De caza

La Junta de Castilla y León ha abogado por establecer nuevos modelos para cubrir los cupos de caza del lobo y por poner en marcha una nueva metodología para llevar a cabo controles poblacionales "más efectivos y ágiles".

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, al término de una reunión mantenida con las cuatro organizaciones agrarias con representación en Castilla y León a las que ha trasladado su intención de establecer modelos para cubrir los cupos de caza autorizados en cada zona.

El consejero, quien ha reconocido que estos cupos hasta ahora no se cubrían, ha considerado "importante" esta medida, analizada ya con la Federación Regional de Caza, y a ella ha sumado, además, la creación de una nueva metodología profesional para llevar a cabo los controles poblacionales de manera "más efectiva y ágil".

Silván, quien ha apostado por las medidas preventivas sobre las compensatorias, "de nada sirve compensar si no se ataja el problema de raíz", ha aclarado, anunció también que trasladará al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el encuentro que mantendrán el miércoles, su propuesta de unificar el estatus jurídico del lobo al norte y al sur del Duero.

Esta medida, incluida en la agenda de la reunión, será defendida también por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en sus visitas a Bruselas, según lo ha destacado el consejero, quien ha recordado que el proceso de "modificación y revisión" del Plan de Gestión y Conservación del Lobo se mantiene "abierto" y que, por ello, se celebrará próximamente una reunión extraordinaria del Comité Técnico.

Entre las medidas "concretas" de control figuran, según el consejero, la entrega de perros mastines a las explotaciones, la concesión de ayudas para la instalación de vallados y la implantación de comederos específicos para la especie.

No obstante, en el encuentro, "cordial, práctico y efectivo", según Silván, no se ha llegado a un acuerdo sobre las medidas compensatorias a los ganaderos afectados por los ataques ya que, según los representantes de las organizaciones agrarias, el consejero no acepta el pago de indemnizaciones por la vía patrimonial pese a la existencia de sentencias judiciales que le obligan a indemnizar a afectados.

UNANIMIDAD EN LOS SEGUROS

Así, Aurelio Pérez, de COAG, ha señalado que los fallos judiciales señalan que los ganaderos que han sufrido ataques deben de ser indemnizados y, tras recalcar que no buscan "judicializar" el tema, ha reconocido que seguirán acudiendo a los tribunales si no les queda "más remedio".

Los jueces, ha añadido, han dicho también que no se puede obligar a los ganaderos a suscribir pólizas a este efecto aunque en el marco de la reunión no se ha analizado el tema de las indemnizaciones por vía patrimonial, a lo que ha sumado la necesidad de buscar fórmulas para indemnizar los daños causados por otras especies que "proliferan mucho".

Por su parte, Julio López, de UPA, ha reiterado la idoneidad de dar pasos en el camino de la modificación del Plan de Gestión, en el cumplimiento de los cupos de caza autorizados y a poner comederos y ha rechazado la distinta postura de OPA y Junta a propósito de las indemnizaciones por vía patrimonial.

En similares términos se ha pronunciado el responsable regional de Medio Ambiente de UCCL, Jesús Antonio Muñoz, quien ha enmarcado el diálogo con la Consejería en los "claros" de la reunión y el tema de los seguros en los "oscuros", punto en el que ha aclarado que su organización "nunca" estará de acuerdo en este asunto ya que es la Administración la que debería de sufragarlos.

UCCL sí está de acuerdo en el cumplimiento de los cupos de caza mientras que Asaja, según lo ha destacado su secretario general, José Antonio Turrado, ha valorado el "cambio de filosofía" de la Consejería en lo que a las actuaciones de prevención se refiere y, tras mostrar su conformidad con algunas de las medidas anunciadas, ha ratificado la "discordancia total y absoluta" con el sistema de seguros.

Publicado el 27 de febrero de 2012 a las 17:30.

               

Los responsables de la Alianza por la Unidad del Campo, formada por UPA y COAG en Castilla y León, trasladarán al consejero las inquietudes de los 3.000 ganaderos de la Región, que se dieron cita el pasado 8 de febrero por las calles de Valladolid para exigir al Gobierno regional soluciones a los daños de los lobos y del resto de fauna silvestre.

Según han defendido las OPA, la "presencia masiva de ganaderos en esa manifestación ha provocado que el consejero haya convocado para hoy una reunión con las organizaciones profesionales agrarias que esperan sirva para plantear soluciones reales a los problemas que sufren los ganaderos de la Región”.

En este sentido, UPA y COAG van a exigir indemnizaciones directas vía patrimonial por los daños que provocan los lobos y han advertido que seguirán insistiendo en no aceptar el seguro, "puesto que consideramos que no es justo que los ganaderos tengan que cargar con los daños que les producen estos animales salvajes en su explotación".

Además van a plantear una vez más el control de la especie y la necesidad de que desaparezcan las manadas de estos animales salvajes en zonas no loberas de la Comunidad Autónoma.

La Alianza por la Unidad del Campo ha expresado su deseo también de que "de una vez por todas la Administración regional haga un planteamiento serio del problema, porque hasta la fecha no ha ofrecido respuestas adecuadas a una problemática que está provocando múltiples y millonarios daños a las cabañas ganaderas extensivas de Castilla y León".

Los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) demandarán además la realización de un "control verdadero" de la población del lobo en Castilla y León tanto al sur como al norte del Duero con objeto de intentar evitar o al menos minorar los ataques de lobos en los rebaños ganaderos.

UCCL ha advertido de la situación vivida por muchos profesionales "que acumulan pérdidas y más pérdidas como consecuencia de los ataques cada vez más extendidos por la geografía de la Región", lo que pone en evidencia, a su juicio, el "fracaso" de la política de seguros que puso en marcha la Administración autonómica.

UCCL ha asegurado que esos seguros "no sólo no alivian la situación que soportan cada vez más ganaderos de esta Comunidad como consecuencia de estas incursiones sino que sólo contribuye a incrementar el papeleo que soportan los profesionales e incrementar los gastos que estos tienen que soportar, en un momento en el que sector está pasando por una profunda crisis de rentabilidad que episodios como estos ataques sólo contribuyen a agravar".

Por este motivo, UCCL ha reiterado la necesidad de que la Junta compense a los ganaderos "de una forma ágil y vía patrimonio" la totalidad de los daños que produzcan esos explotaciones este tipo de ataques, "no sólo los animales que resulten muertos sino también la caída de producción que se experimenta tras ellos, el incremento del número de abortos".

Publicado el 27 de febrero de 2012 a las 10:45.