Sin acritud

Aunque la grave crisis económica no nos deja, desde hace ya más de dos años, hacer grandes derroches de optimismo, la fotografía de la España del 23-F, cuyo treinta aniversario acaba de tener lugar,  y la toma de conciencia de la crucial transformación de toda nuestra arquitectura institucional, desde esa fotografía hasta nuestros días, no puede ser más que motivo de satisfacción y de júbilo para quienes siempre hemos creído que la democracia es un sistema que hay que cuidar y hay que defender y que nunca, bajo ningún pretexto, debe ser sustituida. Uno de los paradigmas de la gran  metamorfosis experimentada por la sociedad española desde el régimen dictatorial hasta la democracia consolidada de hoy son nuestras Fuerzas Armadas, una de los instituciones mejor valoradas y queridas por la opinión pública.  Pero no siempre ha sido así. En 1981, cuando se produjo el Golpe de Estado, nuestro Ejército era una institución educada en la dictadura, internacionalmente aislada y pobremente equipada que despertaba el recelo de una ciudadanía que había soportado durante casi cuarenta años la falta de libertad de un régimen militar.  Fue extraordinariamente complicado deshacer los tres ministerios militares que existían entonces y sustituirlos por un Ministerio de Defensa controlado por el poder civil.  Treinta años después podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Ejército español goza de una buena salud y de una no menos buena reputación. Muchos factores han intervenido en este cambio, pero desde el impulso democrático que el general Gutiérrez Mellado le insufló el mismo día del Golpe con su valerosa actuación frente a los asaltantes del Congreso, al día de hoy, en que al frente de nuestra defensa nacional está una mujer, estos 30 años de historia de las Fuerzas Armadas bien pueden resumirse en siete hitos: la reorganización de la defensa nacional, la internacionalización, la profesionalización de los Ejércitos, la enseñanza militar, la renovación de los medios materiales, la incorporación de la mujer, y la participación en las misiones internacionales. Actualmente España mantiene desplegados en el exterior a 3.000 militares y ostenta el mando en tres de las cuatro misiones internacionales en las que participa, y otros 130.000 hombres y mujeres dentro del país "garantizan sin descanso la seguridad" del territorio. No le faltan razones a la ministra Chacón para llenarse de orgullo hablando del Ejército. Chacón, una ministra también muy reputada, que, por cierto, no se descarta como sucesora de Zapatero. Pero de eso hablaremos otro día.

Publicado el 24 de febrero de 2011 a las 12:00.

El celo en la aplicación de la ley antitabaco está provocando escenas que rozan el esperpento. Era presumible que  la denuncia de algunos ciudadanos, convertidos por gracia de la ley en agentes delatores, iba a tensionar la convivencia entre fumadores y no fumadores. Pero lo más de lo más ha sido el estrambote del musical Hair que se representa en Barcelona, cuando un espectador se levantó airado y corrió a denunciar que los actores estaban fumando en escena, provocando la actuación inmediata de la Agencia de Salud Pública catalana, que amenazó con sancionar al teatro, hasta el extremo que el director de la obra tuvo que aclarar que lo que los actores fumaban por exigencia del guión no era tabaco, sino una mezcla de hierbaluisa, albahaca y hojas de nogal. De auténtico sainete, si no fuera porque esta es la realidad  de la ley y del talibanismo con que se aplica, que no entiende ni siquiera la excepción de las manifestaciones culturales. Pero lo mejor de todo fueron las explicaciones de la ministra de Sanidad, Leire Pajín: "Hay muchas fórmulas para simular que se fuma sin hacerlo, de la misma manera que hay recursos para escenificar asesinatos que no son reales". Menos mal que lo ha aclarado. De traca. Y pasando a lo serio, con respecto al impacto económico derivado de su aplicación, los hosteleros han cifrado la caída de ingresos en más del veinte por ciento y si continúan en esta línea muchos establecimientos están abocados al cierre. Se sirven menos desayunos y se está eliminando algo tan español como la sobremesa, porque al fumador no le apetece dejar a medias la tertulia o la partida de cartas para levantarse a fumar, con el consiguiente descenso en el consumo de licores y copas. Pero siendo grave el perjuicio económico, más aún es otro de los daños colaterales de esta ley, por cuanto buscaba promover conductas saludables y preservar la salud y bienestar de los no fumadores. Hablamos del aumento del ruido y con ello, de las molestias a los vecinos. Solamente en Madrid, y el dato se podría extrapolar a cualquier población española, las denuncias ciudadanas por ruido han aumentado un 16 por ciento. Muchos vecinos están viendo afectado su descanso por el incremento de los decibelios que provocan los corrillos a la puerta de bares, restaurantes y locales de copas. La estampa del grupito fumando, hablando y riendo a la puerta de un local es ya una imagen habitual de las noches. La ley, loable en sus principios pero cuestionable por su falta de previsión, está consiguiendo sumar más perjudicados que beneficiados.

