Sin acritud

Los tiempos de crisis son, por lógica, tiempos proclives a la agitación y a la movilización social. En España lo hemos visto estos últimos días, a través de ese movimiento de ciudadanos descontentos que, bajo el nombre de Democracia Real Ya, ha agitado las calles del centro de Madrid y otras ciudades, y ha copado buena parte de los titulares de los periódicos. No les faltan razones a estos ciudadanos -la mayor parte jóvenes, un colectivo con el que la tasa de desempleo se ceba especialmente- para mostrar su insatisfacción y su frustración ante un panorama político con el que no se sienten identificados. Otra cosa es que, más allá de la legítima crítica a nuestros representantes políticos, se echen en falta igualmente propuestas y alternativas por parte de este heterogéneo movimiento. Pero el deseo y la necesidad de mejora no deben confundirse con el desprecio a un sistema, la democracia, que en España tardamos años en conquistar y sobre el que se asienta un progreso socioeconómico que, aún en tiempos de dificultades, asegura unos mínimos y tiene como piedra angular la libertad. No se puede negar, por evidente, que la situación de España ha empeorado drásticamente en los últimos años. Ahí están los indicadores que sentencian como jueces inexorables que hemos pasado de la octava a la duodécima potencia mundial. También es verdad que la contienda entre los partidos políticos y la falta de entendimiento entre ellos en aspectos esenciales ha erosionado mucho su credibilidad. Pero quizá sea importante que todos y cada uno de nosotros hagamos autocrítica y arrimemos el hombro para salir adelante, en vez de buscar una y otra  vez culpables a quienes endosar la responsabilidad de la crisis. Para ser justos, nuestra situación, pese a las dificultades económicas y a las alarmantes cifras de paro, resulta envidiable tanto para generaciones anteriores de españoles, que vivieron bajo el látigo de la dictadura, como para otros países que aún no han alcanzado la democracia. Sin una estructura institucional democrática sólida es muy difícil, por no decir imposible, que un país cree riqueza de forma sostenible y la distribuya. Por eso es importante que el próximo 22 de mayo acudamos a las urnas para elegir a nuestros representantes para estos tiempos de incertidumbres. Este domingo tenemos, por encima de todo, una cita con la democracia. Seamos críticos, pero no por ello dejemos de ser constructivos. No despreciemos lo que tanto costó conseguir. No le demos la espalda a nuestras conquistas. Se trata de una cita con la libertad.

Publicado el 19 de mayo de 2011 a las 10:45.

La escasa audiencia cosechada por Telemadrid durante la emisión de los debates electorales que enfrentaron el domingo a los candidatos autonómicos y el lunes a los del ayuntamiento de Madrid evidencia que los madrileños esperaban otra cosa en lugar del encorsetado formato pactado por los tres partidos. La audiencia media del debate que enfrentó a Esperanza Aguirre, Tomás Gómez y Gregorio Gordo fue de un 6,4%, mientras que al día siguiente, el de Gallardón, Lissavetzky y Ángel Pérez cosechó un 5,3% de audiencia, cuando la media de Telemadrid ronda el 7%. Y eso a pesar del morbo que provocaba presenciar a Tomás Gómez debatiendo cara a cara por primera vez con Esperanza Aguirre. Pero la rigidez del modelo pactado, en forma de triple enfrentamiento por parejas dividido en bloques temáticos con los tiempos muy cerrados, le restó agilidad al debate. Ninguno de los aspirantes se salió del guión previsto y todos ellos se limitaron a exponer sus programas en líneas muy generales con los consabidos mensajes repetidos hasta la saciedad en los últimos días. El afán privatizador, el copago o los recortes en sanidad, educación y servicios sociales que Gómez echó en cara a la candidata popular, no fueron suficientes para turbar a una Esperanza Aguirre que alardeó de gestión como aval frente a las políticas del gobierno central que han llevado al paro a cinco millones de personas. Entre medias, la declaración de amor de Tomás Gómez al candidato de Izquierda Unida, que se empeñó en dejar claras las diferencias de su proyecto con el socialista. En definitiva, nada que sorprendiese a los espectadores; un resultado previsible a causa de un formato que ha hurtado cualquier posibilidad de presenciar una disputa dialéctica de mayor altura. Los ciudadanos se merecen una fórmula más ágil en la que los candidatos sean capaces de transmitir algo más de emoción a la hora de enumerar sus propuestas y de confrontar las del contrario como alternativa a las tediosas campañas electorales tradicionales. El debate entre candidatos debería ser el momento cumbre de la campaña electoral y no un mero trámite como el que hemos presenciado. Y sin embargo hubo momentos, como en el duelo Aguirre-Gómez, en los que se descubrió a un candidato sólido y seguro de sí mismo que aguantó el envite y supo estar a la altura de una política bregada y crecida. Un rival a tener muy en cuenta si no se desinfla por los resultados desfavorables que le auguran las encuestas, que promete  aportar intensidad y apasionamiento a los plenos de la Asamblea de Madrid.

