Noticias de Burgos

Ni imaginarme quiero qué hubiera ocurrido si el Gobierno de la Nación no hubiera acudido al rescate de las entidades locales y comunidades autónomas para liquidar las deudas que mantienen con proveedores. El Ayuntamiento de Burgos se ha acogido al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo de Rajoy y ha enviado al Ministerio de Hacienda una relación de facturas pendientes de pago por importe de 23,2 millones, cuando la cantidad impagada que había reconocido supera los 50 millones.

La línea de crédito habilitada por el Ejecutivo asciende a 35.000 millones, de los que unos 18.000 irán destinados a los ayuntamientos y los restantes a las comunidades.

El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, destacaba esta semana en Burgos que muchas entidades locales se encuentran “en una situación agónica” y que la medida aprobada por el Gobierno central va a suponer “inyectar en vena dinero contante y sonante” a los proveedores a los que se les debe dinero, que de otra forma hubiera resultado muy difícil a la vista de la salud financiera que atraviesan los ayuntamientos.

La situación económica actual de las entidades locales ha asfixiado a pequeñas empresas y autónomos, que se han visto obligados a echar la persiana por impagos y retrasos en el cobro de facturas por obras, servicios y suministros. Si actualmente la media en el pago a proveedores se sitúa en unos 180 días, con la nueva medida se estima que el plazo de pagos oscile entre 30 y 60 días, lo cual permitirá la viabilidad de muchas empresas. En cualquier caso, lo que pone de manifiesto la situación a la que se ha llegado es que urge una reforma del sector público -el privado empezó a hacerla hace ya años, coincidiendo con la agudización de la crisis- que adelgace sus estructuras y termine, de una vez por todas, con las duplicidades entre administraciones. Solo así se podrá reducir el gasto público.

Publicado el 16 de marzo de 2012 a las 14:00.

               

Excepto para los convocantes, la opinión generalizada es que la jornada de huelga en el sector público del martes día 8, a la que estaban llamados 24.000 trabajadores, ha resultado un auténtico fracaso, y no es solo una impresión, sino que las cifras hablan por sí solas: en la Administración General del Estado en Burgos, la movilización fue secundada por un 6,46% de los empleados públicos; en la Diputación Provincial, por 14 de los 1.237 empleados con que cuenta esta institución; en la Delegación Territorial de la Junta, por un 3,66% de los efectivos; y en el Ayuntamiento, por un 8,99% de los trabajadores, según los datos facilitados por las distintas administraciones, que difieren notablemente de los proporcionados por los sindicatos convocantes, que elevaban hasta un 70% el seguimiento de la huelga.

Sin embargo, y a pesar de la escasa participación, fueron miles los burgaleses que se vieron afectados en el desarrollo de su actividad diaria, al verse suspendidas todas las líneas de autobuses urbanos. La presencia de un piquete a primera hora de la mañana en las cocheras municipales de la carretera de Poza impidió que no pudieran cumplirse, al no poder garantizarse la seguridad de los recorridos, ni tan siquiera los servicios mínimos establecidos: 17 de las 57 líneas existentes, y miles de usuarios se vieran obligados a buscarse la vida para llegar a sus centros de trabajo o destinos. Como suele ser habitual, los piquetes coactivos hicieron acto de presencia allí donde sabían que más daño podían hacer y, con ello, lograr una mayor repercusión a su protesta.

Sumarse o no a la huelga queda a la entera libertad del trabajador, en este caso de los empleados públicos. La convocatoria de huelga llegaba tarde y mal, pues a nadie se le escapa que las medidas adoptadas por el Gobierno no tienen marcha atrás.

Publicado el 10 de junio de 2010 a las 13:45.