Sin acritud

El Tribunal Constitucional se ha tomado su tiempo para emitir la sentencia sobre el Estatut. Cuatro años han tardado los magistrados en emitir un fallo que anula 14 artículos del texto por inconstitucionales y fija la interpretación de otros 23 preceptos, al tiempo que niega validez jurídica al término nación. A pesar de su tardanza, el dictamen del Tribunal viene a aclarar algunos aspectos relevantes que habían generado gran controversia y no pocas dudas acerca de su legalidad constitucional. Sobre uno de los aspectos mas polémicos, el concepto de nación, asegura el fallo que "carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña". Con respecto a la lengua, los magistrados eliminan del texto original que el catalán sea de "uso preferente" en las administraciones públicas, aunque respaldan que sea "la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". En la practica, la interpretación que han hecho los magistrados consagra la inmersión lingüística y la exclusión del castellano en la enseñanza en Cataluña. Otros de los preceptos que se expulsan del ordenamiento jurídico afectan al Consejo de Justicia de Cataluña o al Defensor del Pueblo catalán. Por el contrario, la sentencia permite a Cataluña mantener una relación bilateral con España, la participación de Cataluña en el ejercicio de competencias exclusivas de la Administración central o la declaración de que los poderes de la Generalitat emanan del pueblo catalán. Es decir, una de cal y otra de arena, y un fallo para contentar a todos, o a ninguno, según se mire. El President de la Generalitat, José Montilla, se ha apresurado a llamar a todos los catalanes a la movilización ciudadana contra la sentencia. Habrá que preguntarse qué entiende el Honorable por "movilización ciudadana" y apelar al seny del pueblo catalán para que no secunde esta llamada a las barricadas tan peligrosa como irresponsable. Lo cierto es que la sentencia ha abierto una espita muy peligrosa, y ha dejado escapar la oportunidad de impedir la destrucción de la España de las autonomías que consagró la Constitución, ya que a partir de esta sentencia, cualquier presidente autonómico puede reclamar derechos similares para su territorio como los que ahora ha avalado el Constitucional. De momento, los presidentes valenciano y gallego, Camps y Núñez Feijóo, ya se han pronunciado en esta línea.

Publicado el 2 de julio de 2010 a las 09:30.

Con la llegada del verano numerosos ayuntamientos programan actividades para los jóvenes dentro de sus fiestas patronales. Una de las prácticas más reiteradas y con mayor aceptación es la celebración de megabotellones, concentraciones en las que grupos de jóvenes se reúnen para beber alcohol en la calle. Como si hiciera falta dar ideas. Es habitual asistir cada viernes y sábado noche a ingentes aquelarres etílicos en parques y aparcamientos donde los jóvenes beben sin ningún tipo de control, con frecuencia hasta acabar cayendo inconscientes. La resaca no afecta sólo a estos botelloneros, sino a la convivencia de quienes al día siguiente se encuentran una alfombra de cristales rotos, botellas de plástico, vasos y todo tipo de restos de la fiesta nocturna. Todo un espectáculo. No es necesario que los ayuntamientos programen botellones, la juventud ya se les ha adelantado, así que pueden ahorrarse el esfuerzo, no así el dinero que cuesta la limpieza del campo de batalla. En la Comunidad de Madrid rige desde 2003 la Ley de Drogodependencia, más conocida como ley antibotellón, que prohíbe y penaliza el consumo de alcohol en la calle, pero permite que los municipios lo autoricen expresamente en sus fiestas patronales. Y las fiestas están al caer. Debe ser que la cercanía del periodo electoral en Madrid mueve a los alcaldes a buscar el voto joven al precio que sea, y quieren pasar por los más enrollados, pero se avecinan jornadas de botellón a lo largo y ancho. A ver quién da más facilidades para emborracharse. Tanto que la Delegación del Gobierno ha tenido que escribir a todos los alcaldes pidiéndoles que delimiten 'botellódromos' para garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar desórdenes. Debe tener en mente la batalla campal con asalto a comisaría incluido en la que derivó el botellón del año pasado en las fiestas de Pozuelo, con veinte jóvenes detenidos y diez agentes heridos. Las imágenes de los enfrentamientos dieron la vuelta a España y ahora parece que no hemos aprendido la lección. ¿No sería más productivo, en lugar de inducir al consumo de alcohol bajo el pretexto de las fiestas, programar propuestas de ocio alternativas en las que la diversión no se sustente sólo en el consumo de alcohol? Es oportuna la anticipación que reclama la Delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, solicitando planes de seguridad en previsión de incidentes, pero a mí que  me expliquen por qué se prohíbe fumar y no se prohíbe beber.