Publicado el 13 de mayo de 2011 a las 09:00.

Me  inspira confianza José Bono cuando habla del terrorismo y de la defensa de la unidad de España, bastante más que cuando lo hacen muchos otros miembros del partido socialista. Bono tiene la costumbre, aunque no siempre le favorece, de decir alto y claro aquello que piensa. Al menos cuando lo dice, sabemos que lo piensa de verdad. Aunque Bono, como el resto de políticos, no siempre dice todo lo que piensa. Lo que en esta ocasión el presidente del Congreso ha dicho, que no le gusta la sentencia del Tribunal Constitucional que permite a la coalición Bildu presentarse a la elecciones, es algo que coincide en gran medida con lo que pensamos  muchos españoles a los que nos indigna que los proetarras vuelvan a los ayuntamientos. No le gusta que ETA se vuelva a colar en las instituciones y ruega a Dios que "sea una decisión buena para acabar con el terrorismo". Pero también ha dicho Bono que "lo único cierto es que están en las elecciones porque quien podía autorizarles les ha autorizado". Podía José Bono continuar y decir lo que realmente pensaba, y seguramente coincidiría con el sentir de la mayoría de los españoles, que Bildu estará sentada en las instituciones porque así lo han querido los magistrados nombrados a propuesta del PSOE. O lo que es lo mismo, si el Gobierno lo hubiera querido realmente, hoy estaríamos celebrando la sentencia como un triunfo del Estado de Derecho frente a los terroristas y quienes les apoyan. Sobran las interpretaciones. Desde fuera, los ciudadanos percibimos que el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia más política que jurídica y que se ha perdido una gran oportunidad de seguir aislando a ETA. Estamos acostumbrados a no sorprendernos por decisiones judiciales, pero en esta ocasión, la opinión que han expresado en su voto particular los magistrados disconformes con la sentencia va mucho más allá. Abiertamente denuncian que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones actuando como tribunal de segunda instancia y sometiendo al Supremo a un juicio de apelación. Razones jurídicas al margen, lo peor de la legalización de Bildu es que se veía venir. Cuesta creer que el Gobierno no esperaba una sentencia favorable al entorno de ETA, y que no estamos ante la escenificación de un proceso que el tiempo terminará de confirmar. Sea o no como aparenta, la única realidad se parece mucho a la que Jaime Mayor Oreja ha venido denunciando hasta la saciedad: según la hoja de ruta diseñada por ETA, veríamos a los terroristas volver a las instituciones.

Publicado el 12 de mayo de 2011 a las 17:30.

