Noticias de Burgos

Sin entrar en la letra pequeña, que es mucha, el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, tiene por finalidad evitar duplicidades entre las administraciones públicas y ahorrar costes a los ciudadanos. Más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015, según dijo el ministro Montoro.

Visto así, vale. Ahora bien, que haya suscitado tantas críticas, y no solo de los grupos políticos de la oposición, sino también de colectivos y organizaciones de ámbitos muy diversos, hace pensar que, como dice el refrán, ‘no todo el monte es orégano’.

Cierto es que es necesaria una reforma de la administración local, pero cierto es también que ésta no debe hacerse a cualquier precio. En más de una ocasión me he referido desde esta tribuna a la necesidad de adelgazar la estructura del Estado, de eliminar duplicidades entre administraciones, pero mucho me temo que más de uno de sus objetivos no va a ir más allá de una declaración de intenciones.
Habla la norma de “competencias impropias” de los ayuntamientos y de que por primera vez se definen con esta nueva ley tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Ahora bien, si consideramos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que, en teoría, resultan más accesibles en cuanto a prestación de servicios, en particular los pertenecientes al ámbito social, la reforma que se avecina deberá considerar como objetivo final de la misma, y más allá del pretendido ahorro y control del gasto, que los ciudadanos mantengan el nivel y calidad de esos servicios que reciben.

Publicado el 1 de agosto de 2013 a las 21:00.

               

Ni imaginarme quiero qué hubiera ocurrido si el Gobierno de la Nación no hubiera acudido al rescate de las entidades locales y comunidades autónomas para liquidar las deudas que mantienen con proveedores. El Ayuntamiento de Burgos se ha acogido al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ejecutivo de Rajoy y ha enviado al Ministerio de Hacienda una relación de facturas pendientes de pago por importe de 23,2 millones, cuando la cantidad impagada que había reconocido supera los 50 millones.

La línea de crédito habilitada por el Ejecutivo asciende a 35.000 millones, de los que unos 18.000 irán destinados a los ayuntamientos y los restantes a las comunidades.

El presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Miguel Ángel García Nieto, destacaba esta semana en Burgos que muchas entidades locales se encuentran “en una situación agónica” y que la medida aprobada por el Gobierno central va a suponer “inyectar en vena dinero contante y sonante” a los proveedores a los que se les debe dinero, que de otra forma hubiera resultado muy difícil a la vista de la salud financiera que atraviesan los ayuntamientos.

La situación económica actual de las entidades locales ha asfixiado a pequeñas empresas y autónomos, que se han visto obligados a echar la persiana por impagos y retrasos en el cobro de facturas por obras, servicios y suministros. Si actualmente la media en el pago a proveedores se sitúa en unos 180 días, con la nueva medida se estima que el plazo de pagos oscile entre 30 y 60 días, lo cual permitirá la viabilidad de muchas empresas. En cualquier caso, lo que pone de manifiesto la situación a la que se ha llegado es que urge una reforma del sector público -el privado empezó a hacerla hace ya años, coincidiendo con la agudización de la crisis- que adelgace sus estructuras y termine, de una vez por todas, con las duplicidades entre administraciones. Solo así se podrá reducir el gasto público.

Publicado el 16 de marzo de 2012 a las 14:00.

               

Cómo se nota que se aproxima una nueva cita electoral. El 20-N está a la vuelta de la esquina y los políticos intensifican sus agendas, se ajustan el casco a la cabeza y se van de excursión a visitar el estado de las obras que son competencia de la administración a la que representan. Pero no se van solos, claro está, convocan a la prensa para anunciar  ‘in situ’ lo bien que van y, aún a riesgo de equivocarse, vaticinar una determinada fecha sobre la finalización de las mismas, que en muchos casos -no hay más que revisar la hemeroteca- no se cumple. Lástima que pasen de puntillas por los retrasos acumulados.

Como las elecciones son Generales, la Administración Central anda estos días afanada en exponer sus proyectos en un intento por demostrar sus compromisos con quienes dentro de unas semanas están llamados a las urnas.

La ‘fiebre’ por el casco, de la que en Burgos tenemos más de un ejemplo, ha llegado hasta la Subdelegación del Gobierno, donde su titular, Berta Tricio, se afana en dar cuenta del grado de ejecución de los proyectos impulsados por el Gobierno central. La biblioteca pública de la calle San Juan; la futura autovía A-73; la vía verde que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino está llevando a cabo sobre la plataforma del antiguo ferrocarril Santander-Mediterráneo; las obras de rehabilitación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil dañada en el atentado de julio de 2009; las obras de la Comisaría de Miranda de Ebro; las obras de plataforma del subtramo Villazopeque-Estépar de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Venta de Baños-Burgos-Vitoria... son algunos de las actuaciones en curso a las que se quiere dar brillo de cara al 20-N. A veces pienso que todos los años debería haber elecciones...

Publicado el 23 de septiembre de 2011 a las 13:45.