De caza

La Ley aprobada garantiza el derecho a la caza en régimen de igualdad, la profesionalización del sector y la simplificación de los trámites burocráticos, El objetivo es frenar el retroceso en cantidad y calidad de las especies cinegéticas, y tratar de conciliar la afición popular con la explotación de la caza como negocio.

Así, por ejemplo, ya no habrá que pedir autorización a la Junta de Extremadura para desarrollar una acción cinegética, sino que simplemente habrá que comunicársela, aunque, como condición, el espacio cinegético en cuestión deberá tener recogida esta acción en su plan técnico de caza.

La Ley de Caza de 2010 reduce a dos los tipos de coto de caza que podrán existir: los privados y los sociales locales, dejando fuera de la nueva normativa los cotos deportivos (un coladero para ejercer una actividad económica bajo la apariencia del grupo de amigos aficionados) y los terrenos libres. Estos últimos pasarán a denominarse “terrenos de caza limitada” y estarán reservados para los galgueros, los cetreros y los mayores de 65 años o discapacitados para practicar la perdiz con reclamo.

Así las cosas, los socios de los antiguos cotos deportivos, constituidos por grupos de amigos que arrendaban una finca, deberán integrarse en las sociedades locales de cazadores o los terrenos deberán convertirse en cotos privados, lo que les supondría empezar a pagar fuertes impuestos.

Este último punto es el gran problema que a ojos del PP genera el nuevo texto. Laureano León, vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado popular, criticó que a igualdad de superficie un coto privado paga en Extremadura de cuota anual siete veces más que uno de Córdoba, 12.590 euros frente a 737.

Esta crítica también es compartida por la Asociación de empresas cinegéticas Aprocnex, desde donde señalan que la carga impositiva impide a la veintena de empresarios extremeños que explotan de forma comercial 400 cotos, competir con las empresas de Castilla-La Mancha o Andalucía, que pagan menos impuestos.

La Junta de Extremadura no lo niega, pero alega que existen bonificaciones de hasta el 30 por ciento para los buenos empresarios; si el coto está en un terreno protegido por la Red Natura (ZEPA o LIC) tiene derecho a un 20, y si además el propietario ofrece una caza de calidad y la certifica otro 10 por ciento adicional.

Algunos tipos impositivos no se tocan y otros bajan de manera que al final la carga impositiva “va a ser menor”, asegura Guillermo Crespo, director general del Medio Natural, quien detalló que la Junta recaudó el año pasado 4,8 millones de euros.

La ley introduce dos distintivos: ‘Caza Natural de Extremadura’ para los cotos privados, y ‘Coto Social Preferente’ que la Administración concederá con criterios "muy exigentes", según la Junta, aunque los beneficiarios podrán ser compensados con subvenciones y bonificaciones fiscales.

Respecto a las organizaciones profesionales de caza, se encargarán de la gestión de los cotos y de la organización de las acciones cinegéticas, aunque también podrán tutelar a aquellos cazadores de otras regiones que carecen de licencia en Extremadura.

La nueva ley establece la previsión de que la Junta de Extremadura firme convenios con otras CCAA y Portugal para definir mecanismos de validez de las licencias de un territorio en otro.

Salvo en los impuestos, la nueva Ley de Caza ha contado con un gran nivel de consenso. Rafael Domínguez, presidente de la Federación Extremeña de Caza, está de acuerdo con el cuerpo legal y espera que traiga más abundancia y calidad de piezas.

Publicado el 29 de noviembre de 2010 a las 19:00.