Había buen rollo en la fiesta. Exquisiteces de la región regadas con caldos de Madrid.  Cordialidad entre contendientes que esperemos se mantenga en las dos semanas de campaña electoral. La tradicional recepción en la Puerta del Sol con motivo del Dos de Mayo fue de las más multitudinarias que se recuerdan. No cabía un alfiler en la sede del Gobierno Regional entre los más de 1.500 políticos, periodistas, actores, toreros, personajes del mundo de la cultura, el espectáculo, la sociedad civil y los clásicos profesionales del canapé que nunca fallan en este tipo de actos. Pero en contraste, no hubo un sólo ministro. No estaban, aunque se les esperaba, al menos a alguno de ellos, en representación del Gobierno. Siempre ha sido así. Ni en los ocho años de presidencia de Esperanza Aguirre, ni en los de gobiernos anteriores había faltado nunca un ministro a los actos institucionales del Día de la Comunidad, un feo que la propia Aguirre se encargó de recordar y para el que no se encuentra justificación, salvo que dan por perdido Madrid como se comentaba en los corrillos. No era, desde luego, el mejor día para los socialistas. La EPA les acababa de fastidiar el fin de semana con unos datos demoledores de casi cinco millones de parados. Y para terminar de aguar el puente, el lunes amanecía con la publicación de sendas encuestas en El País y Público, dos medios amigos, augurando pésimos resultados para el socialismo en Madrid. Así que optaron por hace mutis por el Foro y dejar solos a Jaime Lissavetzky y Tomás Gómez, que tuvieron que tragar lo indecible para tratar de justificar el plantón institucional, pues la espantada del Gobierno de Zapatero sólo se entiende en el deseo de escurrir el bulto cuando vienen mal dadas, en hacer un desaire a Esperanza Aguirre, o ambas cosas. Lo malo es que el desaire del Gobierno no es a Esperanza Aguirre, es a todos los madrileños, por lo que no puede quedar en la anécdota de la fiesta ni en el enfado de la Presidenta. Sería deseable una disculpa, o al menos una aclaración convincente que justifique por qué nadie acudió a los actos institucionales, que no son actos de partido. Por lo demás, el clima reinante denotaba las buenas relaciones internas que goza el PP en contraste con épocas pasadas. Qué tiempos aquellos en los que la recepción del Dos de Mayo despertaba el morbo del desencuentro entre Gallardón y Aguirre. Por no haber, ni siquiera hubo besamanos de la Presidenta. Ya ni el jamón sabe a jamón...

Publicado el 6 de mayo de 2011 a las 10:00.

Lo  que muchos ciudadanos se preguntan, después de conocer las cifras de paro que ha arrojado la encuesta de población activa, cada vez más cerca de la barrera psicológica de los cinco millones de desempleados, es cuándo, realmente, va a cambiar esa tendencia. Resulta  complicado confiar en que la sangría del desempleo "ha tocado techo" y que "estamos en el peor momento", como sigue asegurando el Gobierno. En plena digestión de los datos de la EPA, el Gobierno sigue lanzando balones fuera con manifestaciones que ni siquiera por pronunciarse en el fragor de un mitin a las puertas de las elecciones, tienen justificación. Las palabras de Rodríguez Zapatero el pasado fin de semana afirmando que "nosotros [el PSOE] combatimos un paro que otros generaron" no han sido muy afortunadas y demuestran el empeño en no separarse un ápice del guión establecido en el manual de campaña. Un guión que consiste en evitar el más elemental ejercicio de autocrítica y en responsabilizar de todos los males de la economía española a la crisis financiera internacional. Este discurso ha desconectado a nuestros dirigentes de la realidad en un país cuyo rescate por parte de la Unión Europea es aún una amenaza latente que, aunque lejana, no hay que descartar. Es cierto que la confianza de la ciudadanía constituye una pieza fundamental para el buen funcionamiento de los mercados. Pero no si para conseguirla se recurre a la tergiversación de la realidad. Quizá convendría echar mano de hemerotecas y refrescar algunos datos que el presidente obvió en su intervención, empezando por situar el inicio de la negada crisis en su punto justo: el brutal desplome del empleo en España se inició un año antes de la quiebra de Lehman Brothers, suceso que prendió la mecha de la crisis en el corazón de Wall Street. La tasa de paro en España (21,9%) supone un nuevo récord histórico, dobla la media de la Unión Europea y triplica la de Alemania, tras haber arrancado la crisis en el mismo nivel que este país; Durante el primer trimestre se destruyeron 256.500 empleos;  el paro afecta al 45,39% de los jóvenes; desde 2007 se han destruido 2.358.900 empleos, y la tasa del paro entre los inmigrantes es del 31,99%. No por obviar estos datos, que nos sitúan frente a la más cruda realidad, los ciudadanos, en especial los que más de cerca sufren la crisis, están dispuestos a seguir renovando su confianza en el gobierno actual. Las encuestas indican que van a expresar su rechazo en las urnas. Aunque lo que se juega el 22 de mayo no sea la continuidad de Zapatero.

