigración que compense la tabla de natalidad interna. El problema es que la inmigración que hemos recibido venía atraída en buena medida por el boom de la construcción que ofrecía buenos salarios por trabajos no cualificados que a su vez permitían entrar en la espiral del endeudamiento inmobiliario al que con gran alegría, y en no pocas ocasiones con dosis de irresponsabilidad a partes iguales entre hipotecados y concesionarios de hipotecas, ha dejado el panorama como un erial. Pinchada la burbuja inmobiliaria, con amenazas de desahucios a la orden del día, el parque inmobiliario presenta un stock al que hay que dar urgente salida para revitalizar el mercado y favorecer la recuperación económica. Una de las medidas que baraja el Gobierno es proporcionar la residencia legal a aquellos extranjeros que adquieran una vivienda en España por un importe superior a 160.000 euros. Aunque el PSOE y diversas ONG la han tachado de mercantilista y discriminatoria, la medida es imaginativa y puede incentivar la llegada de inmigrantes cualificados y la reactivación de la demanda interna. No obstante, el Gobierno deberá vigilar para que no se acabe convirtiendo en un coladero de dinero negro, y la banca colabore facilitando la concesión de créditos.

Publicado el 21 de noviembre de 2012 a las 12:15.

Pedro Calvo es la primera víctima política del caso Madrid Arena. El delegado de Economía del ayuntamiento y presidente de Madrid Espacios y Congresos ha dejado sus cargos -que no su acta de concejal- tras ser imputado por el juez del caso Madrid Arena al constatar que se sobrepasó sobradamente el aforo del recinto en el que murieron cuatro jóvenes. Voluntaria o forzada, su dimisión es un ejercicio de responsabilidad política, pues aunque la imputación no suponga su presunción de culpabilidad, sobre él recaía la gestión del Madrid Arena, y por tanto la responsabilidad en la cadena de fallos, desde la seguridad no subsanada del recinto a pesar de reiteradas denuncias, hasta la contratación de la empresa organizadora de la macrofiesta y de las encargadas de garantizar su seguridad. Las conclusiones de la investigación interna encargada por Ana Botella y presentadas en una comparecencia pública en la que no se permitió a los periodistas preguntar, no aportan nada nuevo a lo ya conocido, así que la dimisión de Calvo al menos devuelve el foco de atención municipal al punto en que debe estar, que es el de la depuración de responsabilidades en el caso que se demuestre que hubo negligencia por parte del ayuntamiento. Porque en paralelo al caso Madrid Arena se ha producido un enfrentamiento entre instituciones protagonizado por la alcaldesa de Madrid y el presidente de la Comunidad que ha desviado la atención y al que los ciudadanos hemos asistido con perplejidad. Ni escogida a propósito la escenificación de la lucha de los dos herederos del poder en el PP ha podido ser más inoportuna, ni era posible mayor mediocridad política ante el momento elegido para saldar viejas deudas, en medio del dolor de cuatro familias por la muerte de sus hijas y de una quinta debatiéndose entre la vida y la muerte, y con los ciudadanos esperando conocer qué ocurrió aquella fatídica noche y por qué se produjo la tragedia. Ambos han tratado de convencer de que no hay segundas lecturas, que la sucesión de hechos y declaraciones nada tiene que ver con posturas enfrentadas ni movimientos de desgaste del contrario, y que no está en juego el control del partido ni la candidatura municipal. No sabemos si Botella patinó al firmar su apoyo contra el cierre del Hospital de La Princesa, o si quiso devolver a González las críticas por la gestión de la crisis del Madrid Arena, incluyendo su controvertido viaje privado en los días siguientes a la tragedia. ¿Qué más nos da? A los ciudadanos estas peleas no nos interesan, pero esperábamos más altura política de nuestros representantes. Lo que nos importa es saber si nuestros hijos van a poder salir a divertirse sin que la irresponsabilidad de un empresario sin escrúpulos ponga en riesgo su seguridad. Lo prioritario es conocer qué cúmulo de errores ha propiciado, por falta de control u otros motivos, que cuatro vidas se hayan truncado por la dejadez de quien tenía que garantizar que se cumpliera la legislación para que nunca más vuelva a ocurrir. Lo prioritario es conocer por qué se autorizó una macrofiesta en un lugar sabiendo que no reunía las condiciones de seguridad y si ha habido irregularidades en la contratación de una empresa. Esto sí nos importa, y que se haga justicia, no las peleas internas. La basura de su casa que la saque cada cual.

Publicado el 15 de noviembre de 2012 a las 13:15.