Publicado el 25 de junio de 2010 a las 14:00.

Después de diez años de continuo crecimiento, la natalidad se ha frenado en España. El año pasado el número de nacimientos descendió un 5% y la tasa de natalidad se situó en 10,73 nacidos por cada mil habitantes. Esta caída de la natalidad también ha afectado a los nacimientos en los que las madres son de nacionalidad extranjera, que también han disminuido un 6%, y representaron el 20,6% del total. El Instituto Nacional de Estadística interpreta estos datos por el efecto combinado de una reducción progresiva del número de mujeres en edad fértil y de una menor fecundidad. De hecho, la tasa media de hijos por mujer disminuyó hasta el 1,40, desde el 1,46 registrado en 2008 ¿Pero cómo pretendemos que pueda subir la tasa de natalidad? Hoy traer un hijo al mundo es una decisión que hay que sopesar con mucho cuidado. Dificultad para acceder a la vivienda, hipotecas asfixiantes, precariedad laboral, sueldos ínfimos, horarios de trabajo interminables, escasez de guarderías, son problemas a los que se enfrentan las familias. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero la realidad no nos deja muchas opciones y brillan por su ausencia las políticas de ayudas a la familia y de fomento de la natalidad que encontramos en otros países de nuestro entorno. Tampoco las jornadas laborales en España contribuyen a facilitar el incremento de la natalidad. Estamos a años luz en cuanto a la racionalización con que se construyen los horarios en Europa y a las medidas de conciliación laboral y familiar que se aplican en otros países. Con este panorama es como para pensárselo dos veces. Los datos del INE han coincidido con la publicación de la última encuesta del Eurobarómetro de la Comisión Europea según la cual el 9% de españoles creen que tendrán que dejar la casa en la que viven en los próximos doce meses por no poder pagarla. Además el 12% de los españoles tienen dificultades para pagar los recibos corrientes de la casa, y el 35% asegura que no podría hacer frente a un pago imprevisto de 1.000 euros en el próximo año. Con estos datos que retratan las dificultades por las que atraviesa buena parte de la población no hace falta buscar muchas explicaciones para interpretar la caída de la natalidad. El Gobierno, cualquiera que sea su ideología, debería tomar muy en serio esta realidad demográfica y legislar, al coste que sea, ayudas realmente efectivas para elevar la natalidad en España. De lo contrario estamos caminando hacia un suicidio social.

Publicado el 24 de junio de 2010 a las 15:15.