Publicado el 5 de mayo de 2011 a las 16:00.

Lo bueno que tienen las elecciones es que cada cuatro años los políticos se acuerdan de los ciudadanos y exprimen su imaginación para sacar de la chistera las propuestas más imaginativas en una especie de subasta para a ver quién da más con tal de  captar el disputado voto. Está bien que esperen hasta el último momento, así nos mantienen en vilo. A tres semanas de las urnas, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que reclamará al Gobierno una modificación de la Ley de Haciendas Locales para que permita a los ayuntamientos aplicar bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que se ha venido a denominar el IBI Social. Es una propuesta que no es nueva, ya la había lanzado hace días el candidato de Izquierda Unida, Ángel Pérez, en la que también coincide el candidato del PSOE, Jaime Lissavetzky, y se recogía en el programa electoral popular de 2007.  Dado su carácter "social" su implantación favorecería a los colectivos con menos posibilidades económicas. Hasta aquí, muy razonable, aunque cuando la izquierda y la derecha coinciden en una misma propuesta, es normal que el ciudadano tienda a pensar que hay gato encerrado. Así que los madrileños nos podemos ir preparando para soportar el catastrazo que se avecina, puesto que el año que viene toca revisar el valor catastral de los inmuebles en la capital, y el alcalde ya ha solicitado dicha revisión, lo que significa una subida del IBI. El Ayuntamiento está tieso como la mojama y necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Hay pocas fórmulas para hacerlo: una es reduciendo el gasto, una práctica poco utilizada por el alcalde en los últimos ocho años; otra, subiendo los impuestos. Pueden hacer sus apuestas, pues la jugada está clara, y hay que esperarse la más previsible, la apuesta por la vía impositiva. La propuesta de IBI Social de Gallardón es ni más ni menos que la antesala de una nueva subida de impuestos que va a recaer fundamentalmente en las clases medias. Para los menos pudientes no se incrementaría el IBI, mientras que las rentas medias, que son las que siempre acaban pagando el pato, van a compensar en sus recibos las bonificaciones sociales. Al final, lo de siempre, a pagar y a callar. Se pueden estudiar otras alternativas, como bajar el tipo que aplica al IBl, donde el Ayuntamiento aún tiene margen,  o aplicar las bonificaciones voluntarias de que dispone y no utiliza, tal como le recuerda Lissavetzky. Y una tercera, que le reclaman desde la izquierda como desde la derecha, que elimine la tasa de recogida de basuras.

Publicado el 29 de abril de 2011 a las 13:00.

El paro es con diferencia, según los sondeos de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, junto con la situación económica, la principal preocupación de los españoles. El terrorismo hace tiempo que pasó a un segundo plano en la lista de asuntos que le quitaban el sueño a la ciudadanía. Los éxitos policiales en la lucha contra ETA, la debilidad de la banda cada vez más mermada en su capacidad operativa y sobre todo, el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PP y el PSOE en diciembre del 2000 para reforzar la unidad contra ETA y asegurar que las políticas contra el terrorismo no fueran utilizadas para ganar votos, han dado sus frutos en esta última década. Pero sigue habiendo cuestiones de muy difícil digestión para los ciudadanos, por más que su foco de atención esté puesto en cómo llegar a fin de mes. Provoca grave alarma social y verdadera indignación que el sanguinario pistolero Antonio Troitiño, con un historial de 22 asesinatos a sus espaldas, haya sido excarcelado tras pasar sólo 24 años en prisión. Como también levanta náuseas la mera posibilidad de ver en un gobierno municipal a los proetarras. Hay que intentar evitar con todos los medios del Estado de Derecho que ETA se cuele en las instituciones. La Abogacía General del Estado y la Fiscalía han impugnado ante el Tribunal Supremo todas las candidaturas presentadas por Bildu tras analizar los informes policiales que concluyen que la coalición es fruto de la estrategia establecida entre ETA  y la izquierda abertzale, y que algunos de sus integrantes mantienen vinculaciones con Batasuna. Esto debería ser suficiente para que el Partido Popular y el Gobierno aparcaran  sus diferencias y cerraran filas para que el Supremo proceda a la anulación de todas las listas. Así lo ha solicitado el PP, que ha pedido al Gobierno, más allá de las discrepancias acerca de la viabilidad jurídica de este recurso, que promueva no sólo la impugnación de las listas de Bildu, sino toda la candidatura, es decir, de la coalición como tal. En caso contrario, se corre el riesgo de que repetir el mismo error que se cometió hace cuatro años con ANV, cuando el Supremo dió por buenas algunas listas en determinados municipios, impugnando sólo aquellas en las que había pruebas fehacientes de que estaban integradas por miembros de batasuna. Esto permitió a ANV, o lo que es lo mismo, a ETA, hacerse con el poder en más de cuarenta municipios vascos. Entonces se estaba en el escenario de los gestos tras el fracasado proceso de paz. Ahora conviene despejar cualquier atisbo de duda.