Publicado el 21 de febrero de 2011 a las 09:45.

El último barómetro del CIS otorga al partido Popular un respaldo del 44,1 por ciento de los ciudadanos, frente al 34 por ciento del PSOE, una ventaja por encima de los 10 puntos. A poco más de tres meses de las elecciones autonómicas y municipales, el panorama no puede presentarse peor para el socialismo, que no consigue invertir la tendencia de caída en las encuestas. En Madrid, el batacazo puede ser monumental, y tanto las decisiones internas como las que llegan de fuera compiten por regalar más votos al adversario. Difícil papeleta es, por ejemplo, tener que explicar que el presidente del gobierno ha discriminado a los madrileños negando al ayuntamiento la posibilidad de refinanciar la deuda vencida, mientras permite a las comunidades hacerlo. A ver qué socialista es capaz de subirse a una tribuna para convencer de que no se ha dado un trato desigual a unos españoles y a otros y de que el presidente del gobierno ha actuado movido estrictamente por el interés general y no anteponiendo sus propios intereses políticos. Flaco favor para los candidatos socialistas. Difícil de digerir, igualmente, son las maneras revanchistas del secretario general del PSM, Tomás Gómez, a la hora de imponer al candidato socialista al ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, la lista de nombres que le acompañarán en la debacle frente a Gallardón. El secretario de Estado para el Deporte ha sido víctima del rodillo tomasista, que le ha privado de colocar a los suyos fulminando a todos los que apoyaron a Trinidad Jiménez. Gómez hizo muchas promesas para conseguir el favor de las agrupaciones en las primarias y ahora ha tenido que confeccionar una lista cumpliendo los compromisos adquiridos, a costa de hacer saltar por los aires la olla a presión en la que se ha convertido el PSM. Como era de esperar, Lissavetzky no se ha tragado el sapo y ha reclamado apoyo a Ferraz, que si no hay acuerdo, será quien tenga la última palabra. ¿A qué está jugando Tomás Gómez? Probablemente está pensando más allá del 22 de mayo. Sabe que en Ferraz le esperan cuchillo en mano y necesita tener el control absoluto del PSM para gestionar la derrota desde la fuerza y poder participar en el debate del poszapaterismo. El secretario general del PSM, que dejó el ayuntamiento de Parla para tomar las riendas, pacificar y cerrar de una vez las viejas heridas familiares, ha conseguido la cuadratura del círculo, que el problema principal del socialismo madrileño deje de llamarse Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, para llamarse Tomás Gómez.

Publicado el 11 de febrero de 2011 a las 10:00.