Diga lo que diga Pepiño Blanco, Tomás Gómez, es un buen candidato para disputar la Comunidad a Esperanza Aguirre. Aunque lo tiene muy difícil. Le falta fuerza y notoriedad, y no es tan conocido como otros posibles nombres que suenan, Rubalcaba, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo y otros, pero no nos engañemos, el paso por un ministerio no garantiza la victoria. Ni siquiera el supuesto carisma o notoriedad que se atribuye a ciertos políticos. ¿O es que Aznar era la alegría de la huerta cuando se presentó como diputado por Ávila en 1982 con su loden verde, su pelo engominado y su Coca-Cola en la mano? Era la tristeza personificada. Pero su trabajo continuado a pie de calle, su tesón y perseverancia le acabaron llevando al Palacio de la Moncloa. También Alberto Ruiz Gallardón forjó su futuro político durante años en las tribunas de la oposición en el viejo caserón de la Asamblea de Madrid en la calle San Bernardo hasta que consiguió derrotar a Joaquín Leguina. Lo sabe Tomás Gómez y por eso sigue trabajando para demostrar que ese es el camino a seguir. Y Ferraz debería recordar cuántos relumbrones han perdido su estrella en Madrid. Qué flaca es la memoria. Pero los gestos son sangrantes. El último encontronazo con Pepe Blanco se saldó con la llamada a capítulo desde Ferraz y la recogida de velas de Tomás Gómez. Se zanjó la polémica aplazando por ambas partes el debate hasta el otoño. Tomás Gómez ha respetado el pacto sabiendo que en Ferraz no convence, pero no se achanta y sigue reivindicando su candidatura sin salirse del guión. En el último comité regional proclamó que "no es momento de achicarse, sino de sacar pecho, porque enfrente no hay nada, están las cavernas, el pasado y la injusticia. Lo importante no es vencer sino convencer de lo que estamos haciendo". ¿A quién está retratando, a la derecha o a su propio partido? A buen entendedor... El proceso de elección de candidatos no está abierto, pero en Sevilla ya han proclamado a Juan Espadas candidato al ayuntamiento para sustituir a Sánchez Monteseirín. Y Pepe Blanco se la ha vuelto a jugar apoyando públicamente a Manuel Vázquez como candidato a la presidencia de la Xunta ¡Para unas elecciones en 2013! Otro desaire que suma y sigue. Por más que insista en que el PSM y no Ferraz elegirá a los candidatos, todos los indicios van por otro lado. Y no se lo merece. Ni él, ni el portavoz municipal, David Lucas. La tierra es para el que la trabaja.

Publicado el 21 de junio de 2010 a las 09:15.

Barcelona ha enarbolado la bandera de la lucha contra el burka y se ha convertido en la primera gran ciudad española que prohíbe el acceso a las dependencias e instalaciones municipales a las mujeres que vayan cubiertas con el velo integral. De esta manera sigue la estela de otras ciudades de Cataluña como Tarragona, Lleida o El Vendrell, y más recientemente Coín, en Málaga, que han regulado las normas relacionadas con la utilización del niqab y el Burka en lo espacios públicos. De continuar por esta senda, la existencia de numerosos ayuntamientos en cuyos territorios conviven diferentes confesiones religiosas puede propiciar una peligrosa deriva en la que las corporaciones locales entren en una espiral reguladora de las normas de convivencia intercultural con el fin de garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres. Se puede justificar la prohibición de estas prendas en lugares públicos con el argumento de que su uso no garantiza la seguridad jurídica al dificultar la identificación de las mujeres que porten estos símbolos religiosos, o que dificulta igualmente su integración en la sociedad. Cierto es también que la presencia de mujeres con el velo islámico no necesariamente implica incidentes o problemas de convivencia, salvo cuando su uso entra en contradicción con normas de régimen interno como ha sido el caso de colegios e institutos cuyos consejos escolares han determinado la pauta a seguir. Ante la falta de un criterio común que aplicar en cada caso, no es menos cierto que el uso del burka o del velo islámico implica un trato desigual entre el hombre y la mujer, mas concretamente de la mujer frente al hombre, y un claro obstáculo que interfiere en su desarrollo personal. Por estas mismas razones hay que evitar que la regulación de estas prendas sea decidida de manera unilateral en cada municipio como está ocurriendo en estos momentos y que sean las Cortes las que decidan sobre la cuestión. Se requiere un análisis sosegado y una mayor reflexión que de cómo fruto una regulación general que fije las pautas comunes de actuación para evitar contradicciones y el incesante goteo de decisiones municipales aisladas. El ministro de Justicia ha adelantado en esta línea que la futura ley de libertad religiosa limitará el uso del burka en los espacios públicos. Gobiernos como el de Francia ya han zanjado definitivamente este debate estableciendo una norma común de aplicación para todo el territorio.

