Noticias de Burgos

Sin entrar en la letra pequeña, que es mucha, el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, tiene por finalidad evitar duplicidades entre las administraciones públicas y ahorrar costes a los ciudadanos. Más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015, según dijo el ministro Montoro.

Visto así, vale. Ahora bien, que haya suscitado tantas críticas, y no solo de los grupos políticos de la oposición, sino también de colectivos y organizaciones de ámbitos muy diversos, hace pensar que, como dice el refrán, ‘no todo el monte es orégano’.

Cierto es que es necesaria una reforma de la administración local, pero cierto es también que ésta no debe hacerse a cualquier precio. En más de una ocasión me he referido desde esta tribuna a la necesidad de adelgazar la estructura del Estado, de eliminar duplicidades entre administraciones, pero mucho me temo que más de uno de sus objetivos no va a ir más allá de una declaración de intenciones.
Habla la norma de “competencias impropias” de los ayuntamientos y de que por primera vez se definen con esta nueva ley tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, si consideramos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que, en teoría, resultan más accesibles en cuanto a prestación de servicios, en particular los pertenecientes al ámbito social, la reforma que se avecina deberá considerar como objetivo final de la misma, y más allá del pretendido ahorro y control del gasto, que los ciudadanos mantengan el nivel y calidad de esos servicios que reciben.

Publicado el 1 de agosto de 2013 a las 21:00.

               

9 de septiembre de 2010; 29 de marzo de 2012; y 14 de noviembre de 2012... Jornadas de huelga general -las más recientes en la memoria colectiva- en las que se intenta visibilizar por parte de los convocantes el mayor o menor respaldo social a sus argumentos, que en el caso de la movilización del pasado miércoles reúnen el denominador común de las políticas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy que, según los sindicatos mayoritarios organizadores de la protesta, “no contribuyen a salir de la crisis”.

El 14N ha dejado claro que el pueblo está enfadado; las manifestaciones, más allá de la guerra de cifras entre sindicatos y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en relación con las cifras de participación, han sido multitudinarias, también en Burgos. Los tiempos de bonanza quedan lejos, y ahora toca ajustarse el cinturón, pero no hasta el último agujero, porque entonces ya no habrá nada de ajustar. El Gobierno está llevando a cabo reformas, ajustes y recortes que nos afectan a todos y que a nadie gustan, pero sigue sin coger el toro por los cuernos en lo que, por ejemplo, a la gran reforma de la estructura del Estado se refiere. Autonomías, diputaciones, fundaciones, empresas públicas, sociedades y otros organismos dependientes o surgidos al amparo de las administraciones en los años de vacas gordas continúan lastrando las cuentas públicas y deberían ser objeto de un profundo análisis para definir su papel -o su desaparición- en el nuevo escenario surgido por la crisis. Políticos, sindicatos y organizaciones patronales no atraviesan por sus mejores momentos.

El pueblo, al que antes me refería, es sabio y es consciente de que los esfuerzos que se le están pidiendo tienen un límite, máxime cuando observa que el peso de los mismos se inclina más hacia un lado. Persisten intactos todavía ciertos privilegios que, con la que está cayendo, no tienen justificación alguna, pero a los que, sin embargo, nadie pone fin.

Publicado el 16 de noviembre de 2012 a las 12:45.

               

Distintas caras, pero idéntico mensaje. Si a principios de mes, eran los parlamentarios nacionales, diputados y senadores, los que valoraban los Presupuestos Generales del Estado para 2013, esta semana hacían lo propio los procuradores regionales en relación con las cuentas autonómicas y su impacto en la provincia de Burgos.

De los Presupuestos Generales, los representantes del PP por Burgos en el Parlamento nacional nos dijeron que eran “austeros y con un compromiso social claro, ajustados al entorno de dificultad en el que nos encontramos, excepcionales para un momento económico excepcional”. El mismo mensaje que repetían dos semanas después los procuradores populares, citando palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera:  “Son  unos presupuestos austeros, sostenibles, posibles,   realistas y sobre todo sociales”.Desde la oposición, los socialistas consideran que las cuentas presentadas por los gobiernos central y autonómico para el próximo año en nada van a contribuir a salir de la crisis y a crear empleo. “Recortes y más recortes, se cargan el Estado de Bienestar y se ceban con los más débiles”, afirman desde el PSOE.

Al margen de esta guerra diálectica a la que tan acostumbrados nos tienen los políticos y que tan poco interesa al ciudadano de a pie, que bastante tiene con cuadrar su economía doméstica para poder llegar a fin de mes, lo cierto es que a la vista de ambos Presupuestos -veremos lo que nos deparan las cuentas locales-, 2013 se presenta negro, muy negro. Las inversiones se reducen a la mínima expresión, determinados proyectos pasan a mejor vida o caen en el olvido, prestaciones sociales que se recortan, servicios y programas que hasta ahora eran gratuitos pasan a ser de pago... Esta es la cruda realidad.

Publicado el 22 de octubre de 2012 a las 18:45.