Publicado el 28 de abril de 2011 a las 13:30.

No tiene nada de malo que los ateos se manifiesten en la calle y hagan patente su ateísmo. Están en su derecho de manifestar libremente sus creencias o su falta de ellas y de criticar a la religión católica, musulmana, la Iglesia de la Cienciología, los mormones o a los adventistas del Séptimo Día. Personalmente me da lo mismo. Creo profundamente en la libertad de expresión. Lo que no entiendo es la necesidad de convocar una manifestación anticatólica en pleno Jueves Santo en Madrid, a unos metros de las procesiones más importantes de la capital, salvo que lo que realmente se persiga no sea reivindicar el ateísmo, sino simple y llanamente, buscar la provocación. Invocar a la "hermandad de la santa pedofilia" o la "cofradía de la virgen del mismísimo coño" dice bastante del nivel de los convocantes. En otro momento hasta me provocaría risa, pero ya ha pasado el carnaval. Cualquier persona tiene derecho a no tener creencias religiosas y a expresarse como mejor entienda, pero eso no le exime de su obligación de respetar las creencias de los demás. Es un signo de elemental convivencia cívica. Hay muchos días al año y calles en Madrid para organizar esta patochada, que no tendría mayor trascendencia si los medios de comunicación no nos hiciéramos eco. No quiero imaginar el rechazo que provocaría una asociación anti homosexual que convocara una marcha el mismo día, a la misma hora, y en la misma zona que la marcha del orgullo gay. Se consideraría un grave ataque a la libertad individual y una provocación. Por otra parte, dudo mucho que los 'librepensantes' que aspiran a reventar algunas de las procesiones más arraigadas de Madrid, a las que acuden por igual tanto católicos practicantes como turistas y visitantes que disfrutan presenciando una tradición de considerable valor cultural, tuvieran arrestos suficientes para manifestarse en pleno ramadán frente a la mezquita de la M-30 mofándose de los ritos musulmanes. Es progresista criticar la prohibición de utilizar el burka en público, pero se mira para otro lado cuando las tradiciones cristianas son las atacadas. Lo que le falta a este país es combatir la intolerancia con mayores dosis de fanatismo. Vivimos en democracia, e independientemente de que el Estado se defina en la Constitución como aconfesional, que no laico, esto debería ser garantía suficiente de respeto y convivencia entre todos los ciudadanos, piensen lo que piensen y crean en lo que crean. No se trata de ser o no creyente, sino de ser demócrata. Y la democracia es, sobre todo, respeto.

Publicado el 15 de abril de 2011 a las 09:00.

