La reforma debe preservar los servicios al ciudadano
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Sin entrar en la letra pequeña, que es mucha, el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, tiene por finalidad evitar duplicidades entre las administraciones públicas y ahorrar costes a los ciudadanos. Más de 8.000 millones de euros entre los años 2013 y 2015, según dijo el ministro Montoro.
Visto así, vale. Ahora bien, que haya suscitado tantas críticas, y no solo de los grupos políticos de la oposición, sino también de colectivos y organizaciones de ámbitos muy diversos, hace pensar que, como dice el refrán, ‘no todo el monte es orégano’.
Cierto es que es necesaria una reforma de la administración local, pero cierto es también que ésta no debe hacerse a cualquier precio. En más de una ocasión me he referido desde esta tribuna a la necesidad de adelgazar la estructura del Estado, de eliminar duplicidades entre administraciones, pero mucho me temo que más de uno de sus objetivos no va a ir más allá de una declaración de intenciones.
Habla la norma de “competencias impropias” de los ayuntamientos y de que por primera vez se definen con esta nueva ley tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Ahora bien, si consideramos que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a los ciudadanos, las que, en teoría, resultan más accesibles en cuanto a prestación de servicios, en particular los pertenecientes al ámbito social, la reforma que se avecina deberá considerar como objetivo final de la misma, y más allá del pretendido ahorro y control del gasto, que los ciudadanos mantengan el nivel y calidad de esos servicios que reciben.
Publicado el 1 de agosto de 2013 a las 21:00.