Publicado el 17 de junio de 2010 a las 10:15.

La marcha por el Orgullo Gay que llena cada año de colorido y banderas arco iris, de carretas llenas de cueros y tangas, de músculos y ambiente de fiesta, -sobre todo mucho ambiente- las calles de Madrid para reivindicar los derechos de los homosexuales, arranca esta edición con polémica y enfrentamiento entre las organizaciones defensoras de los derechos de los gays que han convocado la marcha. Los participantes que desfilarán desde la Puerta de Alcalá a la Plaza de España amenazan el próximo 3 de julio con acabar a taconazo limpio. Los convocantes de la marcha, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), han vetado a la carroza gay procedente de Israel con la excusa de que el ayuntamiento de Tel Aviv no ha condenado el ataque israelí a la Flotilla Humanitaria de la Libertad que se saldó con nueve muertos. No se entiende muy bien qué tendrá que ver con la reivindicación de la marcha gay, pero se percibe el tufillo de un activismo trasnochado. Sólo desde la instrumentalización política y los intereses partidistas se puede entender una decisión tan arbitraria y discriminatoria, rechazada por amplios sectores del propio colectivo. La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, (Colegas) ha mostrado "su más profundo rechazo e inquietud" y considera "completamente inaceptable" que una organización que dice luchar contra la discriminación, la libertad y los derechos humanos "se deje abducir por la corriente intolerante y antisemita y arremeta vetando la presencia de homosexuales israelíes". También el Colectivo Gay Evangélico ha pedido que se reconsidere la decisión de vetarles. Lo más discriminatorio en una marcha anti discriminación es no dejarles participar. Israel es el único país de Oriente Medio donde no ahorcan o lapidan a los homosexuales y Palestina no es precisamente el mejor lugar para salir del armario. Sorprende que un colectivo que ha sufrido en sus carnes la marginación durante tanto tiempo actúe de manera tan sectaria, mezclando la política con las tendencias sexuales. Acciones como esta demuestran una profunda contradicción. Si lo que defiende la Marcha del Orgullo Gay es el respeto a la diversidad, la tolerancia y la convivencia, deberá rectificar este ataque de intransigencia. Lo contrario es lo que en román paladino se llama confundir el culo con las témporas. 

Publicado el 11 de junio de 2010 a las 12:45.

Se mire como se mire, la huelga de los empleados públicos ha sido un fracaso que le deja al presidente del Gobierno las manos libres para afrontar una reforma laboral sin temor a una convocatoria general. Aunque como siempre que se convoca una huelga, las cifras de seguimiento que facilitan Gobierno y sindicatos no coinciden ni de lejos; de los dos millones y medio de empleados públicos que estaban llamados a protestar por el recorte del 5% en sus salarios, sólo secundaron la huelga el 11,8% de funcionarios, según los datos aportados por el Gobierno. Una jornada cualquiera el absentismo laboral es significativamente mayor, aunque se comprende que los funcionarios no hayan querido perder un día de sueldo y hayan optado por no hacer de palmeros de los sindicatos. UGT y CCOO han estado más preocupados en garantizar las subvenciones con las que mantienen su mastodóntica maquinaria que en defender los derechos de los casi cinco millones de parados y en reclamar a tiempo medidas para recortar el déficit. Los funcionarios tienen motivos de sobra para protestar contra la política económica del Gobierno, pero se han comportado con responsabilidad a pesar de sentirse el chivo expiatorio de la crisis. España no está para huelgas en este momento y los sindicatos deberían tomar nota de su escasa capacidad de movilización. La administración pública ha funcionado con total normalidad. Ni los colegios, ni el transporte público, ni los centros de salud, ni los juzgados se han visto afectados. Si fuera cierto que han secundado la huelga todos los que dicen las centrales sindicales, un 75% de los trabajadores del sector público, aquí sobraría un montón de gente. El paro en la Administración se consideraba como un ensayo de la huelga general que los sindicatos preparan por si el Gobierno decide finalmente aprobar una reforma laboral unilateralmente. El primer envite ha sido un fracaso. Pero además el Gobierno no tiene otra alternativa que sacar adelante una reforma laboral profunda como le reclaman en Europa, que duda de la capacidad de Zapatero para poder cuadrar las cuentas públicas y reclama nuevas medidas de ajuste para 2011. El ejemplo alemán, que anuncia un recorte de 80.000 millones de euros, con eliminación de 10.000 puestos de funcionarios y reducción del 2,5% de los sueldos públicos ha puesto contra las cuerdas y ha dejado en evidencia la tibieza del Gobierno en sus medidas de control del gasto. 

