El lío de la subida del IBI del 2008
En menudo lío ha metido el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a la política local. Su decisión de anular la subida de casi un 28% en el Impuesto de Bienes Inmuebles decidida por el Pleno del Ayuntamiento de León el 28 de diciembre de 2007 -¡¡vaya inocentada!!- va a traer cola. La citada sentencia, que no es firme dado que el Ayuntamiento recurrirá al Tribunal Supremo con un recurso de casación, concluye que para ser efectiva esa subida a 1 de enero de 2008 no puede publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el 3 de enero de 2008. Pero también advierte de que el error en la publicación se debió en buena medida a la Diputación, como titular del BOP. El Ayuntamiento se agarra a este razonamiento del TSJCyL y también a que el citado Boletín de la Provincia lleva fecha de 31 de diciembre de 2007.La guerra está servida. El Ayuntamiento de León intentará por todos los medios cargar con el mochuelo a la Diputación y ésta probará hasta la saciedad que actuó de acuerdo a las ordenanzas que cifran en seis días el límite de publicación para los asuntos urgentes. El caso es que si el Supremo ratifica la sentencia habrá un lío de enormes magnitudes entre Ayuntamiento y Diputación. En juego habrá 5 millones de euros correspondientes a los 74.112 recursos que se interpusieron contra la subida y que es a los que ampara la sentencia. Pero el alcalde se comprometió a la igualdad fiscal; si había que devolver el porcentaje de la subida se haría a los 115.455 inmuebles objeto del IBI. Es decir, de hacerse firme la sentencia el Ayuntamiento tendría que pagar un mínimo de 3 millones de euros (si luego gana el recurso patrimonial a la Diputación) y hasta 8 millones si no triunfa la reclamación de los daños a la institución provincial.
Lo curioso de esta guerra es que se sabía la subida, se estudiaron las alegaciones, se sabía que era para sanear el Ayuntamiento,.. y apenas supone una media por inmueble de 70 euros, que baja a 40 si tenemos en cuenta que locales y edificios bien situados pagan mucho más.Y por un pequeño error nos metemos en un lío judicial y político de consecuencias incalculables. ¿Qué habría pasado si el Ayuntamiento no hubiera aplicado una norma que va en el BOP del 32 de diciembre? Da igual quién tenga la razón final. Lo triste es que se aproveche cualquier cosa para ridiculizar, insultar y descalificar al contrario. Es una batalla judicial con claros tintes políticos que no tiene sentido y que al final pagaremos los ciudadanos. Si hay que devolver el dinero de esa subida por sentencia firme, seguro que la ‘pasta’ saldrá de otra subida del IBI, mayor si cabe porque la ‘movida’ generará muchos gastos e intereses que habrá que pagar. Y quién sabe si entonces gobernará el PP. ¿Y si pierde la Diputación? Todos los gobernantes se aprovechan de las subidas de impuestos para poner en marcha su modelo político y cuadrar sus cuentas. No es bueno judicializar la vida política.
Publicado el 12 de marzo de 2010 a las 10:00.