Se mire como se mire, y por más razones que tuviera el President Artur Mas en negarse a pagar los pufos que ha dejado la pésima gestión del tripartito, la autorización de Zapatero a Cataluña para endeudarse por valor de 2.600 millones de euros era un trato de favor y una vergonzante discriminación para el resto de comunidades y ayuntamientos a los que hasta ahora se les había negado esta posibilidad. Las veleidades del tripartito, que gastó el dinero a espuertas en embajadas, selecciones deportivas, coches oficiales de lujo, subvenciones a discreción y todo tipo de despilfarros y suntuosidades, sabiendo que a una palabra de Montilla, Zapatero se arrugaba y tiraba de chequera, han dejado un déficit para este año de 7.200 millones y una deuda acumulada cercana a los 40.000 millones en 2012, según las estimaciones del nuevo gobierno catalán. Artur Mas llegó a Moncloa con las manos vacías y salió con los bolsillos llenos. Se la tenía jurada a Zapatero desde que se tragó el sapo de comprobar que le habían vendido humo a cambio de su apoyo al Estatut, así que ahora se venga sacándole los ojos. Del dinero de todos, por supuesto. Junto a la autorización para endeudarse, en un momento en que todas las comunidades están haciendo esfuerzos para reducir drásticamente su déficit, Artur Mas ha conseguido además el compromiso del Gobierno para desbloquear en las próximas semanas el pago de 759 millones de euros para inversiones en infraestructuras que estaban pendientes desde 2008. Poco tardaron los presidentes de las comunidades de Castilla y León, Murcia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Navarra y Cantabria en reclamar su parte del pastel, y menos aún ha tardado el gobierno para dar una nueva cambiada y volver a rectificar permitiendo el endeudamiento a todas las comunidades. Para ello, deberán cumplir el objetivo de déficit del 1,3% del PIB en 2011, y las autorizaciones de endeudamiento solamente se producirán para financiar dicho déficit y la refinanciación de la deuda vencida de años anteriores. Cuando Alberto Ruiz-Gallardón presentó un plan para que le permitieran refinanciar la deuda de la capital de España, el presidente del Gobierno justificó su negativa en que había que cumplir los objetivos de déficit y estabilidad, y que la contención del déficit era necesaria para lanzar el mensaje de credibilidad a los mercados internacionales. ¿Cómo van a interpretar ahora los mercados esta contradicción? Como lo que son, como las concesiones propias de la agonía de un Gobierno políticamente agotado en un sálvese quien pueda.

Publicado el 11 de febrero de 2011 a las 09:45.

Es descorazonador comprobar la brecha educativa que nos separa de los países de la Unión Europea. Cuando la canciller alemana Angela Merkel anima a los jóvenes ingenieros, investigadores, médicos, etcétera, a emigrar a su país en busca de las oportunidades que aquí no encuentran, nos topamos de frente con la realidad del fracaso de nuestro sistema educativo. Un reciente informe de la Unión Europea revela que España es el segundo país de la UE con mayor índice de fracaso escolar. El porcentaje de alumnos que abandonan los estudios antes de acabar secundaria llega al 31,2 por ciento, un dato sólo superado por Malta y que nos coloca al mismo nivel que Portugal. Por contra, la media europea de jóvenes entre 18 y 24 años que no han concluido la enseñanza secundaria se sitúa en el 14.4 por ciento. Demasiada diferencia con los países de nuestro entorno. Pero no sólo eso: en los últimos diez años el nivel de fracaso escolar en España se ha incrementado en 7,2 puntos. Las cifras confirman la crítica situación de nuestro sistema educativo, que se ha ido deteriorando a medida que se aplicaban las diferentes leyes y reformas de la educación, leyes que no han definido unos objetivos claros y evaluables de mejora de los resultados educativos para facilitar la integración en el mercado laboral a jóvenes bien preparados. Junto a esto, el boom económico que vivió España actuó de reclamo para muchos jóvenes que dejaron de lado sus estudios a cambio del dinero fácil que les proporcionaba un mercado lleno de oportunidades para trabajos no cualificados. El estallido de la burbuja inmobiliaria, y  la grave crisis posterior, han invertido esta tendencia y han acabado por elevar la cifra de desempleo juvenil por encima del 40 por ciento. También la banalización social, que eleva a los altares catódicos a zánganos convertidos en famosos de la noche a la mañana actúan como referentes para una juventud que ha adoptado la cultura del mínimo esfuerzo. Es significativo comprobar que los países con mayores tasas de crecimiento económico y menores tasas de desempleo, como Alemania, se distinguen también por un nivel de abandono escolar inferior a la media. E igualmente revelador es que el gasto público en educación en España, 4,35% del PIB, sea también menor que la media europea, situada en el 4,96% del PIB. Como ha dicho el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, reducir el abandono escolar es el gran reto educativo y uno de los mayores retos sociales que se le presenta a España. No puede tener más razón. Manos a la obra.

