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Excepto para los convocantes, la opinión generalizada es que la jornada de huelga en el sector público del martes día 8, a la que estaban llamados 24.000 trabajadores, ha resultado un auténtico fracaso, y no es solo una impresión, sino que las cifras hablan por sí solas: en la Administración General del Estado en Burgos, la movilización fue secundada por un 6,46% de los empleados públicos; en la Diputación Provincial, por 14 de los 1.237 empleados con que cuenta esta institución; en la Delegación Territorial de la Junta, por un 3,66% de los efectivos; y en el Ayuntamiento, por un 8,99% de los trabajadores, según los datos facilitados por las distintas administraciones, que difieren notablemente de los proporcionados por los sindicatos convocantes, que elevaban hasta un 70% el seguimiento de la huelga.
Sin embargo, y a pesar de la escasa participación, fueron miles los burgaleses que se vieron afectados en el desarrollo de su actividad diaria, al verse suspendidas todas las líneas de autobuses urbanos. La presencia de un piquete a primera hora de la mañana en las cocheras municipales de la carretera de Poza impidió que no pudieran cumplirse, al no poder garantizarse la seguridad de los recorridos, ni tan siquiera los servicios mínimos establecidos: 17 de las 57 líneas existentes, y miles de usuarios se vieran obligados a buscarse la vida para llegar a sus centros de trabajo o destinos. Como suele ser habitual, los piquetes coactivos hicieron acto de presencia allí donde sabían que más daño podían hacer y, con ello, lograr una mayor repercusión a su protesta.
Sumarse o no a la huelga queda a la entera libertad del trabajador, en este caso de los empleados públicos. La convocatoria de huelga llegaba tarde y mal, pues a nadie se le escapa que las medidas adoptadas por el Gobierno no tienen marcha atrás.
Publicado el 10 de junio de 2010 a las 13:45.