La memoria de Katia, Cristina, Rocío y Belén, y el dolor de sus familias merecen mucho más que el espectáculo poco edificante que están ofreciendo los políticos, echando balones fuera acerca de la responsabilidad de cada uno en la tragedia que ha costado la vida a las cuatro jóvenes y ha dejado a otra en estado crítico. La ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid establece claramente los requisitos que se han de cumplir en materia de seguridad para este tipo de eventos, y que afectan al aforo máximo permitido, a la venta y consumo de alcohol a menores de edad, al control de objetos peligrosos, a la seguridad durante el evento y al control de los accesos al mismo. En la macrofiesta de Hallowen del Madrid Arena estos preceptos se incumplieron, y por tanto, hay que exigir responsabilidades a la empresa organizadora, así como la responsabilidad solidaria al titular del local, en este caso el ayuntamiento de Madrid, propietario de un edificio que presenta graves deficiencias de seguridad y cuya gestión de la crisis está dejando mucho que desear. Quedan muchas incógnitas en todo este despropósito que la investigación judicial y el ayuntamiento deberán aclarar. Lo primero las causas de la avalancha, si como se dijo en un principio obedeció al lanzamiento de una bengala o se produjo al intentar entrar los que estaban fuera haciendo botellón. También si se superó el aforo máximo permitido -"sobradamente sobrepasado", según el atestado policial- y si los responsables de la seguridad tenían la preparación suficiente, en formación y en número de efectivos, para reaccionar en caso de necesidad. Y por supuesto, lo que afecta a la situación legal del Madrid Arena. Que las instalaciones municipales no requieran licencia de funcionamiento puede ser legal, pero es incomprensible y eticamente reprobable que los responsables de ejercer el control sobre edificios y locales privados hagan la vista gorda cuando se trata de los propios y permitan determinados usos conociendo los graves riesgos de seguridad que conlleva. La alcaldesa Ana Botella ha anunciado que prohibirá la celebración de macrofiestas en edificios municipales. No es suficiente. Si la celebración de macrofiestas comporta tantos riesgos, que se prohíban en todo tipo de espacios, sean o no municipales. Pero en lugar de tanta prohibición, mejor será vigilar para que cada uno, en la responsabilidad que le corresponde, cumpla y haga cumplir estrictamente la ley, porque estamos conociendo demasiadas irregularidades y la memoria de cuatro vidas truncadas exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. Los ciudadanos reclamamos explicaciones que hasta ahora han sido insuficientes.    

Publicado el 12 de noviembre de 2012 a las 11:15.

Parece que por fin el drama que suponen los 400.000 desahucios que se han registrado desde que se inició la crisis ha entrado en la agenda política y el Gobierno se decide a mover ficha. Esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se ha sentado con la portavoz socialista Elena Valenciano para acercar posturas y negociar un acuerdo que permita articular medidas para frenar el alarmante número de ejecuciones hipotecarias que están llevando a la exclusión social a miles de familias.  Es un asunto de tal gravedad que requiere de un gran pacto de Estado en el que se involucren todas las fuerzas políticas. Hay en la calle un clamor social que demanda mayor sensibilidad ante la injusticia de familias enteras que se quedan en la calle por falta de recursos. Ante un problema de tales dimensiones nadie puede permanecer ajeno. Cada noticia de un desahucio es un mazazo en la conciencia colectiva. Cada ejecución judicial tiene detrás un drama humano que afecta a personas, a familias abocadas a no poder levantar cabeza. Y en medio, la impotencia y la rabia de los ciudadanos que asisten a la contradicción de comprobar que se actúa antes en ayuda de los bancos que de los ciudadanos, inyectándoles ingentes cantidades de dinero público para su saneamiento, mientras estas entidades ejecutan los desahucios. Hace unos pocos meses, bancos y cajas competían entre sí por lucir orgullosos la medalla de la responsabilidad social corporativa, el santa sanctórum que les guiaba en su camino hacia la excelencia en la gestión. Hablaban de la relación cuasi sagrada con sus stakeholders -sus grupos de interés- a los que había que mimar tanto como a los propios accionistas y empleados. Entre esos grupos de interés estaban los clientes, a los que prestaron dinero a sabiendas de que muchos no podrían devolverlo ¿Dónde ha quedado el corazón de las empresas, eje de sus políticas internas y externas de reputación corporativa? Ahora lo estamos viendo y las buenas prácticas se han demostrado que no eran más que maquillajes para maximizar los beneficios. Hay que cortar ya esta sangría. Desde todos los sectores se reclaman cambios legislativos que palíen la angustia de las familias que van a ser desahuciadas. El Gobierno tiene la oportunidad de demostrar su voluntad de apoyar a los ciudadanos. Con la subida de las tarifas eléctricas anunció que tomaría medidas para aminorar su impacto; con el alza de los carburantes, lo mismo.Esperemos que este asunto no quede también, al igual que los anteriores, en meras voluntades de hacer algo.        

Publicado el 7 de noviembre de 2012 a las 13:00.