Publicado el 10 de junio de 2010 a las 13:00.

Esta semana se han producido dos nuevos casos de violencia de género en España que elevan a 29 el número de mujeres muertas, ocho más que en las mismas fechas del año pasado. Y a falta de confirmación, podría haber un tercer caso en Gijón, donde el cadáver de una mujer de 54 años fue descubierto debajo de la cama por uno de sus hijos mientras el marido sigue en paradero desconocido. En los dos primeros sucesos, ocurridos con  pocas horas de diferencia en Sevilla y Girona, han concurrido circunstancias similares. Las dos mujeres murieron acuchilladas a manos de sus parejas, y ninguna de las dos había denunciado a su agresor. La mujer muerta en la localidad sevillana de Pruna, Lupe, de 41 años, no había presentado denuncias por malos tratos contra su pareja, ni había solicitado ningún tipo de ayuda a la Junta o al Ayuntamiento. Tanto la familia como su círculo más cercano conocían la situación por la que estaba pasando y el calvario que estaba padeciendo, pero jamás lo denunciaron. En el segundo caso, registrado en Salt, Girona, irónicamente fue el marido quien denunció a Farida, de 47 años, por abandono del domicilio familiar. A pesar de haber reconocido maltrato psicológico durante años, tampoco la mujer llegó nunca a denunciar a su esposo, ni siquiera tras escuchar las recomendaciones de los servicios sociales a los que sí había acudido. Se había limitado a iniciar los trámites de separación. Pero no es suficiente. Tan grave como la propia agresión es el miedo a denunciar los malos tratos. El pánico a la pareja, la presión del entorno, los factores sociales y culturales, o simplemente la incertidumbre de no tener a dónde acudir, son algunas de las razones que explican el silencio ante la violencia de género. Son igualmente las mismas causas que se esconden detrás de la decisión de retirar una denuncia cuando llega el momento de ratificar la acusación contra el agresor. Es comprensible que una mujer tenga miedo a denunciar a su agresor porque psicológicamente ha sido anulada. Pero una sola muerte de una mujer víctima de malos tratos es un fracaso que concierne a toda la sociedad. Y la única manera de acabar con esta lacra que sangra gota a gota con siniestras estadísticas es informando hasta la extenuación para concienciar socialmente, actuando desde la base en la educación y el respeto, y pidiendo una y mil veces a las mujeres agredidas o vejadas que no sufran en silencio y denuncien el maltrato.  

Publicado el 2 de junio de 2010 a las 11:45.

Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres... Este Gobierno con sus decisiones nos tiene desconcertados por su política del paso atrás. El pasado fin de semana, el presidente se dirigió a los alcaldes socialistas en Elche para justificar el tijeretazo a las políticas sociales. "No ha habido cambio ni bandazo, respondemos a las circunstancias", decía Zapatero para explicar a sus parroquianos el mayor recorte social de la democracia. Al día siguiente del mitin, lunes, el BOE publicaba el Real Decreto-Ley de medidas de recorte del déficit con una sorpresa para los ayuntamientos. Desde el momento de su publicación en el BOE y hasta 2012 los ayuntamientos no podrían solicitar créditos a largo plazo. El cabreo de los municipios fue monumental y pusieron el grito en el cielo ante el cerrojazo al grifo de la financiación que les ponía en una situación de extrema dificultad, en algunos casos al borde de la quiebra técnica y en la práctica abocados al bloqueo total. Al menos se lo podían haber anticipado. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el socialista Pedro Castro, encabezó la protesta de los alcaldes y tal fue la movilización que la ministra Salgado se vio obligada el martes a rectificar y suavizar la medida, retrasando hasta final de año la prohibición de endeudarse. La explicación de la marcha atrás fue de lo más peregrina, achacada a "un error del BOE". Pues bien, un día después, Zapatero volvía a descolocar a propios y extraños con otra desautorización a un miembro de su Gobierno asumiendo en persona una rectificación política y justificando un cambio de fecha "perfectamente comprensible" por su "amplia complejidad". Si la medida de cortar sin previo aviso el crédito era un disparate, el retraso de su entrada en vigor equivale a invalidarlo, pues va a provocar una avalancha de solicitudes que dejará tiritando a bancos y cajas. Un paso adelante y dos atrás. Preparémonos para la próxima rectificación. ¿Vendrá de la mano del copago sanitario? Hay suficientes indicios como para no descartar tal posibilidad. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dicho que es una opción posible que está encima de la mesa, aunque la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ve "dudas lo suficientemente amplias" como para no aplicarlo. Habrá que creer a Zapatero, aquí no hay cambios ni bandazos. Aquí lo que hay es una continua improvisación, como la última ocurrencia del impuesto para ricos. Veremos en qué queda.

Publicado el 27 de mayo de 2010 a las 15:00.

El nuevo Gobierno británico ha cogido el toro de la crisis por los cuernos y le ha faltado tiempo para adoptar medidas inmediatas de recorte del gasto público. A los altos cargos les ha apeado del coche oficial y les ha prohibido viajar en primera clase. Son medidas de austeridad que tienen más de simbólico que de efectivo, aunque el Estado británico ahorrará mas de 16 millones de euros, pero que los ciudadanos aplauden porque sitúan a los servidores públicos a la altura de las circunstancias, siendo los primeros que dan ejemplo a la hora de apretarse el cinturón. En el Estado patrio es impensable la imagen de un ministro viajando en el metro, o en el autobús. Aquí seguimos haciendo uso intensivo del coche oficial, de la visa oro y de la primera clase como si fuera la vida en ello. Antes muerto que sencillo, que eso de mezclarse con el pueblo es sólo para las campañas electorales. En España tenemos un parque de más de 2.300 vehículos oficiales. Salvo por motivos de seguridad, comprensibles en determinados niveles y circunstancias concretas, no hay razón para que un servidor público no pueda renunciar a las prebendas del cargo, cuando la austeridad así lo recomiende. Se echan en falta más medidas ejemplarizantes como la que ha adoptado el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda, que ha reducido de diez a siete el número de consejerías, eliminando tres de ellas. Hace dos años, el Gobierno castellano manchego estaba formado por 14 consejerías, justo el doble que ahora. La pregunta es si se puede gobernar con la mitad de altos cargos, ¿Por qué no hizo antes el recorte? Las administraciones están claramente sobredimensionadas, y los hechos demuestran que se puede gobernar con mayor mesura. Ahora toca quitar de aquí y de allá y se agradece que los políticos y altos cargos den el primer paso. Es digno de aplauso también el ejemplo del Congreso, que ha decidido paralizar todos los viajes de los diputados y suspenderlos hasta nuevo aviso, y rebajar entre un 10 y un 15 por ciento de los salarios de los diputados. Y es digno de reprobación, por el contrario,  el esperpento vivido en el Senado con la traducción simultánea a las cuatro lenguas cooficiales a la que obligó el presidente Montilla en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. La broma le ha costado al Senado 6.520 euros, a razón de 163 euros por minuto de discurso. Un exceso innecesario en tiempos de austeridad.

Publicado el 26 de mayo de 2010 a las 15:00.