Publicado el 4 de febrero de 2011 a las 09:30.

La reciente sentencia que ha declarado ilegal la huelga salvaje que protagonizaron los sindicatos del metro de Madrid, los mismos que amenazaron con reventar -y reventaron- la ciudad el pasado mes de junio, y que consiguieron cerrar el metro durante 48 horas, va a marcar un antes y un después en el ejercicio del derecho de huelga, pues por primera vez en la historia un juez declara ilegal una huelga. La sentencia del juzgado de lo social de Madrid es de tal contundencia que no deja lugar a dudas: considera que el servicio que presta el metro es esencial para los ciudadanos y por tanto, no puede quedar lesionado o puesto en peligro por cualquier situación de huelga. La magistrada, además, califica de extralimitada y desproporcionada la actuación de los sindicatos responsables del paro. La sentencia detalla cómo durante el 29 y el 30 de junio "miles de ciudadanos se vieron impedidos o dificultados para realizar sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, lo que produjo un caos circulatorio al no poder absorber los transportes públicos alternativos, a pesar de ser reforzados, la demanda de los habitualmente usuarios del Metro". Como consecuencia de este pulso de los sindicatos, 3,5 millones de viajeros se quedaron bloqueados durante esos dos días; la compañía perdió 5,7 millones de euros por ingresos directos y, además, se generaron unas pérdidas totales de 4,7 millones. Verdaderamente pusieron la ciudad de Madrid patas arriba. Viendo el daño causado, la lectura de esta ejemplar sentencia, que pone a cada uno en su sitio, ayuda a devolver la confianza en la justicia. Los sindicatos deberían leerla con detenimiento y extraer sus conclusiones, la primera y más importante, asumir que un derecho que se ejerce de forma abusiva o antisocial no está amparado por la Ley. El fallo no pone en cuestión el derecho a la huelga, pero no deja resquicios en el ordenamiento jurídico para una huelga ilegal. Quienes la convoquen deben saber que el enorme daño provocado no les saldrá gratis. Aunque en este caso la huelga del metro era más política que de reivindicación laboral, pues lo que verdaderamente perseguía era poner contra las cuerdas a Esperanza Aguirre, pero los dirigentes sindicales se lo pensarán dos veces antes de volver a convocar una huelga salvaje. Ahora tendrán que hacer frente a la reclamación económica por los daños provocados. Se ha acabado el tiempo de sufrir sin pestañear los pulsos de ciertos colectivos cuya fuerza reside en el control que ejercen sobre servicios esenciales. Una sentencia ejemplar.

Publicado el 28 de enero de 2011 a las 11:00.

PSOE, PP, y CIU se han puesto de acuerdo para sacar adelante en el Senado la ley contra la piratería en Internet, conocida como Ley Sinde. La enmienda consensuada entre los tres partidos persigue reforzar las garantías judiciales cuando se trata de cerrar una web que facilite la descarga de contenidos sujetos a derechos de autor, uno de los principales motivos de controversia que provocaron su rechazo en el Congreso. En el texto original, se arrogaba a una Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del ministerio de Cultura, la potestad para identificar al responsable de la prestación de servicios en Internet supuestamente ilegales. Con la nueva enmienda, será imprescindible pedir una autorización judicial para poder identificar al presunto infractor, y una segunda autorización judicial para ejecutar medidas de cierre de las páginas que vulneren la ley de propiedad intelectual o para retirar contenidos. Sobre el otro de los puntos de discordia, el canon digital, el Gobierno se compromete a modificar en un plazo de tres meses la regulación de la compensación por copia privada, medida que no ha tenido más remedio que adoptar bajo la apariencia de negociación para poder ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que prohibía la aplicación del canon de forma indiscriminada. Hay que felicitarse porque hacía tiempo que esperábamos que PSOE y PP fueran capaces de llegar a un acuerdo en algo, y más en un asunto tan controvertido y que ha generado tantas pasiones a favor y en contra como las descargas en la red. Y en segundo lugar, porque las enmiendas aprobadas garantizan una mayor protección a los derechos de creadores e internautas. Es un motivo de alivio que finalmente sea un juez el que pueda autorizar el bloqueo de un contenido sobre el que se ha formulado una denuncia, y no que se actúe sin denuncia previa. Aunque nunca llueve a gusto de todos y el debate entre defensores y detractores se ha extendido por la red, alentado por la dimisión del presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que ha calificado de "desastre" la Ley Sinde. Tampoco las asociaciones de internautas ven por ningún lado los beneficios de una ley que según dicen, instaura la censura preventiva en Internet. La realidad es que, por mucho que la ley pretenda evitarlo, sobran los ejemplos que nos demuestran que la tecnología siempre va un paso por delante de la política. La Ley Sinde conseguirá cerrar alguna página de descargas ilegales, pero surgirán nuevas páginas que sortearán la ley. No se pueden poner puertas al campo.

