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¿Hay que prohibir el burka? Esta es la pregunta que empieza a extenderse en varias poblaciones catalanas y que ha llegado hasta la cámara alta, donde ha dado pie al debate sobre si se debe legislar sobre ello. De momento, Lleida se ha convertido en la primera ciudad del Estado en prohibir en edificios de titularidad municipal el uso de velos integrales como el burka y el niqab. Se esgrimen razones de seguridad, de integración y de igualdad con los derechos de hombres y mujeres, aunque todo ello choca con la libertad del individuo a vestir como le parezca.
Carece de sentido argüir motivos de seguridad, porque por la misma regla de tres se deberían prohibir ciertas pamelas, gafas de sol e incluso gorras. Tampoco parece una buena estrategia ilegalizar la prenda para mejorar la integración de la población musulmana. La experiencia nos muestra que las prohibiciones pueden incitar a ir contra las normas por pura rebeldía.
El argumento principal, pues, se asienta sobre una reivindicación feminista, la que considera que este velo va en contra de la dignidad de la mujer y que, debido a su situación de debilidad frente al hombre, es obligada a vestir de esta manera. Entonces, la cuestión es si tenemos que ser tolerantes con los intolerantes, con todo un colectivo que, aún imaginando que no obligan, permiten que por el hecho de ser mujer se tenga que ver el mundo a través de una rejilla. A modo de apunte, recordar que esta prenda se convirtió en obligatoria en Afganistán bajo el mandato de los talibanes con el objetivo de garantizar el control sobre el cuerpo de la mujer; por eso impide la visión lateral a quien la lleva, ejerce una especial presión en la cabeza y se alarga hasta los pies, para dificultar la movilidad y garantizar la dependencia.
Publicado el 3 de junio de 2010 a las 18:30.