Con la misma decepción con que el magnífico estrambote del soneto de Cervantes describe el final de la que se avecinaba como una bronca imponente entre un soldado extasiado ante la grandeza de la tumba de Felipe II y un valentón que se chotea de él -"Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada"-, así ha pasado la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que ha renovado la confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba hasta que concluya su mandato en 2016. Los enfrentamientos internos en el partido socialista a causa de los estrepitosos fracasos en Galicia y el País Vasco, con amplios sectores del partido reclamando la dimisión del secretario general y exigiendo un giro radical para volver a recuperar la confianza de electores y simpatizantes, hacían prever una tumultuosa sesión que finalmente ha pasado sin apenas ruido. El cónclave socialista se ha resuelto con un cierre de filas en torno al liderazgo de Rubalcaba y sin que se alzaran voces discrepantes, hasta el punto de que el mismo que horas antes estaba en el disparadero proclamaba tras la reunión "Me he sentido unánimemente apoyado como secretario general". Nadie en la Ejecutiva le ha pedido que acelere la convocatoria de primarias para elegir al próximo candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, ni ha recibido crítica alguna hacia su liderazgo, ni le ha pedido que haga cambios en la dirección del partido. O al menos eso nos han contado. Todas las miradas estaban puestas en el presidente andaluz, José Antonio Griñán, que días atrás había personalizado el debate en el seno del PSOE a favor de un cambio de rumbo, pero en contra de lo que parecían sus intenciones, finalmente no pidió su dimisión ni se postuló para sucederle, quizás porque esté esperando un momento más propicio para dar la puntilla a Rubalcaba. Pero el tiempo juega en contra del PSOE, aunque abrir el debate sobre el liderazgo a semanas de una cita electoral sería acelerar el suicidio. El PSOE tiene un grave problema, que es su incapacidad de hacer autocrítica y de reconocer los errores cometidos, junto con la indefinición en la que le han sumido sus coqueteos con los partidos nacionalistas y sus pactos con Izquierda Unida. No es tanto una cuestión de nombres, aunque Rubalcaba sepa que su tiempo político se está agotando, sino del rumbo al que se quiere dirigir al partido y de la posición ideológica donde quiere situarse. Ese es el debate urgente, con claridad, para evitar más confusiones al electorado y abandonar la tierra de nadie.

Publicado el 30 de octubre de 2012 a las 16:15.

Después del descalabro sufrido el domingo en Galicia y el País Vasco, al PSOE le queda aún la puntilla que previsiblemente recibirá el 25 de noviembre en Cataluña. La cercanía de cita catalana  obliga a mantener las apariencias porque si no, el edificio del PSOE habría saltado por los aires llevándose a su líder y con él a todo su equipo. Pero los paños calientes con los que la actual dirección pretende taponar la hemorragia y los esfuerzos de Rubalcaba por contener el desbordamiento, no son suficientes para frenar los movimientos internos y las declaraciones que dan idea de la profunda fractura interna que vive un PSOE acuciado por los nefastos resultados electorales, las nulas perspectivas de recuperación, la escasez de líderes capaces de despertar la ilusión de la militancia y lo que es más grave, la falta de ideas y proyecto de futuro como corresponde al primer partido de la oposición y que requiere con urgencia una profunda renovación. El PSOE no puede aplazar por más tiempo el debate que cerró en falso en el congreso de Sevilla, en el que Rubalcaba se impuso por un puñado de votos sobre Carme Chacón, por más que la dirección esté queriendo dilatar hasta la agonía su necesaria catarsis. No sólo hace falta una reflexión de hacia dónde quiere ir el partido, sino una renovación de las personas que tienen que llevar el timón de la nave para sacarla de la irrelevancia en la que se ha embarcado el partido a golpe de despropósitos desde la etapa de zapatero hasta hoy.      Entre los muchos barones que han alzado la voz, unos en público y otros en privado, uno de los primeros ha sido el líder del socialismo madrileño, Tomás Gómez, que reclama reflexión, autocrítica y cambios profundos y serios en el PSOE. No ha sorprendido la premura de Gómez. Es conocido el enconamiento que tiene contra su jefe de filas, y a la que puede aprovecha para meterle el dedo en el ojo. Tanto, que se olvida de que su adversario político está en la Puerta del Sol y no en la calle Ferraz, lo que le hace errar el tiro en su labor de oposición, que practica con más pena que gloria, como pudimos comprobar la semana pasada en unas desafortunadas declaraciones dirigidas a los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, en las que les espetaba que sus abuelos "robaron a millones de españoles su infancia" y ahora sus nietos quieren "robarles la jubilación". Inconmensurable. Gómez es un maestro del titular fácil, que practica con la misma destreza con la que pierde votos, como un campeón. Mientras siga por esa línea tendremos gaviotas en Madrid para teñir de azul el cielo. A la hora de exigir hacer autocrítica no debería olvidar quién encabezó la lista que obtuvo los peores resultados de la historia del PSM en 2011.     

Publicado el 25 de octubre de 2012 a las 17:15.