Archivado en: 'céntimo sanitario', Europa, Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Castilla y León, impuesto, carburantes
Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictamina que el denominado ‘céntimo sanitario’ -impuesto sobre los carburantes que aplicaban distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria, a la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta autonomía nos hubiera gustado que el Gobierno regional hubiera anunciado su supresión. Así lo ha hecho la Administración extremeña, que el mismo día en que se conoció dicha sentencia, el jueves 27, avanzó que lo eliminará “de manera progresiva”.
Pero no, en Castilla y León, el Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera, a través de su portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, se ha limitado a decir que la Comunidad es “posiblemente la menos afectada” de España por la sentencia del TJUE porque “sólo se aplicó durante diez meses”. ¡Menudo consuelo!
Este impuesto sobre la venta de hidrocarburos conocido como ‘céntimo sanitario’, supone en Castilla y León un gravamen de 4,8 céntimos por litro de combustible y desde su entrada en vigor el 1 de marzo de 2012 ha generado fuertes críticas y un rechazo generalizado por parte de organizaciones empresariales, empresas de transporte y consumidores, en general, que no han dudado en repostar en comunidades limítrofes en las que no se ha implantado, para conseguir un poco más barato el combustible.
Si de verdad los gobernantes de esta Comunidad piensan en los ciudadanos, tienen ante sí una nueva oportunidad para demostrarlo, dejando en un segundo plano su afán recaudatorio. Supriman la recaudación de este impuesto, que tanto daño ha hecho al sector de la venta de combustible y del transporte por carretera.
Los ingresos que este impuesto ha generado a las arcas públicas desde que comenzó a aplicarse en 2002, y que en enero de 2013 se modificó para cumplir con la legislación comunitaria, se cifran en 13.000 millones, que el Estado tendrá que devolver. ¿Cómo nos compensará por el cobro indebido?
Publicado el 27 de febrero de 2014 a las 23:00.