Publicado el 27 de enero de 2011 a las 10:45.

La negativa de la número dos del PSM, Trinidad Rollán a dejar su cargo en el partido tras haber sido condenada por prevaricación por el caso Patrimonio Siglo XXI cuando era alcaldesa de Torrejón, y el empecinamiento del secretario general, Tomás Gómez, en mantenerla a toda costa, es una situación insostenible para ambos. Tomás Gómez ha dado por zanjado el tema, aunque la condena del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es incuestionable: ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público por saltarse la ley para adjudicar a dedo unos terrenos a una empresa sin pasar por el preceptivo concurso público. La condena llega en el peor momento para Tomás Gómez, a cuatro meses de las elecciones. Al candidato socialista va a resultarle muy difícil convivir con la sombra de la corrupción por más que se empeñe en que con la dimisión de los concejales socialistas condenados es suficiente para hacer cumplir una sentencia que aún no es firme. Gómez insiste en que Trinidad Rollán no ha sido condenada por corrupción, pero lo cierto es que siendo alcaldesa se valió del poder que ostentaba para tomar a sabiendas una resolución injusta. La sentencia no habla de lucro personal porque no se ha investigado, y por tanto no hay cohecho, pero es un caso claro de corrupción en tanto una empresa se ha lucrado con una decisión adoptada injustamente y a sabiendas con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales. Una vez probado por el Tribunal Superior de Madrid que la adjudicación fue irregular, habrá que explicar por qué se hizo así, qué motivó al equipo municipal socialista a adjudicar a dedo una parcela a una empresa determinada, y con qué interés, pues el tufo que desprende la operación sigue en el aire. En estas condiciones, Tomás Gómez tiene un dilema: mirar para otro lado y mantenerla en supuesto, y más aún, mantenerla en la comisión federal encargada de elaborar las listas electorales, que es lo mismo que reconocer una doble vara de medir ante los casos de corrupción que con tanta virulencia ha denunciado cuando afectaban al PP, o bien actuar en consecuencia a la gravedad de la condena y separarla de sus cargos. Se mire como se mire, con enriquecimiento o sin él, un delito de prevaricación es de las cosas más graves que se le pueden achacar a un político. No parece, por tanto, la más indicada para señalar quién debe o no formar parte de una lista electoral. Aunque en Ferraz están cerrando filas para no hacer más sangre, veremos cuánto tiempo puede Tomás Gómez aguantar el pulso con su segunda.

Publicado el 21 de enero de 2011 a las 13:00.

