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Por una parte estaban los alcaldes de los municipios del Alt Empordá, que advierten impotentes cómo la región se está convirtiendo en la meca del sexo del sur de Europa. Por otra, estaba la voluntad de impulsar un nuevo macroburdel en la Jonquera por parte de un individuo cuyo historial recoge que es propietario de dos burdeles en la zona, que ha sido detenido en varias ocasiones y que está imputado por presuntos delitos de tráfico de personas y blanqueo de capitales.
Pues el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se ha puesto de su parte y Catalunya ya tiene un nuevo local para albergar a 200 chicas que tendrán cómo objetivo satisfacer las necesidades de la clientela, principalmente francesa. Porque en nuestro país vecino los prostíbulos están prohibidos. ¿Y aquí, exactamente, qué está prohibido? Poca cosa, ciertamente. Sólo comete delito quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. Es la única arma con que cuenta la policía para desmantelar a las mafias. Así, la situación de las personas que ejercen la prostitución es bastante dramática, puesto que la inexistencia total de derechos laborales se traduce, en la práctica, en una situación de indefensión legal que conduce a abusos y explotación. Esta es la situación de unas 40.000 chicas en Catalunya, aproximadamente, ya que no existen datos oficiales de una actividad que formalmente no existe. No obstante, ese oficio semiclandestino no es delito.
Entre el caso de Holanda, donde la prostitución es legal, y el extremo sueco, donde la ley no sólo prohíbe el ejercicio de la prostitución, sino que también penaliza al cliente, existen otras posibilidades. Pero el peor es el caso español, que ni prohíbe ni regulariza, sino que alienta la existencia de locales donde se puede explotar libremente a las personas porque apenas hay marco legal jurídico para defenderlas.
Publicado el 21 de octubre de 2010 a las 19:15.