El Tribunal Supremo ha dictado apertura de juicio oral contra el juez Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación continuada y violación de la garantías constitucionales  en la investigación de la trama Gürtel. El magistrado del Supremo Alberto  Jorge Barreiro sostiene que Garzón utilizó medios ilícitos para intervenir las comunicaciones en la cárcel entre el principal cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, y sus abogados, a sabiendas de que no podía hacerlo. El auto del magistrado es particularmente duro al afirmar que Garzón "con la finalidad de obtener información de relevancia para el proceso que no tenía la seguridad de obtener mediante la utilización de medios lícitos, decidió acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieron los internos con sus abogados". Es un asunto de la máxima gravedad, aunque la licitud o no de las grabaciones es una cuestión sobre la que diferentes magistrados han emitido opiniones discrepantes, por lo que no conviene emitir juicios de valor precipitados. Sin poner en cuestión el criterio del juez del Supremo, vaya por delante que Garzón, antes que juez, es un ciudadano como los demás, y como tal, debe estar sometido igual que todos al criterio de la ley. En su haber tiene importantes éxitos judiciales y muchas actuaciones que le han valido el aplauso dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha hecho grandes servicios al Estado en materia de persecución del narcotráfico y del terrorismo. El caso Gürtel es una de las mayores tramas de corrupción conocidas y es encomiable el celo demostrado para llegar hasta el fondo de la basura. Pero de ninguna manera, por graves que sean los delitos investigados, se puede pasar por encima de las debidas garantías procesales. La sola mención a la posibilidad de haber prevaricado es lo más grave que se le puede imputar a quien tiene el encomiable mandato social de administrar justicia con rectitud e imparcialidad. Por tanto Garzón, como cualquier otro juez que incurriera en el mismo error, debe responder ante un tribunal para dirimir sus responsabilidades si las hubiera. Cierto es que su actuación en el caso ha abierto una puerta a los principales imputados en la trama para que puedan invalidar las escuchas como prueba incriminatoria, lo que podría dejar impunes a Correa y a sus compañeros de corruptelas. Pero igual de preocupante resulta que el juez que ha investigado el caso se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgado antes incluso que cualquiera de los implicados en la trama. El remedio puede ser más nocivo que la enfermedad.

Publicado el 14 de abril de 2011 a las 12:00.

Todas las mañanas, cuando me dirijo a primera hora al periódico me llama la atención la larga cola que se forma a las puertas del comedor social Ave María, regentado por la Real Congregación del mismo nombre, en la esquina de la calle Doctor Cortezo con Atocha. Es uno de los muchos comedores que hay en Madrid, en los que se repite la misma escena. Ya sea con el intenso frío del invierno, con la bonanza de la primavera, o con el calor aplomado y pegajoso del verano, allí está, imperturbable a las inclemencias del tiempo, el crisol humano de menesterosos aguardando su turno para llevarse algo de alimento a la boca. La generosidad de estas congregaciones ha convertido un acto de caridad en cita obligada para cientos de personas, personas con nombres y apellidos aunque parezcan seres anónimos, que han pasado a formar parte del paisaje del barrio. Mientras aguardo que se abra el semáforo, no puedo evitar mirar a la fila. He visto día tras día como a los rostros más curtidos por años de malvivir a la intemperie se han ido sumando nuevos perfiles que denotan una escala social más acomodada que se ha venido abajo arrastrada por la crisis. Al cruzar nuestras miradas, me viene a la cabeza la imagen de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE que han votado en una sesión del Parlamento Europeo contra la medida que pretendía limitar los vuelos en primera clase y obligarles a viajar en turista. Los eurodiputados, cuyos partidos defienden en España medidas de austeridad, reducciones de salarios y pensiones, no han sido capaces de aplicarse para sí mismos las medidas de austeridad que reclaman a los demás. Se hace patente que en la defensa de los privilegios no hay colores ni siglas. El clamor ha sido tan fuerte en las redes sociales que los diputados han tenido que dar marcha atrás. Cómo no van a sentir los ciudadanos cada vez mayor desafección hacia sus representantes políticos que demuestran tan escasa sensibilidad. La realidad es tozuda. El barómetro del CIS nos recuerda el rechazo que la clase política provoca en la ciudadanía. Es lo que más preocupa a los españoles, por detrás del paro y la situación económica. Para el 81,8 % de los encuestados el paro es el principal problema. El 42,2% cree que las cosas seguirán igual y el 31% considera que empeorarán aún más. El Gobierno acaba de anunciar una rectificación de sus previsiones económicas: más paro y menos crecimiento. ¿Quién soluciona el drama humano que esto provoca? Vuelvo a mirar a la fila, pienso en los políticos y no encuentro respuesta.

Publicado el 8 de abril de 2011 a las 09:00.