Las lenguas cooficiales han entrado en el Senado permitiendo por primera vez a sus señorías que utilicen el catalán, euskera, gallego y valenciano en sus discursos en el pleno. Hasta ahora sólo se permitía en el debate del estado de las autonomías y en las sesiones de la comisión de las comunidades autónomas, pero desde ya, los senadores pueden seguir las intervenciones gracias a un sistema de traducción simultánea y pinganillos instalados en sus escaños. El servicio, con siete traductores, costará 12.000 euros por pleno: unos 250.000 euros al año, más los 100.000 euros de la traducción que ya se prestaba en comisión. Siempre he defendido que los medios de comunicación debemos proyectar a la sociedad una imagen de cordura, sentido común y responsabilidad, puesto que contribuimos a la creación de opinión y a la formación de la conciencia crítica de quienes nos leen, ven o escuchan. Pero ante caminos tan surrealistas como el que ha decidido emprender el Senado con la ocurrencia del plurilingüismo, he pasado con asombrosa facilidad del sonrojo al bochorno y de la indiferencia que tradicionalmente me han provocado las tediosas sesiones del Senado a la estupefacción por el esperpento en que se ha convertido la Cámara Alta. Hago soberanos esfuerzos para intentar que mi sentido de la responsabilidad no nuble mi sentido común y me impida expresarme con la mesura con que cada semana me asomo a esta página, porque lo que me pide el cuerpo es liarme la manta a la cabeza y echarme al monte en una llamada a la rebelión ciudadana y a la insumisión fiscal. Como español me siento profundamente avergonzado, decepcionado y cabreado porque el dinero de mis impuestos se utilice para sufragar la imbecilidad de tener que utilizar traducción simultánea para que los senadores puedan entenderse, pues se ve que en el idioma común son incapaces de hacerlo. En tiempo de crisis y de necesaria austeridad, de dificultades para la mayoría de los españoles, gastar 350.000 euros en esta patochada es una inmoralidad. Que se lo pregunten a los que les han retirado las ayudas de 450 euros con la que malvivían, o a los más de cuatro millones de parados. Despilfarros como este no tienen nada que ver con la defensa de las lenguas, pues ningún idioma oficial sufre menoscabo o persecución, si acaso el castellano en Cataluña y sólo responden a otra cesión ante la presión del nacionalismo. Convertir el Senado en una torre de Babel es una burla que sólo sirve para aumentar la desafección de los ciudadanos hacia los políticos.

Publicado el 21 de enero de 2011 a las 09:45.

Lo primero, conviene señalar  que desde que ha entrado en vigor la ley antitabaco, el ambiente que se respira en cafeterías, restaurantes y locales de copas, es infinitamente más limpio que hace unos días. Lo segundo, se puede estar de acuerdo o no con ellas, pero es incuestionable que las leyes están para ser cumplidas, y quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias. Nos pongamos como nos pongamos, nadie está por encima de la ley. También las más estúpidas deben ser cumplidas, como la que ha puesto en estado de crispación a la mitad de los españoles. Lo tercero, la libertad individual debe ser igualmente respetada. Fumar es perjudicial para la salud, como también lo es tomar el sol en exceso, abusar del alcohol o dormir poco. Pero allá cada cual con su salud mientras no afecte a la de los demás. Y por supuesto, y cuarto, estoy a favor de preservar la salud del fumador pasivo. Con este cóctel en el que unos argumentos pueden convivir perfectamente con los otros, pongamos un poco de sentido común y no saquemos las cosas de quicio. Estoy a favor de que se prohíba fumar en lugares públicos cerrados y en las cercanías de zonas infantiles, pero rechazo la persecución a los fumadores. Son personas, no apestados, aunque huelan a tabaco que apestan. No entiendo por qué razón no pueden reunirse en lugares habilitados para ellos a echarse su pitillo, ni entiendo qué le puede afectar al no fumador que alguien se siente en un  restaurante en un espacio propio ya existente sin molestar a los demás. Es evidente que con el pretexto de mejorar su salud y la del fumador pasivo, el objeto último de esta ley es que el fumador deje de fumar, pero es una decisión que se debe adoptar por voluntad propia, no impuesta. Y tampoco entiendo entonces que se permita la venta de tabaco en los mismos lugares en los que se prohíbe su consumo. Y ya el colmo del desquicie es la paranoia delatora contra el fumador. Una ley que invita a la delación anónima arrojando a unos ciudadanos contra otros es lo que faltaba para crispar aún más a esta sociedad. Por más que lo intento, y no soy fumador, no termino de acostumbrarme a tanto disparate. Lo siento por los vecinos que van a tener que soportar a todas horas el bullicio de los fumadores que salen a la calle para  darle al tabaco, por los hosteleros que gastaron su dinero en acondicionar zonas habilitadas como les exigía la ley, por los que van a ser denunciados por un chivato, y en general, por todos aquellos que creemos en la libertad individual. Entre regular los derechos y eliminarlos, media un abismo.

Publicado el 13 de enero de 2011 a las 13:15.